La información proviene del gobierno de Corrientes: de los 78 casos positivos de coronavirus en esa provincia, 23 son internos de la Unidad Penitenciaria 1. Según aclaró el parte oficial, "mantuvieron contacto estrecho con otro recluso positivo". El 21 de abril esa cárcel había sido escenario de una protesta, que algunos medios se apuraron a denominar motín, donde fue asesinado el preso José María Candia, de 22 años, durante la represión de los agentes penitenciarios. Para los referentes de derechos humanos, los guardiacárceles contagiaron a los presos.

"El brote de covid-19 en el Penal 1 (de Corrientes) es el resultado del contagio a la población penal por personal penitenciario que estando en cuarentena fue convocado a reprimir a la población el pasado 21 de abril, con el resultado de una muerte por represión, 24 infectados por covid-19 y un estado que no se hace cargo de la salud y la vida de sus ciudadanos, presos o no", denunció Hilda Presman, dirigente de derechos humanos, en la agencia APL. "Es la crónica de un desastre anunciado: cárceles hacinadas, mala alimentación, superpoblación, falta de respuesta estatal, judicial, de gobierno y sanitaria", agregó. Presman explicó que se trata de presos aislados que no tienen contacto con el exterior. 

"La propagación del contagio en las prisiones es responsabilidad de quienes tienen contacto con ellos, o sea penitenciarios, y quienes dan directivas respecto al manejo de la población penal", afirmó Presman. La referente en derechos humanos del Litoral recordó que desde el inicio de la pandemia presos, familiares, organismos de derechos humanos y comités de expertos alertaron sobre la grave crisis humanitaria por el colapso de salud que vendría si no se atendía la situación de las cárceles. En esa provincia estaría comenzando a suceder.

En su opinión, habría que realizar ahora mismo un testeo masivo a la totalidad de la población penal y del personal penitenciario, garantizar atención y alojamiento digno para quienes estén en aislamiento y la implementación de una mesa de diálogo urgente entre los servicios penitenciarios, los ministerios, los organismos y los familiares.

Primera muerte intramuros en cuarentena

Tal como ocurrió con el asesinato de Federico Rey, de 30 años, en Florencia Varela, --que fue obra del Servicio Penitenciario Bonaerense pero sus agentes en principio hablaron de una "riña interna"--, del mismo modo en Corrientes los agentes primero dijeron que la pelea fue entre dos bandos de presos. Sin embargo, la jueza de instrucción 3, Josefina González Cabañas, dio a conocer que presentaba al menos diez disparos el cuerpo del interno José María Candia, muerto el 21 de abril. De los disparos sufridos por Candia, de 22 años, "siete son de goma, registrados en el exterior, y tres plomos se sacaron del interior del cuerpo", dijo la jueza a El Litoral. "Una situación casual se descontroló y las fuerzas tuvieron que intervenir, pero claramente el homicidio no tuvo que suceder y eso es materia de investigación", amplió la magistrada, al aclarar que técnicamente no fue un motín.

"Un motín es en reclamo de algo y está organizado, esto fue algo casual que se fue a mayores", indicó la funcionaria para definir la represión en la que murió Candia. Los internos "estaban tranquilos con los hisopados que dieron negativos a los agentes del servicio penitenciario, además de que el viernes dieron libertad a uno de ellos y en la semanas anterior se concedió una libertad condicional". González Cabañas desmintió que el malestar haya tenido que ver con las domiciliarias, dado que esa semana habían iniciado una huelga de hambre, el lunes 20. "El martes se empezaron a poner nerviosos los internos y debió intervenir la fuerza", luego de que durante un partido de fútbol una pelota cruzara un muro y en el intento de un preso por recuperarla un guardia realizó disparos al aire, relató la jueza.