La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa) realizó una encuesta voluntaria a los docentes de esta casa de estudios en medio del debate sobre el dictado de clases virtuales en el aislamiento social por el coronavirus. Se pudo constatar que el 54% de los profesionales no tiene una buena conexión a Internet y que las sedes de Orán y Tartagal, presentan mayores conflictos de acceso a la red.

El secretario gremial de Adiunsa, Jorge Ramírez, dijo a Salta/12 que la planta docente de la Universidad presenta “una heterogeneidad grande” en la accesibilidad tecnológica, en cuanto al equipamiento necesario y al acceso a las redes de Internet.

En este sentido, desde el gremio realizaron una encuesta voluntaria sobre una base de 90 docentes donde se constató que el 54% tiene dificultades de conectividad. En ese aspecto, se supo que algunos solo acceden a las redes de Internet mediante datos mientras que otros, “no pueden hacer streaming en línea porque se corta, tienen conexión en determinados horarios y/o no pueden subir o bajar material por el peso”, explicó Ramírez.

Además, puntualizó que de acuerdo a los encuestados, los docentes de Orán y Tartagal presentan mayores dificultades porque solo acceden a conexión 3G. “Llevar adelante la actividad virtual es muy difícil en Salta. La heterogeneidad es muy grande”, señaló el docente.

También se evidenció que el 26% comparte la computadora en sus hogares impidiendo contar con el principal equipamiento para el dictado de clases a distancia. Además, se añadió que un 54% de los encuestados tienen a su cargo personas que pertenecen a grupos de riesgo por la pandemia, o que tienen hijos menores de edad.

“Estos datos dan una idea de la disparidad de condiciones en las que se encuentran lxs docentes de la UNSa. Pretender, entonces, que haya un desempeño comparable al habitual sólo esconde estas diferencias y -por ende- las acentúa”, afirmó Ramírez.

El secretario gremial aseveró que con estos resultados “no es exigible a lxs docentes la virtualización de sus clases”. Tampoco es posible asumir condiciones similares, tanto por aspectos logísticos como el acceso a internet y equipamiento como específicos dentro del cuidado de menores o adultos en situación de riesgo.

En este sentido, aseveró que “la Universidad debería comenzar asegurando el derecho a la licencia de las personas en situación de riesgo o que tienen a su cargo el cuidado de menores y adultos en dicha situación”. Aseguró que pretender descargar en cada docente particular la continuidad de la actividad académica “sólo profundiza las desigualdades y lleva a la institución a desentenderse de sus objetivos”.

No hay reemplazo a la presencia

El secretario gremial advirtió que no es posible sostener la modalidad de enseñanza a distancia en medio de la pandemia. Consideró que de aplicarse cualquier modalidad virtual, es imprescindible adquirir conocimientos sobre las tecnologías de la información, tiempo para desarrollar las clases y los soportes adecuados para implementarlo.

Para Ramírez, “la trasposición de las actividades didácticas habituales a los lenguajes y modos que ofrecen las TICs no es un tema menor”. A modo de ejemplo, señaló que si un docente habitualmente explica la resolución de un problema en el pizarrón haciendo participar a los estudiantes en el proceso, esto no puede llevarse adelante mediante la web.

No obstante, consideró que “sí se pueden hacer cosas e impulsar a los estudiantes” sobre contenidos virtuales, pero “no se puede hacer un reemplazo” de la enseñanza presencial. Estimó que “no es exigible llevar adelante todo el cursado a través de las tecnologías de la información”.

Dijo que en el contexto de cuarentena “evidentemente las clases no se van a dictar con normalidad”, lo que habrá que “ver y plantear mejor cuando se esclarezca el escenario”. Advirtió también que “es riesgoso pensar en pasar hacia el año que viene o analizar otras fechas” para el cursado presencial. 

Esto, en referencia a la recomendación de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, de modificar los calendarios académicos. La Universidad de Buenos Aires fue la primera en aceptar la recomendación y comunicó el inicio de su período lectivo para el 1 de junio.

Para Ramírez, una de las acciones que debiera ejecutarse ante el incierto escenario es “centrarse en la formación docente en técnicas pedagógicas para el ámbito virtual”. “Esa debería ser la tarea que uno realice como trabajador. Esta instancia excepcional permite que haya una formación docente donde muchos estamos insuficientes”, aseguró.

Otro de los aspectos que resaltó el docente fue que hay un alto porcentaje de profesionales que están dentro de los grupos de riesgo. Por ende, “habrá una parte del personal que va a continuar amparado por licencia y muchos docentes tienen menores y adultos a cargo”. "Pretender que realicen actividades desde la casas es no tener en cuenta esa realidad”, enfatizó. 

Por ultimó, afirmó que continuar el vínculo con el estudiantado hoy implica "dar ayuda, orientación, recursos para que éstos puedan ir preparándose para cumplir con los objetivos de cada asignatura", pero "de allí a pretender exigir que la virtualidad sea el soporte real del cursado, hay un trecho enorme e insalvable".