Por violatorio de derechos y garantías constitucionales

Organismos de Derechos Humanos piden la derogación del Régimen Sancionatorio

Organizaciones de DDHH se expidieron contra una decisión de Gobierno provincial, en este caso por la normativa impuesta para castigar a los que rompan la cuarentena. 

El flamante Régimen Especial Sancionatorio, que ya se encuentra en vigencia desde el viernes pasado, sumó su segundo cuestionamiento público. Luego del pedido de derogación por parte de los diputados del Partido de la Victoria, se sumaron con idéntica solicitud organismos de derechos humanos. En ambos casos se basan en que se trata de una normativa viciada de inconstitucionalidad.

"Desde los organismos de DDHH de Salta, una vez más rechazamos la decisión del gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Sáenz al suscribir el Decreto de Necesidad y Urgencia N 255/2020", plantearon sin rodeos en el primer párrafo del comunicado y lo calificaron de "por demás excesivo para quienes transgredan las normativas dispuestas por el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020". 

Al momento de argumentar su postura indicaron que lo consideran "violatorio de derechos y garantías constitucionales y contradictorio con los artículos 205 y 239 del Código Penal con respecto a la competencia que se le otorga al Jefe de Policía para resolver infracciones, toda vez que es facultad de un fiscal penal y del juez de Garantías a partir de la promulgación de la ley N° 7914".

Luego solicitaron que "se instruya debidamente a las fuerzas de seguridad afectadas a los controles en la vía pública y en las rutas sobre las directivas emanadas del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que prime la buena comunicación", con eso buscan que "se evite el atropello y malos tratos que están sucediendo por parte de la Policía provincial", según denunciaron en el comunicado.

Finalmente solicitaron al gobernador "la derogación del DNU N° 255/2020 por contener directivas que no contribuyen a la convivencia, ni ayudan a sobrellevar la tremenda situación por la que cada uno de nosotros, tanto funcionarios como ciudadanos, debemos atravesar hasta que superemos la pandemia que asoló al país y al mundo entero".

La nota lleva la firma de Mesa de Derechos Humanos que integran Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y gremiales, la Asociación Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo e HIJOS Salta en la Red Nacional. También la suscriben la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación Pensamiento Penal.

Justamente ayer el secretario de gobierno, Matías Posadas, señaló que se aplicará este régimen para sancionar económicamente a quienes desde el lunes no lleven barbijos en la vía pública.

Cuando se le consultó su opinión sobre los cuestionamientos que recibió el régimen sancionatorio, se limitó a decir que es una "herramienta sumamente necesaria para nosotros", explicó que al ser un DNU "tiene los mismo efectos que una ley", y que sostuvo que muchas provincias tomaron la misma medida, porque es la mejor forma de garantizar primero el cumplimento del aislamiento y desde la semana que viene, el uso de barbijos.

Cuestionamientos

Los cuestionamientos al Régimen Especial Sancionatorio se resumen principalmente en tres puntos, el primero es que sanciona infracciones que ya están reguladas por el Código Penal argentino, que al ser de mayor jerarquía legal es el que debe aplicarse.

También se marca el hecho de la utilización de un decreto de urgencia del Poder Ejecutivo, cuando la Legislatura ya abrió el período de sesiones ordinarias y podría legislar en la materia. Además, con el DNU el gobierno avanza en legislar en materia penal, algo expresamente prohibido por la Constitución argentina hasta en situación de emergencia.

Y finalmente, el punto que muchos consideran como el más álgido es la potestad que se le da al jefe de la Policía de ser el que juzgue e imponga las penas previstas en el Régimen, tal como era en el Código Contravencional hasta el 2015, cuando fue modificado. Desde entonces al proceso de investigación y sanción lo llevan adelante un fiscal y el juez de garantías. Con este retroceso, se incumple con lo que en la jerga judicial se conoce como el juez natural.

Por otro lado la relación de las organizaciones de derechos humanos con el actual gobierno tuvo un mal comienzo cuando repudiaron la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de designar como ministro de Seguridad al militar retirado negacionista Juan Manuel Pulleiro. Desde entonces tuvieron que pronunciarse en reiteradas oportunidades por diversos motivos, el último cuestionamiento público había sido hace dos semanas cuando expresaron su preocupación por las muertes de tres niños originarios desnutridos en el norte.

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