"Vicentin recibe ayuda del Gobierno para pagar salarios y lo cobran familiares de su dueño". La noticia fue publicada por el portal de noticias infonativa.com, que afirma que en una investigación propia, pudo determinar que la empresa Vicentin SAIC fue beneficiada por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), pese a que sus autoridades están imputadas penalmente en una denuncia por préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga al frente de la entidad.

“Se aprobó tu pago ATP, cobrarás el día 15/05/2020 en tu cuenta bancaria. La diferencia de tu haber debe abonarla tu empleador”, es el texto recibido por los empleados de la nómina que presentó Vicentin para solicitar el subsidio, indica infonativa.com. Entre los favorecidos figurarían Joana, Renato y María Julia Nardelli, familiares directos del dueño de Vicentín SAIC, Gustavo Nardelli, según señala el portal. Este último es uno de los imputados en la mencionada denuncia penal.

Los dos mencionados en primer término, Joana y Renato, son además accionistas de la firma Oro Blanco SRL, según surge de la cesión de bienes que le hiciera su padre, Guillermo Nardelli, inscripta en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe del 11 de diciembre de 2019. La tercera, María Julia, es propietaria de cuotas sociales de la SRL Club Social, que también forma parte del holding empresario familiar.

Otros dos casos que generaron polémica por los beneficios distribuidos a través del programa de ATP fueron los de Techint y Clarin. En estos dos holdings, se sumó además la objeción de que se subsidie a empresas que están radicadas en paraísos fiscales. Siempre según en base a información privada, ya que no hubo confirmación oficial, en el caso del grupo controlado por la familia Rocca, presentaron la solicitud de acceso al ATP tres empresas: Techint Ingeniería y Construcción, Ternium (cuyo personal principal corresponde a la planta de Siderar en San Nicolás, ex Somisa) y Tenaris (planta Siderca, en Campana).

La constructora, totalmente paralizada hasta ahora y desde el inicio de la cuarentena, ya habría accedido al beneficio, por el cual el Estado pagaría parte del sueldo de sus 500 empleados. Ternium trabaja parcialmente por la producción de chapa y hojalata que se destina a elementos o herramientas utilizados en servicios de salud, o en envases de alimentos. Siderca Campana también cumple tareas restringidas. No pudo confirmarse si, en estos dos casos, les fue otorgado el subsidio sobre los salarios.

Clarín, en tanto, si bien pertenece a un rubro que inicialmente había quedado al margen del beneficio, porque la impresión de periódicos no fue inhibida por la cuarentena, en las modificaciones posteriores se le permitió ser considerada como “actividad afectada” y alcanzada, por tanto, por el subsidio.

El programa de ATP recibió un total de 420 mil pedidos empresarios de admisión en el régimen de subsidios al salario de su personal. Las nóminas presentadas englobaban más de cinco millones de empleados. De esas presentaciones, se aprobó y se concedió el beneficio a 280 mil firmas (66% de las presentadas), con una cobertura sobre 2,5 millones de trabajadores (50%).

Allí entraron empresas que cumplieran con el requerimiento de pertenecer a las actividades “afectadas en forma crítica” por la cuarentena, o que hubieran sufrido una “sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 12 de marzo de 2020”, en relación al mismo período de 2019. El texto del Decreto 332 de creación del régimen, excluyó de sus beneficios a las actividades consideradas esenciales durante la pandemia y cuyo personal fue excluido del ASPO. Originalmente, dicho decreto limitaba el beneficio de la “asignación salarial complementaria” a las empresas de hasta 100 trabajadores, pero luego (Decreto 376) se reformó borrando el límite de personal en la nómina. Es decir, que a partir de allí el subsidio no reconoció límites de tamaño de empresa.

Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno creó nuevos requisitos para acceder a los beneficios de la ATP sobre los sueldos de abril y endureció las restricciones financieras para quienes los obtengan. Las empresas a las que se les otorgue el subsidio al pago de salarios quedarán inhabilitadas para distribuir utilidades, recomprar acciones, operar dólar contado “con liqui” o MEP, ni tampoco podrán realizar transferencias a empresas en paraísos fiscales. Inicialmente, esa restricción había sido fijada en 12 meses, pero el Comité de Evaluación y Monitoreo recomendó extender la inhibición a 24. También requirió que las empresas inscriptas para recibir el beneficio sobre los sueldos de abril, además de su facturación informaran sobre sus depósitos, inversiones en dólares y en pesos y sus deudas. 

Al agregar estos requisitos, se dispuso además un mecanismo de salida para las empresas que optaran por retirar su solicitud del beneficio. Tras estas modificaciones, unas treinta empresas pidieron ser dadas de baja en el programa ATP.