En pocos días la jefa de la Policía de Salta, Norma Morales, sumó acusaciones formales y extraoficiales, por maltrato a personas que se desempeñan en esta fuerza de seguridad provincial.

La Procuración General de la provincia informó ayer que creó una Unidad Fiscal de Colaboración, integrada por tres fiscales, para investigar la denuncia de la comisaria mayor Arcelia Choque en contra de la comisaria general jefa de la fuerza por acoso laboral. 

La denuncia es por un hecho ocurrido el 5 de este mes, en el contexto de los controles por la pandemia del coronavirus. Por lo que transcendió, Choque perdió el conocimiento en el control montado sobre la avenida Paraguay, a la altura de la rotonda del barrio Limache, luego de que fuera maltratada por la comisaria general jefa de la Policía salteña. La primera versión que se conoció el mismo día del incidente, indicaba que la comisaria mayor se descompuso tras recibir órdenes contradictorias de una oficial superior y de la jefa de Policía. Choque estuvo inconciente por varias horas y tuvo que ser hospitalizada. 

La fuerza informó al día siguiente que la oficial había sufrido un cuadro convulsivo y que tuvo que ser derivada a una interconsulta con un neurólogo. 

Choque  denunció por maltrato laboral a Morales y a la otra oficial cuya identidad no trascendió. Sostuvo que ejercieron “abuso de autoridad en contexto laboral; violación de los artículos 19, 14 bis y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y leyes como las de Antidiscriminación y de Contrato de Trabajo, como así también de la Ley Nacional 24685, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y Ley Provincial 7888”. Y las acusó también por abandono de persona.

Ayer el procurador general, Abel Cornejo, anunció la conformación de una Unidad Fiscal para llevar adelante esta investigación. Estará integrada por los fiscales penales Horacio Córdoba Mazuranic, Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Paz.

"El procurador adoptó las medidas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y de esa forma, favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar", indicó el Ministerio Público Fiscal en un parte de prensa difundido ayer en el que recordó que la creación de Unidad de Colaboración entre fiscales "se basa en las disposiciones reglamentarias para optimizar el funcionamiento de las Fiscalías Penales". 

Desobediencia judicial

Anteayer se le sumó otra denuncia a la jefa de la Pollicía, en este caso de la agente Yanina Gay, que estaba tramitando el retiro voluntario de la fuerza y a quien Norma Morales le suspendió el cobro de sus haberes desde los primeros días de marzo. 

Gay la acusó formalmente de desobediencia judicial, porque al disponer su retiro obligatorio y dejar de abonarle sus haberes estaría incumpliendo una resolución judicial que ordenó a la Policía de Salta y al gobierno provincial garantizar que la agente pueda tomarse las licencias médicas que necesite hasta restablecer su salud. 

El 3 de este mes Gay, que hace dos años tramita el retiro voluntario, que debe concederle la Anses, fue notificada de la decisión de la jefa de Policía de disponer su retiro obligatorio de la fuerza y la suspensión del pago de sus haberes. 

En su denuncia, Gay sostuvo que con esa notificación se materializó el delito de desobediencia judicial por parte de la jefa de Policía. Recordó en tal sentido que en 2016 y 2017 “fue víctima de violencia institucional y debido a ello se encontraba haciendo usufructo de licencias excepcionales por trámites de retiro”.

Y subrayó que que en el expediente que se tramita en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, donde Gay llevó su denuncia por maltrato laboral que sufrió de parte de un jefe policial en el norte provincial, la jueza Marta Cecilia Nallar, ordenó a la Jefatura de Policía que "se garantice a la señora Gay Yanina Gisela el usufructo de las licencias médicas necesarias para reparar las consecuencias de la violencia sufrida hasta su total recuperación física y psicológica’”. 

Por esto Gay entiende que Morales incurrió en desobediencia judicial al haber dispuesto su retiro obligatorio sin percepción de haberes. “Con esta medida la institución policial está incumpliendo una orden judicial”, sostuvo la agente. Además, sostuvo que la funcionaria policial incumplió también el DNU 329/20 de la Nación, que prohíbe los despidos durante la cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19. 

La agente destacó que la Jefatura de Policía la dejó sin haberes en este contexto en el que no se puede pensar en una alternativa laboral, y subrayó que "tiene a su cargo dos hijos menores a quienes se les está violando el derecho al salario familiar”. Por esto solicitó que se deje sin efecto la medida ordenada por la jefa de Policía “ya que continúa su tratamiento médico y hasta que el trámite lo resuelva la Anses", además, la hizo responsable "por cualquier tipo de represalia que pueda sufrir tanto física como psíquica”. 

El temor de Gay es compartido por otros integrantes de la fuerza policial. Tras la publicación de la suspensión de haberes a personas que están con proceso de retiro de la fuerza, Salta/12 recibió numerosos mensajes de policías en similar situación. En muchos casos los relatos remiten a situaciones de maltrato, todos pidieron reserva de sus identidades. 

Ayer se supo que el Gobierno está analizando la situación generada con la suspensión de los haberes, que alcanzaría a más de 400 policías en trámite de retiro. Hay 16 personas que están con proceso de retiro por discapacidad que fueron incluidas en la suspensión del pago de haberes, igual que otras personas que tienen trámites de hasta cinco años sin que se los resuelvan las autoridades correspondientes, y hasta policías que habían iniciado el retiro voluntario.