Estudiosos como Winfried Hassemer analizaron la utilización del miedo como herramienta política, la dirigencia aparece públicamente preocupada por la protección de la gente, mientras se desentiende de discutir cuestiones medulares, como el modo en que el injusto reparto de la riqueza incide negativamente en la salud y la educación de la mayoría. Louis Wacquant se centró en el rol esencial de los medios en la utilización del miedo y cómo el castigo -esencialmente a través de la cárceles- funciona como disciplinamiento de los sectores más postergados.

En estos días hemos visto cómo los medios de comunicación que forman parte de grupos económicos y representan a sectores de privilegio, instalaron el miedo a través de noticias falsas, mientras pasaron a un lejano plano el debate sobre el proyecto de ley de impuesto sobre las grandes fortunas. Es lógico que medios cuyos dueños o accionistas temen una medida de tal naturaleza intenten desviar la atención pública y promuevan un debate ficticio para dividir aguas entre quienes supuestamente protegen a la gente y quienes no. El debate, al menos por ahora, lo ganaron ellos, no sólo porque escondieron bajo la alfombra el tributo de las grandes fortunas, sino también porque, junto a la pandemia, el tema del momento es el castigo a través de la cárcel, cuya situación a pocos preocupa.

Para eso no escatiman en criticar a profesionales que llevan años trabajando a favor de los derechos de los presos, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Como correlato previsible se presentan proyectos de ley para restringir libertades, se amenaza con juicios políticos a magistrados, y funcionarios se pasean por canales de TV exhibiendo su aporofobia.

Como consecuencia de la pandemia se habla de las cárceles y se hace hincapié en cuestiones conocidas desde hace décadas, como el hacinamiento, la mala alimentación y falta de atención sanitaria. Poco y nada se ha dicho, por ejemplo, sobre la represión en la cárcel de Devoto, que dejó varios heridos por armas de fuego de agentes estatales. Asumamos de una buena vez que en las cárceles latinoamericanas los tratos crueles e inhumanos son moneda corriente. La situación carcelaria es una de las deudas más acuciantes de nuestra democracia. Pero quienes son encarcelados sólo cuentan para cincelar el monstruo sobre el que es legítimo imponer todo tipo de castigo.

Algunos jueces declararon inconstitucional la acordada de los jueces de casación por la que formularon recomendaciones para descomprimir la situación frente a la pandemia. “De un burro no esperes otra cosa que patadas” dijo un juez al ser consultado. Cuando los jueces temen el ataque mediático algún derecho está en riesgo.

Algunos creen que la situación se resuelve con más cárceles o más plazas dentro de las cárceles. Menem encaró la construcción de cárceles y solo se beneficiaron empresas constructoras, como Impregilo (donde está presente Fiat/Ratazzi) e Iglys, ambas con fuertes vínculos societarios con el grupo Macri (sí, la cárcel también es un gran negocio). Si el modelo no cambia, los ladrillos y las camas no resolverán el problema. Mayor atención al ser humano en lugar de tanta seguridad y vigilancia que hace de las cárceles meros depósitos de carne humana. Que las personas encuentren oportunidades y que sus familias no padezcan las consecuencias del encierro, la estigmatización ni el olvido.

Los involucrados se culpan entre sí cuando la responsabilidad es compartida, como también las posibles soluciones. Los medios meten miedo y echan culpan por partes iguales, inclinando la balanza contra quienes estudian recortar privilegios. Los legisladores son responsables porque a la hora de agravar penas o restringir libertades, nada dicen sobre la situación carcelaria (recordemos, entre otras, las leyes denominadas Blumberg, aprobadas en 2004, por las que se elevó el máximo de pena de 25 a 50 años de prisión, o la modificación a la ley de drogas de 2005): También los funcionarios de la administración, porque tienen el manejo directo. Por último, los jueces, que son los que deciden quién va y se queda en prisión y aplicar medidas alternativas. Todos ellos se hallan obligados a proteger los derechos humanos.

El código procesal penal federal aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández prevé medidas alternativas a la prisión, pero su aplicación fue dejada en suspenso durante el gobierno macrista, que colaboró sensiblemente a agravar la situación.

La pandemia puso en vidriera la cuestión carcelaria. Tenemos una posibilidad de ser mejores como sociedad si velamos por los más vulnerables, como dicen Mandela y Dostoievski. Podemos aprovecharla, o seguir alimentando el monstruo que sólo nos devolverá nuestro propio rostro.