Bonos y cheques para resolver la deuda por obra pública

El acuerdo que conformó a todos

El gobierno provincial anunció esta semana el convenio con constructores por 6.100 millones. Detalles de la negociación
El gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenioEl gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenioEl gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenioEl gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenioEl gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenio
El gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción firmaron el convenio 

El gobierno provincial y las Cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe llegaron a un acuerdo para reestructurar la deuda por certificados de obras caídos por unos 6.100 millones de pesos, según datos oficiales. El 75% lo cancelará con un título público y el 25% con cheques de pago diferido. Las deudas de hasta 5 millones de pesos se cancelarán de una vez, a corto plazo y en efectivo. Las partes salieron satisfechas de la mesa de negociación. El gobierno consiguió sostener la estructura ofertada inicialmente, consistente en reducir al mínimo los pagos durante 2020 y repartir el resto en cómodas cuotas desde febrero de 2021 a mediados de 2023.

Las empresas constructoras, por su parte, se llevaron compensaciones por la quita que implicaba el estiramiento de plazos. Esa fue la objeción central a la oferta inicial: estaban dispuestos a ceder tiempo, pero exigieron que la quita (licuación del capital de deuda por inflación e intereses no reconocidos) no sea tan grande.

Cabe recordar que la negociación era sobre certificados de obra impagos desde mediados de 2019 en adelante, cuya primera cuota se cancelaría en febrero de 2021, con montos actualizados a junio de 2020.

Vuelta de página

“En el acuerdo final se logró mejorar los instrumentos de pago, como la eliminación del techo a la tasa de interés y la posibilidad de que los bonos sirvan para cancelar deudas tributarias y no tributarias y como garantías para créditos", explicó a Rosario/12 Pablo Nazar, presidente de la CAC Rosario y negociador junto con su par de Santa Fe Renato Franzoni.

"A pesar de las pérdidas que esto ocasiona a las empresas era necesario cerrar. Como en toda negociación, llega un momento en que dejar que transcurra el tiempo no tiene sentido”, indicó.

Si bien se descarta que la gran mayoría de las empresas se acogerá a este plan de pago, el acuerdo logrado no es vinculante. Es decir que no clausura la vía del reclamo judicial para las empresas. En la práctica ese camino sólo podrían tomarlo constructoras que se estén retirando del mercado de la obra pública o en liquidación, porque difícilmente un contratista pueda ganar licitaciones del Estado mientras por otra ventanilla demanda al mismo Estado.

Los negociadores por el gobierno fueron los ministros de Economía, Walter Agosto, y de Infraestructura, Silvina Frana. Ambos coincidieron que acordar el pago de la deuda con los contratistas era necesario para retomar obra pública de la actual gestión, condicionada por la crisis de la pandemia, lo que hace que no se conozcan prioridades ni recursos disponibles. El senador nacional Roberto Mirabella afirmó que “al cancelar toda la deuda consolidada, empezará una nueva etapa de inversión real pública en cada punto de la provincia".

El acuerdo llega a 7 meses de la asunción del gobierno y después de durísimas polémicas con la oposición por la deuda flotante recibida. La gestión anterior había desacelerado el ritmo de obra y cancelación de certificaciones de obra a partir de la derrota electoral. El nuevo gobierno directamente suspendió pagos y toda la obra pública, salvo lo referido a la emergencia por la pandemia.

Detalles del acuerdo

Los bonos devengarán intereses trimestrales a partir de su emisión, que se estima será entre julio y agosto, y el primer pago por capital de deuda recién lo realizará en el segundo semestre de 2021. Con respecto a la tasa de interés, el decreto del gobernador establecía que fuera tasa Badlar, pero con un máximo de 40 por ciento, techo que los constructores lograron que se eliminara en el acuerdo final.

El gobierno destacó que esos bonos podrán negociarse en los mercados de valores y que las empresas podrán con ellos garantizar el mantenimiento de ofertas, contratos o como fondo reparo de futuras licitaciones. Sin embargo no es el aspecto más atractivo para las empresas constructoras. Lo que les importaba era que puedan usarse para cancelar deudas tributarias y no tributarias y como garantía para obtener créditos. Sobre esto último el Ministerio de Economía definirá con el agente financiero de la provincia condiciones específicas a tasas convenientes.

En el caso de los cheques de pago diferido, la oferta inicial era en cuatro cuotas a pagar en febrero, marzo, abril y junio de 2021. Esa estructuración temporal se mantuvo, pero en la mesa de negociación los empresarios consiguieron que les reconocieran intereses desde el momento de la emisión hasta el vencimiento del cheque.

De este modo Santa Fe se sumó al resto de las provincias que en su gran mayoría están reestructurando deuda flotante que quedó impaga por la crisis del segundo semestre de 2019 y el golpe de gracia que significó la pandemia 2020. El mismo gobierno nacional insta a las provincias a avanzar en ese sentido, tras advertir que no tiene en sus planes asistirlas para cubrir vencimientos ni en pesos ni en dólares.

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