Las organizaciones que vienen denunciando la situación en los penales bonaerenses plantearon la necesidad de tomar medidas urgentes para que los internos puedan comunicarse con sus familias dada la restricción de las visitas y el temor al contagio. A ese cuadro de situación se agrega que en los penales no hay actividades debido a la pandemia, es decir que no se puede trabajar ni estudiar, lo que provoca enormes tensiones.

En ese marco, el defensor general Mario Coriolano hizo una presentación ante la Cámara de Casación bonaerense, teniendo además como antecedente que dos tribunales, de Necochea y Mar del Plata, autorizaron el uso de celulares en los penales de sus respectivas jurisdicciones.

En la mañana de este lunes, hubo una audiencia virtual en la que participó Coriolano, el fiscal general, Carlos Altuve, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y el secretario de Justicia, Inti Pérez Aznar, todos ellos con el camarista Víctor Violini.

Horas mas tarde, el magistrado, en una extensa resolución, dispuso "autorizar el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires mientras dure la pandemia". Violini dispuso que se elabore un protocolo para reglamentar el uso y el subsecretario Pellegrini le adelantó a este diario que ese protocolo estará listo mañana. Por supuesto, que se buscarán formas de control para que las comunicaciones no se usen para amenazar o extorsionar, aunque expertos sostienen que el blanqueo de celulares permite mejorar el control dado que se pueden rastrear las llamadas.

En concreto, el protocolo establecerá que todos los celulares serán registrados, tomados los números tanto de la carcaza como de la tarjeta; no están habilitadas las redes, la provisión y el pago estará a cargo de las familias de los detenidos. En algunos casos, cuando el interno haya cometido delitos mediante el uso de celulares, el servicio tendrá restricciones. La elaboración final del texto se estaba terminando este lunes a la noche y se aplicará a partir de la jornada del martes.

Durante las últimas semanas, casi toda la población penitenciaria aceptó no recibir visitas, dados los peligros de contagio de afuera hacia adentro de las cárceles, pero también de adentro hacia afuera. Sin embargo, la restricción tiene costos altísimos porque las familias les llevan comida y ropa a los presos y, además, muchísimos internos entran en situación de paranoia y desesperación. 

El Servicio Penitenciario Bonaerense armó un esquema de videollamadas, pero es muy limitado, por lo que Violini recordó que "la incomunicación absoluta es violatoria del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Regla 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre el Tratamiento de los Reclusos".

En su resolución, Violini autoriza el uso de celulares en todas las cárceles, pero con las normas que se establecen en el Protocolo que se conocerá durante este martes.