El caso del periodista Sebastián Moro llegó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se judicializó en los tribunales federales de Córdoba durante la última semana. A cuatro meses de su muerte dudosa en La Paz, Bolivia, el 16 de noviembre durante el golpe cívico-militar contra el ex presidente Evo Morales, la denuncias podrían darle un nuevo impulso al complicado esclarecimiento del hecho.
Gabriel Aguirre, secretario General del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por La Paz (COSI) presentó en Ginebra, Suiza, donde funciona aquel organismo de la ONU, la situación del reportero mendocino. Su hermana Penélope Rocchietti Moro había declarado después de visitarlo en un centro médico paceño que “cuando llegué a Bolivia en la madrugada del 11 de noviembre y al encontrarme con mi hermano en la Clínica Rengel de Sopocachi para acompañarlo y hacerme cargo de su situación, noté ciertas marcas y golpes en su cuerpo que a mi entender no correspondían únicamente con un ACV isquémico que fue el diagnóstico que se informó”.
Estos elementos se incorporaron a la querella que presentó la familia de Moro en la Justicia de Córdoba y le dieron forma a la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este organismo fue creado en 2006 durante la asamblea de la ONU de aquel año con la única oposición de Estados Unidos y sus aliados Israel, Islas Marshall y Palaus. Hoy está formado por 47 estados miembros y la Argentina está entre ellos.
“Llamamos la atención sobre el caso del periodista Sebastián Moro quien murió en extrañas circunstancias y de acuerdo al informe forense se revela que antes de morir fue golpeado y su cuerpo apareció con claros signos de politraumatismos” señaló Aguirre en Naciones Unidas. También responsabilizó “a la policía y las fuerzas armadas de Bolivia” por el hecho.
El secretario general del COSI además presentó ante el Consejo de DDHH la situación que está viviendo otro periodista argentino en Bolivia. Se trata de Facundo Molares, quien “fue detenido y secuestrado por la policía de ese país mientras estaba siendo atendido en un hospital. Denunciamos las torturas, tratos crueles e inhumanos a los que se lo ha sometido durante su detención. Exigimos al gobierno de Bolivia su inmediata liberación”, explicó Aguirre en Ginebra.
Los casos de Moro y Molares los encuadró en “la grave situación en materia de Derechos Humanos que atraviesa Bolivia” y alentó la posibilidad de que se concrete “una visita del relator especial a ese país” porque “hoy se contabilizan más de 1.500 detenciones arbitrarias con múltiples denuncias por casos de torturas y tratos crueles que han sido ejecutados por miembros de la fuerza pública boliviana”.
Un día después de la presentación ante la ONU, el jueves 12, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos hizo una nueva denuncia contra el gobierno de facto de Bolivia por crímenes de lesa humanidad. La radicó en la justicia federal y fue patrocinada por los abogados de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Claudio Orosz y Lyllan Luque. Acompañó la presentación Raquel Rocchietti, la madre de Sebastián. Se constituyó de este modo como querellante en la primera causa penal que se abre en la Argentina sobre la muerte del periodista en los días posteriores al golpe de estado.
Sebastián tenía 40 años y vivía en Bolivia donde trabajaba en el periódico Prensa Rural y la radio Comunidad de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Durante los días que siguieron a las elecciones que ganó el MAS y luego fueron impugnadas por la oposición y la injerencia de la OEA, Moro realizó varios artículos para Página/12 hasta que fue encontrado con un ACV en su departamento la noche del 9 de noviembre de 2019. Nunca recuperó el conocimiento pero su hermana Penélope comprobó que su cuerpo presentaba una serie de lesiones no compatibles con el accidente cerebro vascular.
La presentación judicial en Córdoba se sumará a las anteriores denuncias por delitos de lesa humanidad realizadas por los distintos organismos de Derechos Humanos de nuestro país bajo el principio de universalidad como señala el Estatuto de Roma. Penélope le dijo a PáginaI12 después de conocer las dos presentaciones en Ginebra y Córdoba: “Nos parecen avances importantes para lo poco que se puede hacer en materia legal en Bolivia y hasta que se recupere el estado de derecho. También nos siguen llamando la atención y causando dolor, que el colectivo de trabajadores de prensa de la región, Argentina y Mendoza especialmente, pese a estos avances, no se consustancie con el caso. En este sentido sí quiero agradecer el acompañamiento del Sipreba, el único que hemos tenido cerca. Sebastián murió en pleno ejercicio de su oficio, en un marco político y social de muchísima complejidad para llegar al esclarecimiento”.
Por último, la hermana de Moro, quien también se desempeña como periodista en Mendoza, comentó: “cada paso que dimos, como que se contemplara el caso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es de muchísimo esfuerzo. La solidaridad de sus colegas nos aliviaría aunque sea en algún aspecto. No es que se trate de Sebastián, podría haber sido el caso de cualquier periodista”.
Cuando se encontró el cuerpo tirado en su departamento en La Paz, faltaban un chaleco que lo identificaba a Moro como periodista, su grabador y uno de los cuadernos donde tomaba apuntes. Esos elementos relacionados con su actividad profesional pusieron más dudas sobre su muerte que pudo ser la consecuencia de un ataque previo.
