En consonancia con el "fin del oscurantismo" que plantea el presidente Alberto Fernández para la actuación de los organismos de inteligencia, firmó un decreto que le otorga carácter público a toda la documentación relativa a las investigaciones sobre el atentado a la AMIA, tal como venían reclamando las agrupaciones que representan a familiares de las víctimas. La medida comprende a los expedientes que ya tienen sentencia judicial, es decir, no a la causa abierta a partir de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman que todavía se encuentra en proceso. 

Mucha de la documentación que se encuentra a resguardo de la AFI había sido desclasificada con decretos firmados en 2015 y 2017. Pero sólo tenían acceso a ella las partes interesadas, además de que muchas veces se encontraban con obstáculos para acceder a su contenido. "El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales", argumenta el decreto publicado en el Boletín Oficial. 

En virtud de ello, plantea la necesidad de desclasificar el total del material para evitar dudas de interpretación respecto a otras normas y decretos modificatorios. Incluso, sostiene que mantener la documentación con carácter de no público marcha en contra del objetivo de la búsqueda de la verdad en el caso AMIA. Por eso, invita a la Corte Suprema,a las provincias y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a adoptar normas similares. 

En definitiva, decreta darle carácter público "a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial".

Eso sí, advierte que se deberán tomar los recaudos para que se mantenga la reserva de identidad de los agentes de inteligencia que hayan brindado testimonio durante los procesos -las causas que abarca son la que se refiere al atentado propiamente dicho y a la que investigó su encubrimiento-, lo mismo que a los espías extranjeros que actuaron en las pesquisas. 

Por último, anuncia la creación de una mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete conformada por representantes de los ministerios de Justicia, de Seguridad, de Relaciones Exteriores, de la AFI, del Ministerio Público Fiscal y de los organismos de familiares de las víctimas y de querellantes a fin de "procurar transparencia y eficacia en la recolleción, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos".