Desde Caracas

Comienza la séptima semana de cuarentena en Venezuela y la curva de la pandemia se mantiene aplanada: 325 casos confirmados, 137 personas recuperadas y 10 fallecidas. El pronóstico apocalíptico vaticinado por un sector de la oposición y por Estados Unidos no se cumplió, el gobierno ha desplegado una política acertada, en particular si se lo analiza respecto a los países vecinos.

Solo quedan pocas veces que digan lo contrario, y esas voces son de quienes desean y empujan la tragedia como estrategia golpista de acceso al poder político.

La gestión acertada, junto con la situación sanitaria de varios países de la región y episodios de discriminación, ha impulsado el regreso de venezolanos al país. Alrededor de 18 mil han ingresado por tierra por los tres principales estados fronterizos con Colombia, Zulia, Táchira y Apure, y se espera que lleguen más en los próximos días.

El retorno comenzó desde el primer día de la cuarentena y se ha mantenido a diario. Se trata en su gran mayoría de gente de bajos recursos. La respuesta del gobierno ha sido poner en marcha un despliegue médico y logístico para recibir de forma gratuita a quienes regresan, lo que ha fortalecido su imagen.

Así como existe un consenso mayoritario sobre la política anti pandemia, también lo hay acerca del cuadro económico que vuelve a arrojar niveles de preocupación altos con la cuarentena, los precios petroleros que se mantienen bajo, y el bloqueo económico que volvió a escalar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a las cinco grandes empresas petroleras norteamericanas restantes en Venezuela, en particular Chevron, extraer y comerciar petróleo en el país. El gobierno de Donald Trump sumó así otro golpe, articulado a las sanciones a PDVSA, a empresas que comercien crudo venezolano, y la prohibición de envío de gasolina al país.

La combinación de dificultades cotidianas es triple: desabastecimiento de gasolina, aumento del dólar paralelo y el oficial -que aumenta a una velocidad inferior, pero cercana al primero- y el aumento de los precios.

Esta situación generó escenarios de protestas en zonas periféricas del país, centralmente campesinas, pesqueras, mineras, dependientes de la gasolina para su funcionamiento. Si bien la oposición intentó maximizar públicamente la dimensión de las protestas y en algunos casos desencadenarlas, la aparición de estos episodios indicó la existencia de una escalada de las dificultades materiales.

El gobierno decidió tomar medidas ante ese cuadro y anunció la venta supervisada de productos de tres grandes empresas marcadoras de precios de forma especulativa -en particular del oligopolio Empresas Polar- la ocupación por 180 días de un consorcio oleaginoso, y el establecimiento de precios acordados para 27 productos.

Se trató del regreso de medidas que habían sido dejadas de lado durante más de un año, como el anuncio de regular precios. Los últimos tiempos estuvieron marcados por la liberación cambiaria, la restricción de emisión monetaria, y la circulación del dólar que se convirtió en la moneda de marcaje de precios y de uso diario en la calle para muchos sectores.

La oposición se opuso a las medidas, afirmó que volverá el desabastecimiento, al igual que dejó entrever la respuesta de Polar, que declaró que “la medida atenta contra el abastecimiento de alimentos”. El chavismo, por su parte, apoyó la decisión en vista de la impotencia/impunidad ante el aumento de precios.

La duda que atraviesa a muchos es si esta vez se logrará mantener el abastecimiento y los precios acordados, en vista de la imposibilidad de garantizarlo en oportunidades anteriores. La otra gran pregunta: ¿cómo lograr precios accesibles para quienes viven en bolívares?

Esta incertidumbre se asienta en el hecho de que las estructuras de costos de productores y comerciantes son de hecho en dólares, y los precios acordados se relacionan con el dólar oficial. Un aumento del oficial -como ha sido la tendencia- impactaría en los precios en bolívares y se reducirán los ya devaluados ingresos en moneda nacional.

La apuesta de la estrategia norteamericana es que no exista solución, y el conjunto de presiones económicas y de operaciones armadas encubiertas acorralen hasta el punto de generar un quiebre en el ámbito de la dirección civil o militar.

Para eso Elliot Abrams, encargado norteamericano en el plan hacia Venezuela, ha tomado un rol de exposición mediática y actualización de la “propuesta” norteamericana donde, según afirma, lo único no negociable es la salida de Nicolás Maduro del gobierno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, repite/promete, puede mantenerse en sus cargos durante el tiempo de transición.

El chavismo se encuentra así ante un escenario a tres tiempos: la pelea contra la pandemia, el bloqueo y crisis económica, y la estrategia de derrocamiento norteamericano en ofensiva. La oposición nacional, y en particular Juan Guaidó, ya casi no tienen incidencia.