La respuesta de la Mesa de Enlace al nuevo esquema de retenciones a las exportaciones agrícolas puso en escena hasta dónde están dispuestos a defender el modelo económico que sostienen. Las cuatro entidades agropecuarias de cúpula, conducidas por Confederaciones Rurales (CRA), anunciaron la medida de fuerza que ya estaba decidida semanas antes, cuando aún no se sabía qué posición iba a tener el gobierno frente al reclamo de segmentación y el tratamiento a los cultivos regionales. Estaba claro que las autoridades nacionales iban por una suba de tres puntos en la alícuota general de retenciones a la soja (del 30 al 33%), pero especulaban con que la "avidez fiscal" le impediría cumplir su compromiso con pequeños productores y con las economías regionales. Se equivocaban: las normas de la resolución tendrá un resultado fiscal "neutro", porque distribuirá en compensaciones a pymes sojeras y productores regionales lo que aporten como mayor contribución los productores más fuertes de la oleaginosa. Pese a ello, 48 horas después del anuncio del ministro Luis Basterra se anunció el cese de comercialización por cuatro días. CRA sabe a qué juega cuando se enfrenta al gobierno y Sociedad Rural la acompaña. La dirigencia de Coninagro y Federación Agraria, en cambio, según sostienen muchos de sus afiliados, "no saben ni dónde están parados", y ya empezó a pagar por ello. Para el gobierno, es la primera escaramuza de una larga batalla: controlar los resortes principales de la economía nacional frente a poderosas corporaciones económicas que no están dispuestas a soltar el timón.
"El gobierno quiere recaudar hasta 500 millones de dólares con el aumento de tres puntos en las retenciones, pero en la práctica no se llevarán más de 200 millones si realmente se aplicara una segmentación", especulaban las entidades agropecuarias en la última semana de febrero y así lo reflejaba el diario La Nación en su edición del sábado 29. Para entonces, la Mesa de Enlace ya había tenido un primer encuentro con el ministro de Agricultura, el jueves 27, un día después que el gobierno dispusiera el cierre de registros de exportación (miércoles 26). La dirigencia agropecuaria le expresó a Basterra su rechazo a la suba de retenciones, le cuestionó "una política para el agro puramente fiscal" y le recordó el compromiso de rebajas a productos regionales asumido en la ley de emergencia económica de esta misma administración.
El último martes se conoció la respuesta: rebaja de retenciones a granos (girasol, arroz), carnes (porcina, ovina, embutidos), harina de maíz y de trigo, lana ovina, maíz envasado, productos regionales (arvejas, porotos, garbanzos, maní, lentejas) y pescado. Compensaciones a pequeños y medianos productores de soja (hasta mil toneladas en la última campaña) que reducen las retenciones de 3 a 12 puntos sobre una alícuota general del 33% (sólo aplicable a los que producen más de 1000 toneladas anuales: menos de 15 mil productores sobre un total de 57.300). Y un punto más: no hay objetivos fiscales en la medida, ya que los 350 millones de dólares que se recaudan de más por la suba de retenciones (no llegan a 500 millones, porque los otros 150 millones corresponden a la soja que se declaró anticipadamente y "zafó" del aumento), se redistribuyen en 190 millones para compensaciones a medianos y chicos, y 160 millones por rebajas a las retenciones de cultivos regionales. La Mesa de Enlace se quedaba sin argumentos para sostener la medida de fuerza. Sin embargo, la mantuvo.
Pero debió cambiar de argumentos. Las mismas compensaciones que antes reclamaban Federación Agraria y Coninagro, ahora eran invalidadas como política por CRA, que empezó a advertir que "nunca se van a pagar" o "llegan tarde y mal". En nombre de todo el campo, dirigentes de estas entidades, así como de los llamados Autoconvocados (referentes rurales muy cercanos a la Coalición Cívica de Elisa Carrió), le aribuyeron al gobierno "poca credibilidad" en sus promesas por sus antecedentes de "políticas anticampo".
Antecedentes macristas
Algunos antecedentes estadísticos muestran una realidad diferente. Las devoluciones de IVA a exportadores constituye una de las herramientas fiscales más poderosas en cuanto a recursos para el sector agropecuario. La revisión de datos del año 2019 revela que, al menos, hubo tres meses del pasado ejercicio en los que el sector agropecuario no recibió devoluciones desde la AFIP dentro del régimen de granos, como consecuencia de la política del gobierno de Mauricio Macri de "pisar" estas transferencias para abultar en forma ficticia los ingresos tributarios netos. En su necesidad de maquillar la crisis, Cambiemos no tuvo pruritos en acumular una montaña de atrasos en materia de devoluciones, que heredaría el próximo gobierno. Para ello, contó con la complicidad de una dirigencia rural y cámaras exportadoras que no denunciaron el hecho.
Tras el cambio de gobierno, se validaron devoluciones por 4300 millones de pesos en enero y 3500 millones en febrero de este año por el régimen de exportaciones de granos. El monto de devoluciones del primer bimestre de este año, 7800 millones de pesos, es equivalente al acumulado en los primeros cinco meses de 2019, último año de la gestión Cambiemos. Pese a esa evidencia, esta semana el vicetitular de Coninagro, Norberto Niclis, en una entrevista radial señaló, para justificar la medida de fuerza y criticar al actual gobierno, que "no creemos en la devolución de la segmentación por el Estado; no nos devuelven ni siquiera el IVA, este gobierno es poco devolvedor" (FM Delta 90.3).
El presidente de CRA, Jorge Chemes, ya había planteado un cese de comercialización en los primeros días de febrero, buscando ponerle un tope a las posibilidades del avance del gobierno en materia de regulación de la producción y de las exportaciones. Habitualmente compañeros de ruta de las firmas cerealeras exportadoras, las entidades rurales que aglutinan a los dueños de grandes propiedades agrícolas resisten cualquier injerencia del Estado que no sea eliminar impuestos o subsidiarlos en sus costos. Hoy esa postura la asume CRA, con posición dominante sobre el resto de entidades que conforman la Mesa de Enlace.
Pero este seguimiento a CRA comenzó a resquebrajarse en los últimos días cuando varias manifestaciones de base cuestionaron o directamente repudiaron la medida de fuerza en contra de una política beneficiosa para pequeños y medianos productores. Hay intereses encontrados entre diferentes sectores del agro, y el gobierno supo acertar en una política que explicitó esas diferencias. La respuesta destemplada de CRA, por ahora acompañada por el resto de la Mesa, dejó al desnudo que, a lo que se le da pelea, es a un modelo de país y de producción agraria enfrentado al tradicional modelo agroexportador concentrado.
