El Gobierno resolvió anoche en una reunión en Olivos modificar la forma de contratación en el Estado como consecuencia de lo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social, que pagó precios de alimentos de urgencia por la pandemia por encima de los valores testigo que maneja la Sigen. Por una decisión administrativa de la jefatura de Gabinete que encabeza Santiago Cafiero, a partir de ahora el tope para cualquier compra serán los precios máximos, por lo que incluso se revisarán las licitaciones que todavía no fueron ejecutadas y que superen ese tope. El presidente Alberto Fernández advirtió que no tolerará la "cartelización" de algunos sectores de proveedores del Estado.
El ministro Daniel Arroyo había explicado que se vio obligado a pagar esos precios porque ninguna empresa le quería vender a menos y que se le "plantaron". Ante la disyuntiva de dejar a comedores y merenderos sin alimentos básicos en plena cuarentena, optó por pagar los valores que le exigían. El presidente Alberto Fernández, si bien aceptó las explicaciones de Arroyo, por la noche lo convocó junto a Cafiero para buscar la manera de que eso no volviera a suceder.
En una entrevista a la señal TN, el Presidente explicó que se trataba de "bolseros", proveedores de alimentos que tenían larga data en el Estado, y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. "No podemos permitir que se abuse de la gente", afirmó. Además, reveló que Arroyo había iniciado una investigación interna en el ministerio para determinar si algún funcionario que participó del proceso había incurrido en corrupción. Fernández, obviamente, adelantó que no apañaría a ningún corrupto que hubiera en su gobierno. "Si hubo un acto ilícito voy a ser el primero en perseguirlo", aseguró.
También explicó que con lo sucedido había quedado expuesta la "cartelización" de los mercados y aclaró que en este caso "todavía no se pagó", por lo que las compras que no cumplan con el nuevo tope "tendrán que ser revisadas para que respeten los precios máximos". "No puede ser que alguien se le plante al estado en esta situación", enfatizó antes de asegurar que "no lo voy a permitir".
El Presidente se había comunicado temprano con Arroyo, intrigado por una publicación que hablaba de "sobreprecios de hasta el 50 por ciento" en las compras concretadas en siete resoluciones de Desarrollo Social referidas a productos tales como fideos, arroz, aceite y lentejas. En el caso del aceite mezcla, por ejemplo, la empresa Sol Ganadera vendió botellas de 1,5 litro de la marca Indigo a 157,80 pesos, cuando la marca Ideal, en el programa de Precios Cuidados, tiene el producto a 98 pesos. Claro que en el caso de los Precios Cuidados son productos a precio rebajado.
"Acá no hubo corrupción. Lo que hay es proveedores que están vendiendo productos a determinados precios, que nosotros queremos que bajen, y en el medio de la emergencia tenemos que cubrir una demanda que es inédita en la Argentina", destacó luego Arroyo al explicar el motivo por el que el Estado decidió comprar igual la mercadería a pesar de que los costos estaban por arriba de los precios de referencia. El ministro explicó que había convocado a una licitación extraordinaria de alimentos, dado que habían aumentado la asistencia a comedores y merenderos de los 8 millones de personas habituales a las actuales 11 millones de personas.
Como para generar un poco más de confusión, Arroyo explicó que en el caso de los fideos se había incurrido en un error en el texto de la resolución y el precio era por kilogramo y no por el paquete de 500 gramos, algo subsanado en otra resolución posterior. "En el caso de azúcar y aceite, los precios están por arriba de lo que fijó la Sigen como precio testigo, pero que no incluyen la parte de logística", explicó Arroyo y agregó que "en todos los casos nosotros pedimos rebajas, y en el caso del azúcar y aceite se decidió a partir de una evaluación técnica igual la compra porque claramente estamos ante una emergencia". El ministro destacó que se había realizado "una licitación y una compra por el aumento de personas que asisten a comedores. Compramos leche, azúcar, aceite, arroz, lentejas, fideos, harinas. Ningún rubro se compró a una sola empresa. No logramos comprar el volumen".
En Gobierno explicaban que la cuarentena provocaba una situación muy atípica, porque las empresas tenían pedidos de todas partes y podían colocar sus productos en cualquier supermercado, dado el incremento de la demanda de alimentos ocurrida en estos días. En ese sentido, les resultaba bastante menos atractivo venderle al Estado dado que si bien adquiere en grandes cantidades, suele ser un pagador moroso, con tres meses o más de demora. Ante la alternativa, las empresas subieron el precio para asegurarse su ganancia. El Presidente consideró esa actitud intolerable en el marco de crisis en el que se encuentra el país, por lo que determinó que se fije como tope los precios máximos y que se revea cualquier licitación que no cumpliera con ese límite.
