Diputados y senadores de la UCR de Mendoza insisten en que el ajuste económico frente a la pandemia del Covid-19 recaiga sobre los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Federico Zamarbide (UCR - Mendoza) presentaron ayer un proyecto de ley para eximir el pago del aporte solidario sindical por un período de 180 días. Y, de paso, poner un tope que recorte significativamente ese aporte. Lo mismo hizo Pamela Verasay en el Senado.
“Resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción", dice la iniciativa. "Ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones".
El proyecto no menciona ni tomar en cuenta, desde luego, que las organizaciones sindicales pusieron sus sanatorios y hoteles a disposición del sistema sanitario nacional, mientras empresas de los sectores concentrados de la economía anuncian despidos de trabajadores.
Cornejo, diputado y presidente del Comité Nacional de la UCR, forma parte del ala dura de Juntos por el Cambio que impulsó la carta al presidente Alberto Fernández para que los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo destinen el 30 por ciento de sus sueldos a un fondo contra el coronavirus. Una iniciativa que por estos días se busca extender a los poderes jucidicial y legislativo, y a todos los organismos descentralizados del Estado. Detrás de la cual está, también, la organización "espontánea" del cacerolazo que mostró una interna dentro de Juntos por el Cambio.
Ahora, el proyecto de Cornejo y los legisladores nacionales de la UCR de Mendoza propone la “eliminación del artículo 38 de la Ley N° 23.551 de las asociaciones sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios”. Al tiempo que sostiene que “el aporte solidario será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual (0,5 por ciento) del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”.
“Cabe destacar que actualmente, el aporte que hacen los empleados de comercio, por ejemplo, es del 2,5 por ciento del salario bruto mensual y, en el caso de los camioneros, el aporte que realizan los empleados escala al 3 por ciento sobre el total de las remuneraciones que perciben sus afiliados”, dice en sus fundamentos.
La iniciativa parece apuntar, más que a favorecer a los trabajadores,, a destruir la capacidad económica y organizativa de las organizaciones sindicales.
