"Sin tierra para el productor no puede haber lucha contra el hambre." El coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, lo dice con la claridad de las decenas de "verdurazos" que visibilizaron la ausencia de políticas públicas para la agricultura familiar durante el macrismo; con la contundencia de las 14 mil familias productoras que representan en todo el país un camino hacia la agroecología y con la certeza de los almacenes y colonias agrícolas, que ya demuestran que ese camino es posible. Lo que resta para la UTT es el avance de la Ley de Acceso a la Tierra, que volverán a presentar en marzo, tras cuatro años de impulsarla sin suerte en el Parlamento y con la esperanza de poder hacerla realidad con el inicio del primer año legislativo tras el cambio de Gobierno.

La propuesta de la UTT tiene dos ejes centrales: la creación de una línea de créditos blandos accesibles a los productores de la agricultura familiar, algo así como un "Procrear agropecuario", y el acesso a tierras fiscales para la creación de colonias agroecológicas, una experiencia colectiva que la organización de la agricultura familiar ya hizo realidad en seis localidades a lo largo del país, produciendo verduras agroecológicas y potenciando otras lógicas de comercialización.  

El reclamo del acceso a la tierra tiene raíces históricas desde "El grito de Alcorta", que aún se palpan en la realidad de los productores de los cordones hortícolas en las periferias de las grandes ciudades y en las tierras campesinas de todo el país, desde la UTT sintetizan: "Cientos de miles de pequeños productores, en tierra ajena, con el 13% de la superficie cultivable argentina, producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país". 

Las cifras que desde la UTT denunciaron en los últimos años se reflejaron de manera tajante en el último  Censo Nacional Agropecuario (CNA) :  el 54,6 % de los productores del país trabajan en extensiones de hasta 100 hectáreas y representan, en total, solo el 2,5 % de la tierra explotada. El modelo extensivo con la aplicación del paquete agroquímico en manos de pocos propietarios es la regla.   

"Comer en la Argentina es caro porque tenemos un modelo de producción dolarizado en tarifas, insumos, combustible y renta de la tierra. Todo está dolarizado menos nuestros salarios.  Para garantizar que haya alimentos de buena calidad y a precios bajos, el acceso a la tierra es lo primero; sumado al fomento de la agroecología y los mercados de cercanía.  Si se combate el hambre solo con tarjetas alimentarias, el esquema de producción se mantiene y la renta queda en las mismas manos", describe Levaggi a PáginaI12.   

La opción por la agricultura familiar no hizo mella en la gestión de Juntos por el Cambio, que puso al frente a la cartera de Agroindustria, al ex presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, y liquidó todas las líneas de trabajo, de diálogo y beneficios para la agricultura familiar. El contexto parece ser otro con el gobierno del Frente de Todos.

En los primeros meses de gestión, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de Ambiente, Juan Cabandié, han visitado los almacenes de la UTT, que buscan ir del productor al consumidor, las colonias y quintas de la organización.  "Un modelo de producción que cuida nuestros recursos naturales y que sin dudas es un ejemplo a replicar", describió la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, cuando visitó quintas de la organización en la zona de La Plata. 

"Esperamos que estas señales se traduzcan en políticas activas", se esperanzan desde la UTT y contraponen la realidad heredada con su reclamo de créditos y producción en tierras ociosas: "La Sociedad Rural tiene cientos de hectáreas del Estado y el Banco Nación la da créditos multimillonarios a Vicentín ". 

Procrear agropecuario

La propuesta de crear una línea de créditos blandos para los pequeños productores a través de un fondo fiduciario creado por el Estado es el reclamo original de la Ley de Acceso a la Tierra. El objetivo es simple, transformarse en dueños de la tierra que cultivan pagando cuotas similares a la que mes a mes dejan en manos de los arrendatarios. 

Zulma Molloja es una de las referentas de la UTT y productora del cordón hortícola de La Plata. Allí arrendar la tierra para producir cuesta entre 9 mil a 18 mil pesos mensuales y la factura de luz asciende a los 20 a 35 mil pesos mensuales. Si se paga fuera de fecha, se cobra interés. Los contratos son de dos o tres años sin renovación. 

"Nos duele seguir alquilando la tierra, pagar las semillas y los insumos dolarizados. Por eso dejamos de lado el paquete de agroquímicos y estamos yendo hacia la agroecología", explica Zulma. La UTT ya cuenta con 120 hectáreas agroecológicas que son las que abastecen los almacenes de la organización, pero para que ese transición sea completa, la propiedad de la tierra es clave. 

"Hay compañeros que no pueden esperar un mes para levantar la cosecha porque deben pagar el alquiler, entonces continúan utilizando químicos para apurar la cosecha. Encima,  los camiones llegan, cargan 100 cajones de verdura con promesa de pago y después te dicen 'no se vendió nada'", explica Zulma a PáginaI12. Esos camiones con dirección al Mercado Central son parte de la distorsión de la cadena de comercialización que la organización busca combatir: a ellos les pagan entre un 20 y un 30 por ciento del costo final.  

"Queremos créditos blandos y pagar las tierras, tener nuestra propia tierra donda tener nuestra vivienda digna y producir", resume Zulma las únicas pretenciones de los productores. La "vivienda digna" no es un reclamo menor: a principios de febrero, 13 familias que arriendan sus chacras en la localidad de Poblet, en el Gran La Plata, perdieron todo con el incendio de sus viviendas. 

"Estamos forzados a hacer casillas de madera, porque cuando se termina el contrato de alquiler, hay que desarmar madera por madera e ir a un nuevo terreno pelado y empezar de cero. Es un sufrimiento para nosotros, para los pequeños productores que alimentamos al pueblo, que llevamos el tomate, el morrón a cada mesa", lamenta Zulma e insiste: "Tiene que haber políticas públicas para el sector". 

Colonias agroecológicas

Ante los nuevos vientos políticos, la Ley de Acceso a la Tierra, en su versión 2020, incorporará la línea de "colonias agroecológicas". El modelo es trabajado por la UTT desde 2015, cuando fundaron la colonia "20 de abril" en la localidad de Jaureguí, partido bonaerense de Luján, que visitó en enero el ministro Cabandié. Desde entonces, otros colonias se instalaron en Mercedes (Buenos Aires), Gualeguaychú (Entre Ríos) y Piray (Misiones). 

"Una política de colonias agroecológicas a partir de la cientos de miles de hectáres fiscales ociosas significaría poner a producir esas tierras para la necesidad del pueblo", destaca Levaggi e indica que deberían ser instaladas en los cordones de las grandes ciudadades para generar nuevos puntos de abastecimiento regionales. 

"En todas las ciudades hay tierras ociosas del Estado en las que se pueden instalar colonias agroecológicas, cordones agropecuarios", insiste el coordinador nacional de la UTT. La política impulsada por la UTT también cuenta con una contraparte en los numerosos fallos judicilales que están ordenando a los gobiernos municipales y provinciales a generar cordones agroecológicos para proteger la salud de la población de la fumigación con agrotóxicos.  

La UTT sostiene que cada hectárea de cultivo en una colonia agroecológica asegura verduras y frutas para 125 familias y que dos hectáreas por familia "son suficientes para desarrollar la agroecología al servicio de un sistema de abastacimiento urbano de alimentos basado en la eficiencia energética, acortar distancias y fortalecer el mercado local".