Autorizó que saquen caños del gasoducto del NEA

Buscan destituir al intendente de Aguaray o intervenir el municipio

Jorge Prado autorizó, sin tener la potestad, que una empresa se lleve ductos de la abandonada obra del gasoducto del NEA, que estarían valuados en 3 millones de dólares.
Prado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospitalPrado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospitalPrado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospitalPrado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospitalPrado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospital
Prado con el gobernador Sáenz en la inuguración de obras del hospital 

El mandato de Jorge Enrique Prado como intendente de Aguaray podría ser el mas efímero de la historia, ya que a tres meses de asumir el Concejo Deliberante local resolvió su destitución y en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto solicitando la intervención del municipio.

La decisión unilateral e inconsulta del mandatario municipal de otorgar un permiso a la empresa mendocina Osyp SA para desmantelar y poder llevarse 35 kilómetros de caños de la obra del gasoducto del NEA, que atravesaba el municipio norteño, levantó polvareda por la insólita determinación que tendría como sustento evitar la contaminación ambiental y generar mano de obra local con los trabajos de remoción.

Se estima que el monto de los caños retirados asciende a más de 3 millones de dólares, y motivaron que intervenga el fiscal federal José Luis Bruno, ante la denuncia de la empresa Vertúa, cuya obra estaba a su cargo y se encontraba paralizada desde el 2015. 

Ayer el Concejo Deliberante de Aguaray aprobó otorgar un plazo de 48 horas para que brinde toda la información con respecto a la resolución 1215/19 que habilitó el cuestionado retiro de los caños. De no facilitar todos los datos y documentación requerida en el tiempo fijado iniciarán el proceso de destitución.

Los ediles cuestionan, además de la maniobra que podría ser penada judicialmente por disponer el intendente sobre bienes que pertenecen al Estado Nacional,  que el jefe comunal no haya consultado al Concejo y que posteriormente haya ocultado la resolución 1215 que no estaba incluida en el boletín oficial, según informó el presidente del órgano legislativo, Guillemo Alemán.

Tal como lo establece la Constitución provincial en su artículo 181, corresponde la destitución del intendente por condena penal o por mal desempeño de su cargo con el voto de los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante.

Los antecedentes de destitución ordenados por los concejales generalmente no se hacen efectivo ya que el mandatario municipal puede apelar con efecto suspensivo ante la Corte de Justicia de la Provincia, la que debe expedirse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la entrada del caso, tiempo que finalmente no se cumple y la dilación permite al destituido finalizar su mandato.

Sin embargo Prado podría también cesar en sus funciones si prospera el proyecto de Ley presentado por el diputado del Partido de la Victoria, Ramón Villa, que solicita la intervención del Ejecutivo municipal.

Lo hace invocando el artículo 179 de la Carta Magna provincial, que habilita a realizar esa acción con el voto de los dos tercios de ambas cámaras legislativas, en virtud de "normalizar una situación de crisis o gravedad institucional", según lo fundamentado por Villa en la iniciativa.

En caso de prosperar la destitución asume como intendente el presidente del Concejo Deliberante hasta tanto se convoque a nuevas elecciones, por faltar más de un año para terminar el mandato. De avanzar la intervención asumirá el Ejecutivo una persona designada por el gobernador y permanecerá hasta las elecciones provinciales del 2021, en las que se elegirá un nuevo intendente.

Apuntar a la Nación

Esquivo con la prensa, Prado solamente dio explicaciones en la radio local Aries, en las que confirmó que autorizó a la empresa mendocina para retirar esos caños de la obra del gasoducto paralizada.

En la polémica resolución 1215 señala que el motivo es la contaminación ambiental causada por ese material abandonado y especifica que el trabajo de remoción debía hacerse con mano de obra local. Además explicó que esta situación iba a permitir crear y construir espacios de esparcimiento totalmente equipados.

Luego dijo haber recibido una orden desde el gobierno nacional para que autorice los trabajos. Esto fue desmentido por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, que además adelantó que le iniciará acciones legales por "calumnias e injurias y civiles por daños y perjuicios".

Pero además Prado dijo en la misma entrevista por Aries, que la empresa mendocina estaría conectada con La Campora, e insinuó que sería directamente con su mayor referente, el diputado nacional Máximo Kirchner, aunque sin ahondar detalles en que basaba su sospecha.

A pesar de la desmentida de Cabandie, el diputado provincial saencista Javier Diez Villa, envió una carta oficial al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que informe si algún organismo nacional extendió la autorización para el retiro de los caños al intendente o la empresa Osyp SA. 

Enrique Prado llegó a la intendencia como candidato del Frente de Todos y con 31 años se convirtió en el mandatario municipal más joven de la provincia. Ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, como antecedente en la función pública tenía el de haberse desempeñado como secretario de esa área en la gestión de su antecesor Alfredo Darouiche.

Gasoducto maldito

La historia del gasoducto que debía unir el norte argentino con Bolivia, fue una serie de desventuras desde que inició su construcción en 2014 hasta la reciente noticia de la extracción de los caños.

En septiembre de 2015 un grupo de desocupados bloqueó la entrada de uno de los campamentos que tenía en Morillo la empresa Vertúa, concesionaria de la obra por la que cobraría más de 700 millones a pesar de no haberla finalizado.

Los manifestantes reclamaban los puestos de trabajo que había prometido la empresa y que nunca se crearon en la zona. Ese día la jornada terminaría con incidentes y las imágenes de dos policías envueltos en llamas tras embestir a Pablo Moreno que tenía una antorcha y una botella con combustible recorrerían el país. Previamente la policía ya había disparado con balas de goma, acertando en la pierna del hijo de dos años de Moreno que se encontraba a un costado.

Por ese hecho Moreno fue detenido y seis meses más tarde moriría en extrañas circunstancias, la versión oficial dice que sufrió convulsiones y se broncoaspiró. Los familiares sostienen que durante el tiempo de reclusión fue permanentemente hostigado y maltratado por policías sedientos de venganza.

La obra finalmente sería abandonada en diciembre de ese 2015, ya con Mauricio Macri como presidente. Vertúa puso entre las causas la reiterada conflictividad y exigencias de los grupos piqueteros.

Raúl Vertúa, el dueño de la empresa, sería "famoso" por ser uno de los empresarios detenidos en la causa de los cuadernos, en la que quedaría en calidad de imputado por el delito de cohecho activo.

En 2017 hubo un intento de reactivar la obra, pero finalmente en 2018 el gobierno nacional desistió completamente de la idea y la dejó en el estado de abandono que se extendió hasta este 2020 en que volvió a ser noticia.

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