“Las asambleas decidieron levantar la medida de fuerza, fundamentalmente porque hubo un llamado al diálogo de parte del Gobierno con la promesa de respuesta concretas para la semana que viene”. El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Juan Grabois, aclara que la decisión de suspender el plan de lucha -que incluyó ollas populares en varios puntos del país– fue consensuado con el resto de las organizaciones que participaban. 

La CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, reclaman la aplicación de la Ley de Emergencia Social y la activación de las partidas presupuestarias para el financiamiento del salario social complementario y el aumento del 25 por ciento de la transferencia de ingresos para programas de trabajo. “Si la ley se hubiese aplicado desde diciembre no hubiera crecido la indigencia como creció”, sostiene Grabois. Y añade: “Alguien que está en indigencia, no puede esperar”.

–¿Qué fue lo que confluyó para se produjera una protesta masiva?

–Hay un enorme deterioro de la situación de las barriadas populares. Hubo un incumplimiento sistemático de las promesas del Gobierno. Hay una inoperancia muy grande en los cuadros intermedios del Estado, como los de Economía Social y de Empleo. Y hay un elemento que no se puede obviar: el 7 de marzo participamos en la marcha junto a la CGT, queriendo canalizar el reclamo de toda la clase trabajadora. Al no darse esa circunstancia, tenemos que salir con nuestro propio programa, lo cual no implica que les faltemos el respeto a los dirigentes sindicales. Juan Carlos Schmid (integrante del triunvirato que dirige la CGT) es un hombre integro, que hace lo mejor que puede. Eso no quita que para nosotros haya un clima social espeso.

–¿Cree que la Ley de Emergencia Social llegará a aplicarse este año?

–Esperemos que sí. Ahora, la eficiencia en la implementación va a necesitar de mucho esfuerzo. Al contrario de lo que se creía, en el Gobierno son muy hábiles en la política, pero muy malos en la gestión. Miran la vida a través de una planilla de Excel. Hay muchos problemas de gestión porque no tienen experiencia ni compromiso para trabajar en el día a día. Si se aplicara la ley hoy se reduciría un 60 por ciento la indigencia. Serían 250 mil salarios complementarios, un millón de personas que saldrían de esa situación, lo cual no quiere decir que vayan a estar bien. Es un punto de partida y ese es el efecto inmediato. Por eso nosotros planteamos que sea con trabajo y dignidad. No puede haber objeción a eso, pero obviamente tiene un costo fiscal y se tiene que compensar con los sectores ricos. Acá la política económica está al revés: hay un derrame inverso. Los sectores populares hemos perdido seis puntos del PBI. Hablamos de sectores sensibles: la construcción, textil, cartón y papel. La economía popular tuvo una caída brutal. Ha caído mucho el consumo de leche, es terrible. Hay una transferencia ingreso desde los sectores populares hacia los más ricos. No es que se achicó la torta, hay una redistribución regresiva del ingreso. 

–Usted dijo que “hay alguien que no la autoriza a Carolina Stanley a ejecutar las partidas de su ministerio”¿Hay una interna?

–No me cabe la menor duda. Hay sectores que quieren resolver esto con represión, como Patricia Bullrich, quien ha tenido expresiones deleznables contra las organizaciones. Y. por otro lado, Stanley tiene la intención de resolver esto de la mejor manera. Pero el Estado es uno solo, las políticas públicas se deben concretar. 

–¿Teme que prevalezca la mirada represiva?

–No hay gobernabilidad posible en la Argentina con una política de represión. 

–Describe una situación acuciante, con pérdida de empleos, aumento de la pobreza ¿Hasta dónde podría tensarse esa cuerda?

–Si no se revierte la situación es imposible que no haya desborde. Por más que las organizaciones hagamos el máximo de los esfuerzos, nos van a llevar puesto a todos.