En el Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, el Gobierno anunció el envío de tres proyectos de ley que muestran un cambio drástico respecto a lo hecho por el macrismo, que durante cuatro años mantuvo el reclamo en el freezer. Las iniciativas se refieren a la protección de la plataforma continental con sus nuevos límites y de sus recursos pesqueros, con la aplicación de severas multas para los barcos que sean capturados. Y, con el objetivo de que la estrategia respecto a las islas se convierta en una política de Estado, se plantea crear un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas con la representación de varios sectores, incluyendo a la oposición. 

"Ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía", escribió el presidente Alberto Fernández en las redes. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo pasado, Fernández había anticipado la preparación de estas tres iniciativas que vuelven a instalar la cuestión Malvinas en la agenda de la política exterior. El macrismo, si bien había mantenido el reclamo de manera burocrática, se esmeró en no darle ningún impulso y, en lo posible, realizó gestos de cercanía con el Reino Unido.

El canciller Felipe Solá, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, se reunieron durante casi dos horas con el Presidente para pulir los últimos detalles del anuncio que luego presentaron a través de un video que debieron grabar, dado que se hizo tarde para conferencia de prensa. Solá explicó que los límites de la nueva plataforma son el resultado de un trabajo de largo plazo, iniciado en 1998 por una comisión especial que finalmente en 2009 presentó su propuesta en las Naciones Unidas. Cinco años después, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU resolvió aceptarla. El canciller calificó como "una nueva Argentina" la superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados de la nueva demarcación, que obviamente también abarca las Malvinas y sus espacios circundantes. 

Una ley oficializando las coordenadas de la plataforma servirá para darle una mayor seguridad juíridica a los recursos dentro de ese enorme espacio marítimo. Eso se relaciona con la iniciativa que actualiza los montos de las penas por pesca ilegal y las ata al precio del combustible. A partir de ahora, la pena mínima para un buque que sea capturado en aguas argentinas equivaldrá a 500 mil litros de gasoil y la máxima el equivalente a 3 millones de litros. En Cancillería destacaban que en los cuatro años de gestión de Cambiemos habían sido capturados sólo dos buques pescando de manera ilegal y que en los meses que lleva esta administración ya apresaron tres. Si los hubieran sancionado con los nuevos montos, el Estado podría haber recaudado 430 millones de pesos. 

De las tres, la creación de una comisión nacional permanente que asesore en los temas relativos a Malvinas seguro es la iniciativa de mayor peso político porque contempla la participación de la oposición. "Cuando un gobierno cambia la estrategia, perdemos intensidad en nuestra capacidad de reclamo", explicó Filmus el sentido de esta propuesta. La comisión, de 16 miembros, estará encabeza por el propio Presidente, y el canciller, el secretario de Malvinas y el gobernador de Tierra del Fuego también formarán parte. Luego habrá un representante de los tres principales bloques del Senado, tres representantes del ámbito académico con trayectoria en la cuestión, dos especialistas en derecho internacional y un representante de los ex combatientes de Malvinas. 

"El objeto es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria", explica el proyecto que se enviará al Congreso. En el Gobierno imaginaban que las tres iniciativas serían aprobadas por unanimidad, aunque el funcionamiento del Parlamento siempre deja un espacio libre para la sorpresa.