En la previa del último tramo de las negociaciones entre el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y los principales acreedores para avanzar en un canje de la deuda, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) elaboró un informe que si bien respalda la premisa de la "insostenibilidad" de la deuda pública argentina mantenida por el gobierno nacional, denuncia que la estrategia de "amigabilidad con los mercados" supone "resignar la posibilidad de cuestionar la legitimidad y legalidad del endeudamiento . 

"En la coyuntura de la cuarentena, resulta indispensable suspender los pagos de la deuda con el objeto de liberar la presión que ejercen los vencimientos sobre el presupuesto del Estado, liberando recursos para invertir lo necesario en servicios sanitarios, sostener los ingresos de los hogares y garantizar la reproducción de las actividades esenciales", comienza analizando el informe del instituto que orienta el director del Banco Nación Claudio Lozano.  "Por estos motivos, es importante sostener la definición que contiene la oferta argentina de suspender los pagos de capital e interés de la deuda bajo legislación extranjera hasta el 2023", determina, respaldando la propuesta de reestructuración de U$S 65.620 millones de deuda pública en moneda extranjera presentada por Guzmán, la cual supone no pagar nada en concepto de la misma durante los próximos tres años (el primer pago de interés se haría recién en mayo de 2023).

El problema, advierte el informe, es que la estrategia adoptada por el gobierno de Alberto Fernández no "cuestionaría" el mismo endeudamiento heredado, "sino que lo convalida al avanzar en una alianza estratégica con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional". El informe - elaborado por Alejandro López Mieres, Ignacio López Mieres y el mismo Claudio Lozano - denuncia que la estrategia de conseguir que el organismo internacional decretara la insostenibilidad de la deuda pública argentina (facilitando así una negociación con los acreedores privados) llevó aparejado que el gobierno debiese convalidar la validez del préstamo que el Fondo le hizo al país. "En este sentido, es necesario remarcar que dicho crédito no fue realizado en beneficio del país, sino que tuvo como objetivo sostener al gobierno de Mauricio Macri y facilitar su reelección", agrega.

"La posición de la Argentina frente al principal acreedor (FMI) y la estrategia de 'amigabilidad con los mercados' seguida por el gobierno, supone resignar la posibilidad de cuestionar la legitimidad y legalidad del endeudamiento. Se pierde por tanto una herramienta eficaz que fortalecería la capacidad de negociación argentina frente a un proceso de endeudamiento cuyas irregularidades son múltiples. 

La estrategia de la 'sostenibilidad de la deuda' imposibilitó su impugnación, limitando las posibilidades de recomposición económica y productiva y comprometiendo los superávit fiscales y externos de los próximos años", indican los economistas del IPYPP, y advierten: "Si el gobierno mantiene la pretensión de llegar a un acuerdo, deberá resignar algunos de los lineamientos que impuso para lograr la sostenibilidad de la deuda pública. Los acreedores pretenden recibir el 100 por ciento del capital y capitalizar intereses en un período de gracia menor a los tres años. Esto resulta completamente inaceptable dada la situación crítica que atraviesa la economía argentina".