La histórica Plaza de Mayo fue testigo, en los últimos meses, de las protestas de fruticultores, horticultores y yerbateros. En campaña electoral, Mauricio Macri prometió la revitalización de las economías regionales. El entonces candidato de la Alianza Cambiemos sostuvo que se generarían “dos millones de puestos de trabajo”. A quince meses de su gobierno, los productores misioneros contestaron con un “yerbatazo”. La diputada del Frente para la Victoria (María Britez) visibilizó el reclamo, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, entregando un paquete de yerba al mandatario argentino. La reacción presidencial engrosará el anecdotario legislativo: “¿Qué trajo la desubicada ésta?”, le preguntó a Emilio Monzó. Mientras tanto, los productores misioneros repartían treinta mil paquetes de yerba a metros de la Casa Rosada.
Los investigadores del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostienen que “la quita de las retenciones y la devaluación no provocaron un despegue de las exportaciones del complejo yerbatero. Si bien el principal destino de la producción es el mercado interno, la sensible caída de las exportaciones tuvo impacto sobre el complejo yerbatero. Esta caída fue de 10 millones de kilogramos, una retracción del 27 por ciento que significó la retracción de la participación de las exportaciones sobre el total de lo producido del orden de 3 puntos porcentuales, pasando de representar el 12 por ciento en los últimos tres años al 9 por ciento en 2016”.
La producción yerbatera tiene una extensa historia que se remonta a las prácticas desarrolladas por los pueblos prehispánicos y sacerdotes jesuitas. A comienzos del siglo XX, el Gobierno argentino impulsó las plantaciones de yerba mate en territorio misionero por razones geopolíticas (para poblar la frontera).
El resultado fue el crecimiento exponencial de la producción local. El investigador Javier Gortari precisa en El Instituto Nacional de la Yerba Mate como dispositivo político de economía social que “la producción nacional pasó de un millón de kilos en 1914, a nueve millones en 1924, alcanzó los 38 millones en 1930, hasta superar los 100 millones en 1937”.
La aparición de variados mecanismos de control estatal, surgidos en la década del treinta, incluyó la creación de una Comisión Reguladora para esa actividad.
La regulación estatal (cupos de producción, precios sostén) llegó a su fin con el menemismo. El decreto 2284/91 consagró la desregulación de la actividad. Antes de eso, el sector productivo (incluidos costos de cosecha y flete) se quedaba con el 30 por ciento del precio de góndola. La participación se redujo al 9 por ciento en los noventa. Los menores costos no se tradujeron en un precio más bajo para el consumidor. La diferencia engrosó los márgenes de rentabilidad del resto de la cadena (molinos yerbateros e hipermercados).
La creación en 2002 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) supuso una mayor regulación estatal. Sin perjuicio de eso, los conflictos continuaron (con mayor o menor intensidad) por la fuerte asimetría del mercado (12 grandes molinos versus 18.000 productores minifundistas).
La situación empeoró el año pasado. El Ministerio de Agroindustria fijó un valor de referencia de la materia prima por debajo de los costos de pequeños productores y taraferos. A su vez, éstos denuncian que ni siquiera ese precio es respetado por los molinos debido a la falta de fiscalización del INYM.
@diegorubinzal
