El ministro de Seguridad Marcelo Sain declaró el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales de toda la provincia, y ordenó no recibir más detenidos hasta que no se adecuen las capacidades de alojamiento en esos lugares, donde hoy "no se respetan los derechos humanos de los privados de libertad", según afirmó en una entrevista radial. La medida se tomó luego de la inspección realizada desde marzo hasta la fecha en los penales santafesinos, que arrojó un total de 723 personas detenidas, cuando la capacidad de la provincia llega a 664 plazas. Según el informe, la situación se vuelve critica en el departamento La Capital, donde tienen el doble de ocupación, ya que cuenta con 250 detenidos para 131 plazas. Sain apuntó una salida para el problema: los 600 presos federales alojados por la provincia, cuyos lugares de alojamiento podrían ocupar los detenidos en comisarías.

En rigor, el estudio sobre los detenidos fue ordenado luego de una audiencia realizada el 12 de mayo por un hábeas corpus correctivo en favor de los alojados en la comisaría 12° de la Unidad Regional 1, en la que se resolvió intimar al Ministerio para arbitrar las medidas tendientes a subsanar los excesos de alojados.

Además de las cantidades excesivas de detenidos, en la resolución que lleva la firma del ministro de Seguridad Marcelo Saín se destacan "condiciones de vulnerabilidad" en las que se encuentran las comisarías. Esto refiere al mal estado edilicio de las construcciones antiguas, y la falta de obras y de mantenimiento, que representan "un peligro para la vida e integridad psicofísica de las personas detenidas y de los funcionarios/as policiales".

La resolución del Ministerio explica que "en los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas" y estiman que en los próximos meses la situación se complicará si no toman esta medida. "No es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca", indica la resolución.

La resolución también destaca que "toda la actividad que conlleva el cuidado de personas detenidas en lugares policiales, fuera de las funciones propias de la policía de prevención y de investigación judicial, es en detrimento del servicio de seguridad pública, ya que exige destinar recursos humanos y materiales a una función que no es propia de servicio policial provincial".

En el documento hay un pedido al Poder Judicial para que sea quien revea sus decisiones "de disponer el alojamiento de personas en lugares de detención que, por su naturaleza y función, son transitorios y no se condicen con la finalidad del cumplimiento de la pena o de la privación de libertad”. En esa línea, apunta que "la privación de la libertad de una persona en dependencias policiales tiene una naturaleza estrictamente provisoria, por lo que debería extenderse por un brevísimo período de tiempo. Desde que se produce la aprehensión policial de una/un ciudadana/o comienza a correr un plazo legal, finalizado el cual la persona deberá ser puesta en estado de libertad o puede ser objeto de una medida coercitiva determinada por un/a fiscal (arresto o detención), o por decisión de un Tribunal Penal competente (prisión preventiva)".

Sain también recuerda en su resolución que "el 16 de maarzo de 2017 se dictó la Resolución Ministerial N° 524, por la que se aprobara el Programa de Puntos de Ingreso en el marco del Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías de Rosario y Área Metropolitana, disponiéndose en su Anexo I: "Cuando los detenidos alojados en un Módulo Transitorio de Detención son trasladados a la correspondiente audiencia imputativa, no podrán regresar al mismo lugar en virtud de la naturaleza de los edificios y el normal funcionamiento del Sistema de Puntos de Ingreso. Por lo tanto, dependiendo del resultado de la audiencia las personas detenidas podrán recuperar la libertad ambulatoria o bien, ser alojados en el Servicio Penitenciario". 

La norma solo era aplicada en Rosario, por lo cual se explica por qué esta ciudad tiene muy pocos detenidos en comisarías: al 19 de marzo sólo 9 plazas ocupadas sobre 100 disponibles.

LLevar este criterio hacia el resto de la provincia es por tanto el desafío actual. Eso sí, sólo si se consiguen nuevas plazas penitenciarias.