Levín y la colaboración civil en delitos de lesa humanidad 

Otro intento para avanzar en la causa II de La Veloz del Norte 

La Fiscalía y querellantes vienen insistiendo en que se indague a policías y civiles implicados en la detención ilegal y torturas a 17 personas durante la última dictadura. 
Marcos Levín Marcos Levín Marcos Levín Marcos Levín Marcos Levín 
Marcos Levín  

La Fiscalía federal y la querella pretenden que se fije fecha para indagar al empresario Marcos Jacobo Levín y a otras siete personas por delitos de lesa humanidad cometidos entre diciembre de 1976 y enero de 1977 en perjuicio de empleados de la transportista La Veloz del Norte. La acusación sostiene que el empresario y los policías llevaron a cabo un plan criminal para eliminar la actividad sindical en la firma comercial. Esta es la conocida como "Causa Levín residual", ya que el empresario ya fue condenado por su participación en el terrorismo de Estado. 

La Fiscalía encabezada por Carlos Amad viene insistiendo con la indagatoria, luego de que la causa fuera devuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2018 determinó que la Justicia Federal de Salta debe continuar la investigación de estos hechos. Levín y los jefes policiales Víctor Hugo Almirón, Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo fueron condenados en marzo de 2016 por la detención ilegal y las torturas a Víctor Cobos, que también era empleado de La Veloz del Norte y había sido elegido delegado gremial

Ahora la Fiscalía requiere que se los indague en relación a las otras víctimas, otros 16 trabajadores de La Veloz: Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh. La solicitud de indagatoria es también por la detención iregular de Carlos Eugenio Bais, que era chofer en La Veloz y también fue apresado en enero de 1977. 

Estos trabajadores fueron detenidos en el mismo operativo en el que fue encarcelado y torturado Víctor Cobos. A todos los interrogaron sobre su actividad sindical. Sin embargo, en su momento el juez federal 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, consideró que solo la detención de Cobos constituía delito de lesa humanidad. Por eso el trámite terminó separado, por un lado avanzó la causa referida al ex delegado gremial y por el otro, lo referido a los otros trabajadores llegó al máximo tribunal de la Nación, que ordenó la continuidad de la investigación.

A pesar de esta decisión, la causa sigue demorada. "No hay motivo formal para que el Juzgado no indague a Levín, simplemente hay una mora por parte del Juzgado, de Bavio, lleva más de un año sin que Levín sea indagado y no hay razón", sostuvo la abogada María José Castillo, de la querella de la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que participa como querellante en este proceso y que también pedirá la indagatoria, adhiriendo al requerimiento fiscal.   

Ante la consulta de Salta/12, en el Juzgado de Bavio se explicó que primero la causa estuvo demorada por la falta de requerimiento de la Fiscalía, y que luego la solicitud de indagatoria se hizo sin la debida prueba, por lo que fue devuelta. Se añadió que en breve se fijará fecha para las indagatorias. 

Los encontronazos entre la Fiscalía y el Juzgado respecto de esta causa vienen desde hace tiempo. Tras el primer pedido de indagatoria, la Fiscalía presentó en septiembre del año pasado un pronto despacho, y en octubre reiteró el pedido, luego de que el Juzgado contestara el pronto despacho afirmando que no se había valorado la prueba. La fiscalía respondió que la prueba ya estaba producida porque ya se hizo un juicio y ahora simplemente se están agregando los hechos por los que no pudieron ir a juicio por una cuestión de imcompetencia. 

La lista del jefe de personal 

Además, la fiscalía pidió la indagatoria de José Antonio Grueso, que en 1976 y 1977 era jefe de personal de La Veloz y ha sido señalado como quien confeccionó la lista de quienes fueron luego detenidos y torturados, a instancias de Levín, quien los denunció por un supuesto fraude a la empresa que por entonces le pertenecía con el propósito de silenciar los reclamos gremiales. 

En este caso el pedido de indagatoria es en relación a los 17 ex trajabadores, porque si bien en su momento Grueso fue indagado por los hechos en perjuicio de Cobos, obtuvo un sobreseimiento que luego fue revocado. Castillo destacó la acusación contra el ejecutivo, por entender que cumplió un rol fundamental para posibilitar la persecución contra los empleados de la transportista. 

