La orden del presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Javier Buján, de cerrar oficinas de ese organismo en el interior del país ya empezó a generar resistencia. Una de las primeras en reaccionar ante el ajuste fue la ex titular del Inadi María José Lubertino, quien además consideró grave que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, “no estaba al tanto de esta decisión”.
Bujan fue nombrado por Garavano en diciembre de 2015. En junio de 2016 fue denunciado por "Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", en setiembre el juzgado Criminal y Correccional Federal Número 4 a cargo de Ariel Lijo desestimó la causa "por inexistencia de delito". En los últimos días, según denunció Lubertino, comunicó a las distintas oficinas que el Inadi tiene en todo el país que debían buscar alguna otra dependencia donde instalarse y que en los casos que no lo hicieran se procedería a cerrar las sedes. El objetivo no es otro que el ahorro.
A fines de febrero, ya había circulado un correo del sector de Recursos Humanos que avisaba a los trabajadores contratados que habían decidido “cancelar la designación transitoria”. Entonces, los gremios alertaron sobre la situación. Ahora, la ex directora denuncia que esta nueva orden va en contra de la federalización que alcanzó el organismo en 2009, cuando abrieron oficinas “desde Jujuy a Tierra del Fuego”.
En ese sentido, la ex directora denunció que la orden de Bujan corresponde a “un organismo que ha dejado de tener presencia pública y que, al no tener volumen de tareas, va recortando y retrayéndose”, y agregó: “los errores de ese funcionamiento se deben corregir volviendo a recuperar la energía en la lucha contra la discriminación y no recortando”.
