Derechos que no se suspenden por la pandemia

Ley Veil: un derecho irrenunciable

En Francia, comprenden las autoridades que la interrupción del embarazo sigue siendo una intervención urgente e impostergable, y aún con lógicas demoras -dada la crisis sanitaria por pandemia- aseguran su continuidad.


Días atrás, ante un tsunami de consultas de inquietadas lectoras en cuarentena, explicaba el diario francés Libération que continúan en curso los procedimientos de interrupción de embarazo en la nación gala. En efecto, ha intentado tranquilizar el Ministerio de Salud del país de la Marsellesa a mujeres y agrupaciones feministas, subrayando que los abortos “se consideran intervenciones urgentes y está garantizada su continuidad”. Palabras del ministro Olivier Véran y de Marlène Schiappa, secretaria de Estado para la Igualdad, en un comunicado conjunto donde destacaron su compromiso porque, “incluso en tiempos de pandemia y confinamiento, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos no se vea alterado”. Cierto es que la demora y postergación de turnos para consultas e intervenciones es una situación de hecho, visto y considerando que el sistema de salud está saturado, atrasando también –todo sea dicho- otros tratamientos y diagnósticos por la inevitable alteración del sistema de asistencia sanitaria. Aún así, remarcan las autoridades que el aborto sigue en la categoría de atención urgente, y la práctica debe continuar.

Instan, eso sí, a promover los abortos por medicación siempre que el caso lo permita; a que las practicantes se movilicen de punto en punto; desalientan además las consultas in situ -en la medida de lo posible- para no enviar pacientes a hospitales que ya están superpoblados, proponiendo apañarse por otras vías (teléfono, videochat). En consonancia, recomendaciones emitidas por el Colegio Nacional de Ginecólogos y Obstetras Franceses, refieren a alentar “el aborto con drogas en el hogar” o “el aborto quirúrgico bajo anestesia local”, para que las mujeres permanezcan lo menos posible en entidades de salud. Sobre la cuestión de tiempos, senadores socialistas presentaron un proyecto de ley los pasados días para aumentar el límite legal de 12 a 14 semanas; propuesta que fue rechazada. Algo que la senadora Laurence Rossignol, exministra de Derechos de la Mujer, criticó duramente: “Es motivo de preocupación. Con los servicios interrumpidos, habrá muchas mujeres fuera de plazo”.

“Recibimos muchas llamadas a nuestro número gratuito de mujeres que acaban de descubrir su embarazo y tienen miedo de no poder abortar”, ofrece Sarah Durocher, copresidenta de la red feminista Planning familial, la más grande de Francia, que ofrece servicios de salud sexual a nivel nacional. “Para tranquilizarlas”, asegura, “estamos actualizando rápidamente la informaciones sobre qué estructuras permanecen abiertas y en qué horarios”. Algo especialmente importante en inquietantes días de clima cambiante; en los que, conforme ha señalado el colectivo Avortement en Europe, les femmes décident!, “algunos hospitales y centros de planificación europeos están disminuyendo sus actividades habituales”.

La preocupación internacional de activistas a lo largo y ancho se ve agravada por la avanzada de grupos antiaborto que aprovechan la situación crítica generalizada para embestir contra el derecho a interrumpir el embarazo. En Estados Unidos, por ejemplo, gobernadores conservadores de estados como Ohio y Texas han declarado al aborto como “no esencial”, incluyéndolo en el listado de procedimientos que deben demorarse sí o sí a causa de la pandemia, amén de preservar equipamiento y camas para potenciales pacientes con coronavirus. A pesar de que feministas explican a viva voz que el procedimiento es esencial y urgente, que -por razones más que evidentes- las mujeres no pueden esperar un tiempo indeterminado para atenderse, a pesar de que las clínicas especializadas estadounidenses manifestaron su intención de seguir laburando, la “recomendación” no es tal: es una estricta orden. Se penalizará con hasta 180 días de cárcel y abultadas multas a quienes la desoigan.

Aún previendo dificultades crecientes, no es el caso de Francia. Un país que -no está de más recordar- ya en 1974 reconoció a todas las mujeres el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Gracias a la Ley Veil, defendida con uñas y dientes por la gran Simone Veil, entonces ministra de Salud del gobierno de centroderecha de Jacques Chirac, única mujer en su gabinete. Con apenas seis meses en el puesto, SV propone la ley IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse) y avanza firme, certera, sin dejarse amedrentar por las pintadas a su hogar, a su coche, los improperios, las misivas y llamados anónimos con amenazas de muerte… En el Parlamento, tres históricos días de encendido debate antecedieron la aprobación de la ley, donde Simone dio un apasionado discurso de 45 minutos ante una asamblea mayoritariamente masculina (apenas 9 diputadas frente a 483 diputados). En las sesiones, le llovieron insultos. Un legislador hizo escuchar a los presentes el latido de un feto de 8 semanas. Otro llevó un feto en un frasco con formaldehido. Y no faltó quien acusase a Veil de “instaurar una nueva forma de eutanasia legal”, comparando el aborto con la cámara de gas, tildándola de nazi ¡Justo a ella!, que durante la Ocupación, con apenas 16 años, había sido deportada a Auschwitz junto a su familia, y que nunca se borró el número de prisionera que los nazis le tatuaron en el brazo. “Para no olvidar y para no repetir”, diría ella… 

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