Señaló en este sentido que "los jefes de personal han tenido un rol preponderante” en la aplicación del terrorismo de Estado en las empresas, dado que en general fueron quienes confeccionaron las listas, porque eran quienes conocían a los trabajadores.

En el juicio contra Levín y los jefes policiales, hubo testimonios de la función que cumplió Grueso en la persecución que sufrieron los empleados de La Veloz del Norte. Emilio Borquez lo identificó como el que decía “éste va”, para hacerlos picanear. Por otro lado, Vrh dijo que el comisario Bocos armó "el circo para meterlos en cana” y que las pautas para eso las daban Levín y Grueso

En la solicitud de indagatoria la Fiscalía pidió tener en cuenta "la especial imbricación que existía entre la estructura empresarial y las estructuras represivas legales e ilegales, todo lo cual quedó acabadamente acreditado en el debate" ya realizado, donde se demostró que Bocos era incluso empleado de La Veloz y que Levín había puesto un automóvil Ford Falcon a disposición de la Policía.

"Levín tenía a su disposición la estructura de una empresa importante en el medio salteño y como correlato de ello disponía del poder social diferencial que dicha posición le confería. Esto sin duda incrementaba notablemente su poder de determinación más allá de la relación laboral mantenía con Bocos", sostuvo la Fiscalía. 

Además, la Fiscalía solicitó la indagatoria de los policías Carlos Alfredo Pastrana, Joaquín Solano y René Montaño, quienes prestaban servicios en la Comisaría Cuarta de esta ciudad y dieron fe (en calidad de testigos) de las "confeciones" de los detenidos. En la Cuarta, ubicada frente al Club Juventud Antoniana, funcionó un centro clandestino de detención y torturas

Un detenido por otro 

En la solicitud de indagatoria se destaca el particular caso de Carlos Eugenio Bais, que era chofer en La Veloz del Norte y también fue detenido en enero de 1977. Su testimonio corroboró los dichos de otras víctimas. De regreso de un viaje a Tucumán, lo esperaba un policía y fue llevado a la Comisaría Cuarta en el Ford Falcon negro que la firma había puesto a disposición de la Policía para las tareas represivas. 

En la Cuarta, Bais fue alojado en una habitación cerca de la entrada. Un policía le recomendó que fuera pensando qué iba a decir porque más tarde iba a ser indagado, lo que finalmente no ocurrió porque antes se presentó su madre con el abogado Víctor Estrada, acompañados de Eduardo Levín. El testigo contó que "su madre y el abogado se le acercaron y le dijeron que ya habían arreglado todo y que saldría en libertad". 

La detención de Bais no quedó asentada. En los registros de la firma se lo menciona como el chofer "Carlos Báez" junto al guarda Justiniano como supuestos intervinientes en el fraude a la firma, pero en el sumario policial solo se hizo constar la detención de Justiniano. "Sin embargo, sabemos que Bais también estuvo detenido, y esto lo sabemos ahora no solo por su propio testimonio, sino también por el testimonio de Aponte, que dijo que lo vio esposado y llorando contra la pared en una oficina de la Comisaría Cuarta", señaló la Fiscalía, la que añadió que, "la cuestión es que, de acuerdo con el expediente, Bais aparece declarando como testigo, varios días después de la detención de Justiniano".

Según el sumario policial, Bais dio su testimonio el 27 de enero de 1977. Los policías Carlos Pastrana y Enrique Cardozo figuran como testigos de esta declaración. "Dichas circunstancias, sumadas a la presencia de uno de los dueños de la empresa La Veloz del Norte en el momento de la liberación, permiten corroborar una vez más la influencia que ejercían las autoridades de la empresa sobre el personal policial", entendió la Fiscalía.

Bais también ratificó los dichos de otros trabajadores respecto de las prácticas represivas en la Cuarta: dijo que cuando se disponían a torturar los policías encendían una moto "para que no se escucharan los gritos de sus compañeros, a quienes maltrataban durante los interrogatorios”. Y añadió que tras estas detenciones, en La Veloz “imperaba el miedo”, lo que para la Fiscalía "pone de manifiesto el efecto de disciplinamiento social que procuraba (la) persecución y represión de los trabajadores, en un todo compatible con los objetivos del plan sistemático de represión ilegal imperante en la época".

La Fiscalía también amplió la imputación a Almirón, Bocos, Cardozo, Levín y Grueso por la detención ilegal de Bais. 

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