El juez Andrés Gallardo ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que entregue a todos y todas las estudiantes en condición de vulnerabilidad social un dispositivo que le permita continuar con la educación a distancia. Para esto, suspendió los requisitos de la normativa actual del Ministerio de Educación porteño que, al entender del juez, son restrictivos para que la totalidad de los alumnos y alumnas accedan a la educación durante la cuarentena. Además, el magistrado dispuso que el Gobierno porteño deberá instalar antenas que provean WiFi en todas las villas y asentamientos de la Ciudad. De no poder hacerlo, deberá entregar celulares con datos a los estudiantes de primaria que los necesiten.
Como adelantó este diario
, la medida cautelar que firmó Gallardo fue solicitada por un conjunto de ONGs y sindicatos docentes, además de por legisladoras y legisladores de la oposición porteña. Tras un intento del Gobierno porteño por frenar la causa --lo recusó a Gallardo y la Cámara le rechazó el planteo--, el juez dejó constancia de algunas extraños giros para frenar la acción judicial: por caso, el asesor tutelar Damián Natalio Corti fue quien inició la causa, pero "a menos de una hora de sorteada la demanda, solicitó la suspensión del proceso". Luego dijo que había llegado a un acuerdo con el Gobierno porteño y que pedía que se cerrara la causa.
Antes de que eso ocurriera, se presentó el sindicato UTE-Ctera, quien planteó que la resolución 13, dictada por el Ministerio de Educación porteño, era restrictiva dado que limitaba la entrega de notebooks a quienes recibieran la AUH. En la causa se sumaron demandas de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Observatorio del Derechos a la Ciudad (ODC), quienes presentaron casos de familias de bajos ingresos que no cumplían con los requisitos para recibir una notebook y, sin embargo, la necesitaban para que sus hijos o hijas pudieran seguir estudiando. En el expediente, UTE-Ctera también indicó que no es adecuado que la educación remota se haga “por ejemplo, con una sola netbook para 4, 5, 6 o siete hermanos”. Tampoco había soluciones para las zonas de la Ciudad sin conectividad.
En esa línea, también ingresaron a la causa como demandantes un grupo de madres y padres de distintas villas, que reclamaban una conexión de Wi Fi. Pusieron como ejemplo que habían instalado antenas para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lugano "y luego se las llevaron". A la causa también se sumaron como amicus curiae los legisladores Ofelia Fernández, Lorena Pokoik, María Bielli y Santiago Roberto. Este último, al conocerse el fallo, dijo: "El Gobierno porteño se está ahorrando mucho dinero por los servicios de agua, luz y gas que no se están usando. Por eso proponemos que esos recursos extras se destinen al pago de la provisión de Internet para los chicos y chicas más vulnerables para achicar la brecha digital, teniendo en cuenta que en este contexto no tener Internet es no tener acceso a la educación".
Consultado por este diario, el Ministerio de Educación porteño sostuvo que lleva entregadas más de 4000 notebooks a préstamo y sobre 681 mil cuadernillos pedagógicos, producidos por la Ciudad. El criterio es que tienen prioridad aquellas familias con AUH o con beca escolar. Lo mismo argumentaron en la causa. Las explicaciones no convencieron al juez. Según indicó en su fallo Gallardo, "se desprende que luego de casi 3 meses de dispuesta la suspensión de clases presenciales, las autoridades locales no han instrumentado medidas concretas y efectivas que aseguren a todas y todos los alumnos y alumnas ese derecho, de poder continuar realizando desde sus hogares las actividades propias del ciclo lectivo que se encuentren cursando".
El magistrado le apuntó a las condiciones que pusieron para obtener una notebook: "Las normas recientemente dictadas parecen constituir, en lo que hace al acceso igualitario a la educación, meras expresiones de deseo que no se ven reflejadas en políticas públicas concretas, sino que, por el contrario, tendrían como resultado acentuar la desigualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, frente a quienes sí cuentan con los medios tecnológicos para continuar con el proceso de aprendizaje en forma remota o virtual". "Se impusieron una cantidad de requisitos que, sin ninguna razonabilidad, excluyen a una gran porción de los alumnos y alumnas que carecen de recursos para obtener tales medios tecnológicos", remarcó el juez.
"El Gobierno porteño no explica de qué modo los niños y niñas que no tienen computadoras en sus hogares, y que no tienen acceso a Internet, podrían mantener contacto con sus docentes para continuar con el proceso de aprendizaje, con el lamentable resultado de una gran cantidad de estudiantes que desde hace casi tres meses se encuentran imposibilitados de realizar las actividades pedagógicas propias de los ciclos que cursan", indicó Gallardo.
El juez ordenó que en un plazo máximo de cinco días entreguen dispositivos digitales (computadora portátil, notebook o tablet) a quienes sean estudiantes de una escuela pública o de una privada con cuota cero y se encuentren en situación de vulnerabilidad social (esto es, vivan en una villa o asentamiento, o sean sujetos de alguno de los programas sociales nacionales o porteños) "para acceder a internet y realizar las tareas escolares que garanticen su continuidad pedagógica en modalidad virtual o a distancia". Para esto, anuló los requisitos actuales dispuestos por el Gobierno porteño e indicó que se debe crear un registro de los solicitantes y un mecanismo de entrega. Si la demanda excede la cantidad actual de dispositivos, ordenó elaborar un plan para satisfacer a todos los demandantes, con un esquema de prioridades de entrega.
Además, Gallardo dispuso que el Gobierno porteño instale en las villas en un plazo de cinco días antenas para proveer Internet, de la misma forma que ya existen en plazas y espacios públicos. Si llegan a argumentan algún impedimento técnico, dispuso que tendrán que entregar "un dispositivo movil con línea de datos a cada grupo familiar conformado por niños o niñas que condurren a establecimientos de nivel primario".
Medidas urgentes para paradores
El juez Guillermo Scheibler ordenó que el Gobierno porteño entregue los protocolos, testeos, vacunaciones y alimentación que está proveyendo en los paradores y sitios de aislamiento para personas en situación de calle. Y dispuso que si no cuenta con esas medidas, deberá tomarlas de forma inmediata. El fallo llega después de la muerte de Javier Macrino, una persona que había sido desalojada 72 horas antes de fallecer y que tenía síntomas que son compatibles con el coronavirus (de lo que se informa aparte ). La cautelar se dictó en base a una presentación judicial que hizo la legisladora Laura Velasco, luego del contagio masivo que llevó a cerrar el parador de Retiro. “Hace una semana murió Agustín, un chico de 16 años en la calle. Es el Gobierno porteño quien debe garantizar el cumplimiento del decreto nacional en la Ciudad, además de llevar adelante una política pública integral, porque está claro que las herramientas de asistencia con las que se cuenta no alcanzan", indicó Velasco. “Queremos que el Gobierno porteño se haga cargo de las personas en situación de calle en este contexto de pandemia, con la adecuación y protección específica y necesaria. Lo sucedido en el parador de Retiro no puede repetirse y mucho menos podemos aceptar más muertes”, indicó la legisladora.
