El saldo del programa Precios Transparentes en términos de ventas minoristas ha sido un fracaso. Ante ese resultado, funcionarios, empresarios y banqueros cruzan culpas y empiezan a evaluar qué hacer. Los empresarios se dividen entre los que argumentan que la responsabilidad es de aquellos que no bajan los precios a contado y otros que resaltan que las cuotas eran el principal incentivo al consumo en épocas de bolsillos flacos. Pero hay coincidencia en que el consumo se resintió por ese plan oficial. Según datos de Came, el consumo cayó en febrero 4,1 por ciento frente al mismo mes del año pasado. En aquel momento, el consumo ya registraba una merma interanual del 4,5 por ciento en relación a 2015. Por su parte, la consultora Scentia calculó una caída del 6,6 por ciento en el consumo el mes pasado frente al mismo período de 2016. Relevamientos privados advierten que hubo un corrimiento desde la venta financiada –que bajó 30 por ciento– hacia el efectivo y que la baja de precios al contado fue menor a la prevista.

Desde el Ministerio de la Producción indicaron a este diario que continuamente hay reuniones con el sector financiero sobre el programa Precios Transparentes pero que no se prevén cambios en la norma, ante las versiones que sugerían la posibilidad de una marcha atrás. El Gobierno y los empresarios afines dejan entrever que el problema es que los precios al contado no bajaron lo suficiente, a pesar de la promesa oficial. Pero incluso si se hubiera abaratado masivamente la operación al contado, era previsible el impacto negativo en el consumo. Es que el año pasado, la inflación recortó en varios puntos el poder adquisitivo y todavía faltan varios meses para la recomposición paritaria. El Gobierno quiere que el consumidor, con bolsillos flacos, deje las cuotas para comprar al contado.

Según la Came, la caída interanual de las ventas en febrero fue del 6,6 por ciento en calzado, 5,2 por ciento en electrónicos y electrodomésticos, 5,8 por ciento en materiales de la construcción, 5 por ciento en muebles, 4 por ciento en neumáticos y 3,7 por ciento en indumentaria, entre otros. No es posible determinar con certeza en qué medida ese desempeño tuvo que ver con el deterioro del poder adquisitivo y cuánto impactó la nueva distinción de precios. “Creemos que fue un elemento más, que no ayudó. Pero no fue determinante en la caída del consumo de febrero. Lo determinante es que la gente no recupera poder adquisitivo, que la plata no alcanza. La Secretaría de Comercio fue demasiado optimista al pensar que Precios Transparentes iba a generar un descuento en los precios. Es decir que la medida, en un contexto de 14 meses consecutivos de caída del consumo, fue por lo menos inoportuna”, explicó a este diario Vicente Lourenzo, de Came.

Un reciente estudio de la consultora Increase destacó que en febrero (cuando se puso en práctica la medida) cayó un 30 por ciento la venta con tarjeta de crédito y débito frente a enero. La cantidad de transacciones se redujo un 28,3 por ciento, mientras que el valor del ticket promedio descendió un 2,4 por ciento. Las compras en una cuota avanzaron del 70 por ciento al 73,9 por ciento del universo que prefirió financiar su adquisición.

Desde una cadena de venta minorista ofrecieron otra mirada a esos datos: “en febrero siempre cae el consumo frente a enero y la caída de las ventas financiadas era algo obvio, la gente prefiere abonar un pago o en efectivo. El análisis del ticket promedio muestra que la gente no redujo mucho su posibilidad de compra sino que castigó a los comerciantes que no bajaron los precios. Es el control del mercado, la gente no compra si no bajan los precios”. La inflexibilidad de los precios a la baja es una característica de la economía nacional que el Gobierno no ha tenido en cuenta.

Según la Cámara de Comercio (CAC), entidad que impulsó los cambios normativos, el 54 por ciento de los precios al contado bajaron luego de la medida (mientras que subieron los financiados). “Pedimos transparentar el mercado. Es un proceso, las cuotas sin interés eran un tema cultural”, indicó a este diario Edgardo Phielipp, de la CAC. En tanto, Osvaldo Bassano, de la entidad de consumidores Adduc, señaló que “si no hay un control por parte del Estado, es muy difícil que el consumidor pueda, con su fuerza de compra, manejar los precios. Precios Transparentes no sirvió e incluso generó más inflación”.