Aunque desde el 1 de mayo se fueron habilitando los permisos Volver a Casa, para que las personas que quedaron varadas por la cuarentena puedan regresar a sus provincias de residencia, todavía hay más de 300 trabajadores golondrina en seis provincias del país que esperan autorizaciones para viajar a sus hogares. Abandonados por sus patrones, sin salarios ni recursos propios para sostenerse, encuentran que las gobernaciones demoran su aval. Para la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, las autoridades provinciales están aplicando una doble vara: los viajeros de clase media o alta son más fácilmente habilitados que los trabajadores temporarios, ante los que surgen innumerables trabas.
Patricio José es uno de los 15 formoseños que están varados en el AMBA, esperando hace más de dos semanas el permiso para volver a su hogar. Trabajaba en una obra en construcción, en Vicente López, aunque prácticamente no conoce a nadie en Buenos Aires. Llegó a la ciudad el 13 de enero, en busca de un trabajo y se empleó como changarín. Con el confinamiento, el 20 de marzo dejó de trabajar. Vivió algunos días dentro de la obra, totalmente solo, hasta que el patrón cargó sus cosas y lo llevó a Lomas de Zamora, a la casa de un pastor evangélico con el que José estaba en contacto y que accedió a hacerle un lugar.
Con la paralización de la obra dejó de cobrar. Su última paga fue por 20 mil pesos, que se le están terminando, cuenta. “Me anoté para el Ingreso Familiar de Emergencia, pero salí rechazado porque figuro en blanco”.
José es el referente de los 15 formoseños varados, que están viviendo donde pueden. Hay un grupo que logró alquilar una pieza y otro que consiguió quedarse en un galpón de su empleador, en Liniers. También una señora que lo ubicó por teléfono desde Lomas de Zamora para pedirle que la ayudara a gestionar, también, su regreso a Formosa. “Me llaman porque no todos tienen la capacidad de contestar las preguntas”, cuenta. Dice que no sólo es difícil esperar sin saber por qué no les permiten volver, sino que sienten una gran dificultad para pedir comida.
El caso es uno de los considerados de mayor urgencia por la directora nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti. Su dirección habilitó un teléfono de asistencia. El de Caba es 0054 9 11 27062855, y hay otros en el interior ingresando a https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj
“Destrabamos el regreso de varios grupos, pero con mucho esfuerzo. Nos llevó más de una semana, a veces diez días, cuando se trata de personas que ya están hace un mes y medio en esta situación y que una vez que lleguen a sus localidades van a pasar por una cuarentena”, señaló la funcionaria. “Son personas a las que les costó mucho hacer visible su situación, porque la mayoría no tiene conectividad, dejaron de percibir ingresos y no accedieron al IFE (el bono de 10 mil pesos para monotributistas). Las provincias en su mayoría tienen actitudes arbitrarias para que ingresen y se hace muy dificultoso el permiso. Luego sigue el problema del transporte, porque no son personas que tengan su propio vehículo ni medios para pagarse un micro”. Debido a las restricciones en la circulación del transporte, deben ser contratados micros o combis especialmente habilitados para esos grupos.
La Dirección ayudó a volver a sus localidades a cosechadores de aceitunas que habían quedado varados en San Juan, a trabajadores de la vendimia mendocina que quedaron a medio camino en Salta y a floricultores, también oriundos de Salta, que habían quedado en Florencio Varela. Pero todavía quedan, según el registro de Acceso a la Justicia, trescientos sin poder regresar, contó Carpinetti.
“Hay dos gobernaciones con las que es muy difícil trabajar, una es la jujeña, de Gerardo Morales, y la otra es la administración salteña, a cargo de Gustavo Sáenz.
Lo más ignominioso es que hay distinta vara, porque cuando tiene que entrar alguien con recursos económicos, de afuera del país se lo deja ingresar, pero cuando tiene que ingresar un migrante interno, para volver a su casa, a su humilde rancho, no lo están dejando. Me consta que cuando ha venido gente del exterior la han dejado entrar a la provincia de Salta y a estos trabajadores, que son migrantes internos, con lo que había mucho menos riesgo, no”, detalló Carpinetti.
Otro caso crítico es el que se sigue dando con los trabajadores golondrina que están tratando de volver desde Mendoza, donde estuvieron en la vendimia, a varias localidades de Salta. Un colectivo que ayer estaba listo para salir con 59 personas y otro grupo de 116 personas, que habían sido asignados a micros de otras dos empresas, no pudieron hacerlo porque les negaron las autorizaciones. Según detallaron en la dirección, parte de estos trabajadores están esperando en las fincas y otros decidieron viajar a la capital buscando respuestas en la terminal de ómnibus. “El sistema de autorizaciones de Salta es muy trabado y la gente nos está llamando pidiéndonos que apuremos una definición porque están llegando los días de más frío y las personas no están en buenas condiciones”, contó uno de los integrantes de la dirección que viene lidiando con los trámites. El consultado explicó, en este sentido, que antes de ponerse en marcha la empresa de transporte tiene que contactarse con cada uno de los municipios de origen de sus pasajeros (algunos van a Orán, otros a Güemes, otros a Pichanal),y recién después de que se tienen todos estos permisos la provincia analiza el caso para dar, a su vez, su habilitación.
Esperan volver, además, otros 11 trabajadores que quedaron en el AMBA, donde estaban para el trabajo en quintas y en casas de familia, 16 que estaban en La Pampa y deben volver a Chaco, y 27 trabajadores de la construcción salteños que quedaron en Santa Cruz.
