La decisión de retirar la camioneta a uno de los funcionarios del gabinete municipal de Santa Victoria Este, a quien además se lo dejó sin un ataúd tras la muerte de su sobrino, generó una exposición de luchas internas en el gabinete municipal de Santa Victoria Este, encabezado desde diciembre por el referente wichí, Rojelio Nerón.

Ante la crisis se convocó a una reunión de caciques prevista para el martes. Sin embargo, este lunes se preveía el adelantamiento de las reuniones y la posibilidad de que, ante el descontento, el edificio municipal sea tomado. En el encuentro de mañana, en tanto, se prevé cumplir con la creación de un Consejo de caciques que asesore al intendente. La importancia de este Consejo, y de la gestión municipal, tiene su raíz en que por primera vez en una zona donde la mayoría de la población es indígena (se calcula que es un 65%), hay un mandatario comunal originario.

Los reclamos empezaron desde el momento mismo en que Nerón inició su gestión. Pues no llegaba la totalidad del dinero que reemplazó hace unos años los tickets de ayuda alimentaria que se envían a la Municipalidad. Hasta donde se pudo saber, se trata de una ayuda incorporada en el gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey y que en la actualidad es de 300 pesos para cada una de las casi 5.000 familias que continúan percibiendo este beneficio.

A esta situación se sumaron además reclamos que vienen desde hace meses por la falta de pago de algunos ítems de los sueldos de los municipales.

Las permanentes demandas por la imposibilidad de cumplir con la entrega de la totalidad de los 300 pesos a las familias (que si bien es poco, suma para los habitantes de una de las regiones más pobres de la Argentina), llevó al secretario de Políticas Sociales, Marcos Lucas, a elevar a su vez los reclamos a la intendencia a cargo Nerón.

Lucas contó a Salta/12 que las quejas se hicieron sobre todo a la secretaria de Hacienda, Julieta Catardo, a cargo de las partidas presupuestarias. Según un acta a la que este medio tuvo acceso, el 28 de enero Cataldo entregó a Lucas “la partida del Programa SOFIA (en realidad sería AIPAS), correspondiente al período….. (sin completar), por la suma de $1.100.000”. Debajo del acta, redactada en computadora, hay un agregado escrito a mano que sostiene que el total a entregar es de 1.464.501. Y se hace constar que queda una deuda de 328.260 pesos, y aparece otra anotación, "fuera de $36.241". No se especifica la razón por la cual ese monto queda separado.

La situación se agravó desde el lunes 27 de abril. En aquel momento Lucas dejó sus funciones para unirse con su familia a la búsqueda de su sobrino Oscar Galindo Lezcano. El joven de 24 años había salido a pescar y fue encontrado ahogado en el río Pilcomayo el martes. Pese a los pedidos de ayuda, desde el mismo municipio del que Lucas forma parte no hubo respuestas. La familia pedía un ataúd para poder enterrar a su deudo. Fue el secretario de Obras Públicas, Pedro Lozano, quien finalmente construyó el féretro y lo llevó.

Los reclamos se acrecentaron. Imprevistamente el viernes primero de mayo, cuando Lucas fue a la Municipalidad, la camioneta que le fue entregada para cumplir su función le fue sustraída. La acción generó la reacción de otros caciques y miembros del Gabinete, que se enojaron con el intendente Nerón. El silencio del mandatario comunal dejó crecer el rumor que surgió de “un puesto de control” y que indicaba que Lucas iba a ser despedido.

Una herencia sin auditoría

“Nunca tuvimos una reunión de gabinete”, dijo Lozano a Salta/12 al manifestar su enojo con Nerón. Indicó que el malestar en las comunidades ante el rumor del despido de Lucas se basa en que es este funcionario quien recorre cada lugar para conocer las necesidades de la población.

La titular de Hacienda, Catardo, por su parte, sostuvo que hace tres meses que no se hacen las rendiciones de los fondos por parte de Lucas. “Nos queremos basar en papeles y en pruebas”, dijo al referirse a la exposición que se prevé para la reunión del martes.

La secretaria de Hacienda reconoció que uno de los problemas que atraviesa el municipio tiene que ver con la falta de fondos. “Venimos con una herencia de la gestión anterior”, sostuvo al indicar que lo único que se entregó desde la gestión anterior, a cargo de Moisés Balderrama, fue un fondo de 310 pesos. 

La coparticipación que reciben es de 3 millones de pesos. Para el pago de los sueldos la comuna necesita de 3.5 millones de pesos. A ello se suman otros gastos que tienen que ver con el alquiler de camionetas, pues la Municipalidad cuenta con un solo vehículo propio. Si bien la imposibilidad de cubrir los gastos viene de la gestión anterior, que al igual que la actual fue pidiendo “anticipos” de la coparticipación, éstas se habrían “cortado” con la llegada de los fondos enviados por el gobierno nacional a distintos municipios.

Las acusaciones que se hicieron contra Catardo tienen que ver también con el alquiler de las camionetas de “familiares” de ella, según indicó Lucas. “Alquilamos camionetas. Es cierto. Y una de ellas fue para Lucas”, dijo la funcionaria victoreña. La Municipalidad cuenta con un solo vehículo oficial para recorrer 25 mil kilómetros del municipio.

Catardo indicó que el alquiler es de 50 mil pesos por mes por vehículo. Este monto incluye el combustible y el mantenimiento a cargo del propietario de los vehículos. Al ser consultada sobre las razones que llevaron a quitarle esa camioneta a Lucas, dijo que “el retiro se debió porque se le tenía que hacer un service” a la camioneta.

La situación del parque automotor y los fondos de la Municipalidad habrían sido auditados, según indicaron otros pobladores consultados por este medio. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el informe oficial de la Auditoría General de la Provincia (AGP), que los publica en su página web una vez que son aprobados.

En el medio de toda esta situación con acusaciones de irregularidades y presuntos desmanejos, también se sospecha de quienes esperan el fracaso de la gestión en manos de indígenas con el fin de volver a contar con un gobierno municipal más acorde a los intereses de algunos referentes criollos.