Otros tres policías fueron imputados en relación al femicidio de la docente Rosa Sulca. Junto a otros dos civiles que cumplen funciones en el Sistema de Emergencias 911. La Fiscalía les atribuye fallas en su actuación, lo que provocó que la Policía de Salta no diera una respuesta adecuada al pedido de ayuda de la víctima, asesinada la madrugada del 28 de abril en su casa de Villa Mitre. Ya suman ocho las personas imputadas por la falla en la asistencia a la maestra. 

Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de Unidad Fiscal Especial formada para investigar la actuación policial en relación a este homicidio, imputaron preventivamente a estos funcionarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. Las audiencias formales de imputación se hicieron entre el jueves y ayer. 

Las acusaciones recayeron sobre el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González, y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera. Los otros dos nuevos acusados son los civiles Pablo Ezequiel Bisón Enríquez y Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, operador y el supervisor del área Demanda Ciudadana del 911. 

El Ministerio Público Fiscal informó que en todos los casos los fiscales consideraron que estos hombres "omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte evitable de la docente Rosa del Milagro Sulca".

La madrugada de su muerte la propia víctima llamó al 911 informando que estaba siendo atacada y pidiendo auxilio. Dos policías de la Comisaría 4º llegaron hasta su casa, pero como no respondía, se fueron, sin verificar el estado en que se encontraba. La docente fue atacada a cuchillazos por una chica de 17 años y un joven de 18. Su cuerpo fue encontrado al atardecer de ese día. 

Bisón Enríquez atendió el llamado de auxilio de Sulca. En su caso, los fiscales le atribuyen haber incurrido en incumplimiento de sus deberes de funcionario público, porque "en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 (...) omitió dar la importancia que revestía la llamada clara de emergencia, y que con una conducta omisiva puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo".

Al supervisor de Demanda Ciudadana, Tintilay Cordeyro, lo acusaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, "toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta".

El despachante policial Herrera fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, "por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio, lo que conllevó ello al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle (el que avisó a los policías que fueron al domicilio de la víctima), no dio cumplimiento a las previsiones legales".

González, que es jefe de Despacho de Emergencias Policiales, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, "por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio (de la llamada) para tomar una decisión en orden a la asignación correcta".

Y Corbera, supervisor de Despacho, fue imputado por los mismos delitos que González, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real. La Fiscalía le reprochó que, pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, haya omitido "cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, teniendo en todo momento a su disposición el audio de la llamada de auxilio".

Los cinco nuevos imputados vienen a sumarse a los tres policías que están acusados en esta causa derivada de la principal, en la que se investiga el femicidio de Rosa Sulca. 

El 30 de abril, los fiscales Simesen de Bielke y Rivero imputaron a Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, los dos policías de la Comisaría 4º que fueron hasta la casa de Sulca pero no verificaron su condición. A ambos se les atribuyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, en calidad de autores. 

Y el 4 de este mes, la imputación alcanzó al comisario mayor Fabián Tolaba, jefe del Centro de Coordinación Operativa, también acusado por incumplimiento de sus deberes y abandono de persona seguido de muerte.