Panorama económico

Empoderar al Estado para evitar las colas

La crisis sanitaria y económica que desató el coronavirus expone las debilidades estructurales del sector público. El desafío de imponerse sobre poderes concentrados para amparar a las mayorías.
Imagen: Bernardino Avila

El fracaso en el operativo de pago a jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo que se registró este viernes tiene como antecedente otro igual que se estuvo viviendo desde la semana pasada en el conurbano bonaerense para retirar dinero en los cajeros automáticos. Las filas interminables y apiñadas que se observaron el viernes se vienen produciendo hace varios días en barriadas populares. La respuesta del Estado no alcanzó a cubrir el esfuerzo logístico y operativo que se requiere para sostener el aislamiento social preventivo en esos casos. Eso no significa que haya que abandonar la cuarentena si es que los expertos en salud pública consideran que es la mejor respuesta frente a la pandemia. Significa que el Gobierno tiene la obligación de fortalecer lo mucho que ha hecho bien para proteger a la población, lo cual es valorado por la ciudadanía y a nivel internacional, y corregir de manera urgente las deficiencias que aún persisten. Ignorarlas o minimizarlas sería un error, lo mismo que aceptar condicionamientos empresarios o del poder económico que conspiran contra el bienestar general.

La crisis sanitaria y económica que desató el coronavirus expone las debilidades estructurales del Estado, agravadas los últimos cuatro años con la experiencia neoliberal de Cambiemos. Que ahora aquellos que degradaron el Ministerio de Salud al rango de Secretaría pretendan sacar rédito político de la actual situación expone sus contradicciones. El macrismo atentó contra las capacidades productivas, regulatorias, educativas y de protección social, para no hacer más larga la lista, del Estado nacional. Los medios de comunicación y la troupe de economistas y consultores que lo acompañaron son igualmente responsables por lo sucedido y tienen tanta autoridad para los cuestionamientos que sus socios de aquel gobierno. Las millones de personas que enviaron a la pobreza son las que ahora les preocupan al verlas en las filas de los bancos. El endeudamiento en más de 100 mil millones de dólares, con una fuga de divisas equivalente, no los motivó a promover ningún cacerolazo.

Toda esa carga de deterioro que heredó el actual gobierno, sin embargo, es la que lo fuerza a no cometer errores. La gravedad de la emergencia sanitaria no ofrece ese margen. Tampoco la económica. Las falencias en la planificación del cobro de jubilaciones y asignaciones se potenciaron por razones más de fondo que son al mismo tiempo las más difíciles de abordar, por los poderes reales que hay que enfrentar. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de imponerse sobre ellos. Las imágenes de miles y miles de personas en situación de riesgo rompiendo el aislamiento social preventivo y obligatorio porque solo un puñado de bancos pagan haberes no encajan en el escenario de la pandemia.

El sistema financiero no se considera un servicio público desde que Martínez de Hoz lo desreguló profundamente con la Ley de Entidades Financieras en 1977. Esa norma tuvo correcciones durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, pero el sistema democrático nunca pudo torcer su espíritu y el macrismo debilitó todo lo que pudo los avances producidos. En este momento se advierte la importancia de volver a encarar esa tarea.

Lo mismo puede marcarse con otros servicios que hoy son indispensables. Por ejemplo la telefonía celular, que como no es considerado un servicio público le da espacio a las empresas prestatarias para producir aumentos de tarifas en medio de la crisis. Es lo que acaba de ocurrir con los abonos de los clientes que pagan facturas todos los meses. El Enacom logró retrotraer incrementos sobre los clientes prepagos, producidos en los primeros días de marzo, pero siguen vigentes subas de hasta 35 por ciento en los clientes que reciben la factura. La telefonía fija, aunque en la actualidad ha perdido relevancia frente a los celulares, también dejó de ser considerada plenamente como un servicio público durante el gobierno de Cambiemos. Eso reduce la posibilidad de fijarles límites y regulaciones a las empresas autorizadas para esa tarea.

Los clientes de las distribuidoras eléctricas y de gas también se quejan por estos días de presiones y desatenciones de las concesionarias. Entidades de consumidores como Deuco denuncian el envío de intimaciones de corte de servicio a clientes de Edesur que no están alcanzados por el Decreto de Necesidad y Urgencia que frenó esa posibilidad por el término de 180 días. La medida oficial ampara a los titulares de la AUH, a los que perciben pensiones no contributivas inferiores a dos salarios mínimos, jubilados y pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con ingresos brutos también con el tope de dos salarios mínimos. En Edenor, en tanto, se suman las quejas de clientes con sistema de medidores prepagos que no están pudiendo recargarlos por el cierre de locales donde efectúan el trámite. El Enre, ente de control para el área metropolitana de Buenos Aires, está por disponer la asignación automática de cupos de 85 kilowatios, que alcanzan para el consumo de unos diez días.

Los cuestionamientos públicos más potentes, de todos modos, recaen sobre los bancos por su escasa colaboración para sortear la crisis económica. Industriales Pymes Argentinos emitió una declaración en la que advirtió que “los bancos nos van a fundir antes del invierno”. “Nadie está pidiendo que los bancos pierdan plata sino que pongan su parte y no hagan negocios durante la terrible crisis que atraviesa el país”, reprochó su presidente, Daniel Rosato. A su vez, un grupo de ochenta federaciones y cámaras pymes de todo el país emitió una declaración contundente solicitando que “el sector financiero esté a la altura de las necesidades de quienes producimos”. “No solo el Estado debe absorber, con gran efecto fiscal, la crisis económica que dejará esta cuarentena obligatoria. Quienes han tenido importantes ganancias durante los últimos años también deberán decir presente y hallar mecanismos para superar los efectos de la inactividad”, completaron.

El Gobierno tiene que desplegar operativos inéditos para responder a la emergencia sanitaria, pero también está comprobando que si no consigue torcer la resistencia de importantes núcleos del poder empresario y financiero, su tarea puede trastabillar en cualquier momento. Este viernes tuvo una prueba de lo urgente que es volver a empoderar al Estado, con todas sus capacidades potenciadas.

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