En las instituciones universitarias públicas argentinas, son históricos y sostenidos los principios de autonomía, cogobierno, libertad de pensamiento y gratuidad. Y, desde la vuelta a la democracia, se incorpora explícitamente el valor del compromiso social como una dimensión igualmente trascendente de la vida universitaria.

La mayor parte de las más de 50 instituciones universitarias públicas que conformamos la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está acompañando la decisión política de seguir dando clases en esta coyuntura, apelando a las posibilidades que brinda la educación mediada por tecnologías, porque creemos que la continuidad pedagógica es una forma de hacer efectivo el derecho a la educación, y renueva el compromiso universitario para con la Patria, actualizando la misión social de la universidad como bien público.

En nuestro país, la RUEDA, creada en 1990, define a la educación a distancia como “una alternativa del mismo valor académico que la presencial, con características peculiares que le permiten adaptarse mejor a determinados problemas, cuestiones o contenidos respondiendo a políticas de democratización y mejoramiento de la calidad de la enseñanza”.

Desde sus orígenes, la educación a distancia utilizó para su realización tanto el envío de materiales impresos por correspondencia como la radio y la TV con finalidad educativa, con la genuina intención de acercarse a distintos destinatarios, tendiendo puentes para hacer realidad el derecho a la educación. En el último tiempo, estas tecnologías se potencian con las digitales que permiten la extensión, expansión y creación de nuevos espacios sociales virtuales para las interrelaciones educativas.

En tal sentido, como miembros de la comunidad universitaria sostenemos que, en la situación emergente, imprevista y extraordinaria de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la alternativa de seguir dando clases en la universidad es una obligación política y pedagógica.

También entendemos que surgen inquietudes y tensiones que preocupan y ocupan desde la gestión y la docencia.

En este contexto, se hacen visibles desigualdades que caracterizan la situación socioeconómica de los y las estudiantes del sistema universitario nacional. Esto, lejos de desanimarnos, nos obliga a pensar y recrear condiciones adecuadas para facilitar el acceso, como la gestión para que los portales educativos y campus universitarios no consuman datos, la impresión y acercamiento a los hogares de materiales de estudio o el otorgamiento de becas de conectividad.

Por otro lado, existe una preocupación genuina por garantizar la calidad de las propuestas de enseñanza, siendo que en poco tiempo tuvieron que contemplar (como única opción) la mediación tecnológica para su desarrollo. El desafío es enorme y las instituciones construyen, con diferentes estrategias y posibilidades, acciones y políticas para acompañar desde el saber específico del campo de la educación a distancia, a los y las docentes en ese complejo proceso de traducción -en tiempo récord-, de la modalidad presencial a la mediada tecnológicamente.

Confiamos en que esta coyuntura sea una oportunidad para repensar las posibilidades de las mediaciones tecnológicas en la enseñanza universitaria, y que estas puedan capitalizarse como un aprendizaje y un compromiso para garantizar tanto la calidad académica como la inclusión educativa.