La organización de derechos humanos Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Orán pidió que se tramite en la feria judicial extraordinaria la segunda causa contra el empresario Marcos Jacobo Levín, acusado junto a tres policías y un ejecutivo por las torturas a 17 ex trabajadores de la Veloz del Norte a principios de 1977, durante la última dictadura cívico militar. El pedido se hizo bajo la consigna, "No hay cuarentena para 40 años de impunidad". 

La abogada María José Castillo, representante de la querella de Encuentro, solicitó al Juzgado Federal 1 de la ciudad de Salta que Levín, los policías Víctor Hugo Almirón, Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo y el ejecutivo José Antonio Grueso sean convocados a prestar declaración indagatoria, a pesar de la situación excepcional por la pandemia del coronavirus. La indagatoria ya había sido solicitada por la Fiscalía federal y los querellantes en febrero pasado, antes de que se paralizara todo por la Covid-19.

Los cuatro primeros están imputados por las detenciones ilegales de Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh y Carlos Eugenio Bais. Grueso, que era jefe de personal de La Veloz, también está  imputado en relación a estas personas más el secuestro y las torturas que sufrió en el mismo episodio Víctor Cobos, que era chofer de La Veloz del Norte. 

Esta, conocida como "Causa Levín residual", es la segunda acusación contra el empresario salteño. En 2016 fue condenado a 12 años de prisión por la privación ilegítima de libertad de Víctor Cobos. En ese proceso también fueron condenados Bocos, Almirón y  Cardozo, los dos primeros a 12 años y el último, a 8 años de prisión. Sin embargo, esta sentencia fue anulada por Casación y está todavía a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En la presentación realizada ahora la querella solicitó que se tomen las indagatorias y recordó que el avance de la investigación en causas por hechos de terrorismo de Estado "es una responsabilidad ineludible del Estado Argentino y en particular del Poder Judicial. La mora en este acto procesal, conlleva la denegación de justicia y por ende la impunidad para quienes son responsables de estos graves hechos, comprometiendo al Estado frente a la comunidad internacional y frente a su propio pueblo", añadió.

La querella señaló que en Salta se han ido exceptuando varias actividades. Y si a esto se suma "la naturaleza de los crímenes que se investigan, que sucedieron hace más de cuarenta años y aún está pendiente su resolución", la "habilitación de feria resulta un imperativo en la debida diligencia en el tratamiento de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura cívico-militar".

Castillo explicó a Salta/12 que la continuidad de los trámites "en general se viene pidiendo en todas las causas de lesa", en los juicios orales se están previendo alternativas según la etapa en que se encuentran, mientras que "las instrucciones todas se pueden seguir porque en la mayoría de los casos no implican aglomeración de personas". 

Disciplinando a la clase trabajadora 

En 1977 La Veloz del Norte pertenecía a Levín. A principios de ese año, el empresario denunció a varios trabajadores por un supuesto fraude. Integrantes de la Comisaría Seccional 4º realizaron entonces una serie de detenciones ilegales "con el fin de disciplinar y acallar sus reclamos laborales", sostuvo la querella. Muchos de los detenidos fueron sometidos a torturas en la misma dependencia policial, ubicada en el centro de esta ciudad y que funcionó como centro clandestino de detención. Mediante torturas, los obligaron a firmar falsas declaraciones autoincriminándose y en ese marco "eran interrogados por sus actividades políticas y gremiales, por las personas que asistían a las reuniones gremiales y por la vinculación con la agrupación Montoneros".

La querella recordó que para llevar adelante este cometido, Levín y Grueso pusieron "a disposición de las fuerzas policiales los medios para ejecutar el plan pergeñado": dos automóviles, un Ford Falcon gris y un Torino blanco; armaron también las listas de las personas a detener, brindaron información sobre el movimiento de los trabajadores y las propias instalaciones de la empresa. 

"La imbricación entre las fuerzas policiales y la empresa resultó total a los fines de esta acción represiva, tal como sucedió en otros lamentables casos a lo largo del país", como pasó en la represión a los obreros del ingenio Ledesma y con los de la Mina El Aguilar, ambos de Jujuy, en los que "surge el armado de listas de personas a detener por los jefes de personal, la utilización de vehículos y de las instalaciones de las empresas, así como el estrecho vinculo entre fuerzas de seguridad y empresas, como en el caso de Bocos que era empleado (de La Veloz del Norte) con convenio de colaboración mutua", sostuvo Encuentro.

Respecto de Levín, afirmaron que "es quien decidió que se lleve adelante la acción, puso los medios necesarios para ello y tenía una posición de poder por sobre el personal policial, que si bien no es propia de la jerarquía de la fuerza, igualmente implica la capacidad de orquestar y ordenar la ejecución a quienes fueron los autores en definitiva". La querella afirmó que el empresario "buscaba silenciar las voces de gremialistas que defendían los derechos laborales, con el fin de disciplinar cualquier posible reclamo". 

En cuanto a Grueso, recordó que era quien conocía los movimientos de los trabajadores y "no solo se limito a brindar esa información útil a los fines del operativo, sino que también estuvo presente junto a Levín, y Bocos en la comisaría cuando las víctimas llegaban detenidas".