En plena pandemia de coronavirus, la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC) avanza a paso firme en el Parlamento uruguayo. El extenso bloque de 500 artículos es una fiel expresión del proyecto de país del presidente de ultraderecha, Luis Lacalle Pou . Los artículos más criticados por la oposición y los sindicatos del país incluyen la privatización de empresas públicas, una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado, medidas de seguridad que le otorgan más poder a las fuerzas represivas, y la criminalización de la protesta social. Este jueves, sin embargo, senadores opositores lograron que el Ejecutivo retire un artículo que habilitaba a ser titulares de inmuebles rurales a sociedades anónimas. El pasado 23 de abril, el gobierno concretó el ingreso formal del proyecto de ley al Parlamento, y ahora contará con 90 días para su debate y posterior aprobación.

Si bien por el momento el Poder Ejecutivo no se dispone a debatir los artículos más candentes de la LUC, este jueves cedió en parte al retirar del articulado el capítulo sobre titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. De esta forma queda trunca la idea de permitir la explotación y tenencia de tierra a sociedades anónimas cuyos titulares sean personas jurídicas. En 2007, la administración de Tabaré Vázquez promulgó una ley que lo prohibía a excepción de autorización expresa del Poder Ejecutivo, recordó al respecto el diario El Observador

Pero el cambio resulta insuficiente para la oposición uruguaya. El espíritu de la "megaley" atenta contra los bienes del Estado y promueve limitaciones al legítimo derecho a manifestarse en la vía pública. En el terreno represivo, libera de consecuencias penales a la llamada legítima defensa. En relación a las empresas estatales, promueve la "desmonopolización" de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) y proyecta además una reforma presupuestaria en el área de la educación.

Frente a ese escenario, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT) definió un plan de lucha que comenzará el 4 de junio con un paro parcial (el primero desde la asunción de Lacalle Pou) y una "gran movilización" al Palacio Legislativo. En los días posteriores habrá varias marchas que se harán a través de caravanas vehiculares, similares a las organizadas con éxito el pasado primero de mayo , día del trabajador.