La inseguridad está, desde hace décadas, entre las principales preocupaciones de las sociedades latinoamericanas. Una de las notas que marca una evolución favorable en su tratamiento es su abordaje desde los gobiernos locales. Ellos van asumiendo responsabilidades respecto de una problemática que antes remitían a otras instancias del Estado. En su marco, una buena práctica es la creación de policías municipales: cuerpos civiles armados de hombres y mujeres con capacidades investigativas y de control, régimen propio cuya cabeza es el intendente y que responde a estrategias diseñadas por y para los municipios.
Lograr esa meta implica un esfuerzo en recursos humanos y materiales muy intenso. Debe planificarse debidamente y sobre la base de evidencia; lograr el dictado de las normas correspondientes, luego de dar, de una vez, la discusión sobre una autonomía municipal robusta, y ajustarse a protocolos internacionales. Este proceso, que lleva largos meses o, aun, años, suele incluir períodos de pruebas piloto, con instancias de monitoreo y evaluación, y la participación ciudadana.
Las dificultades y los “tiempos políticos” –que pretenden justificar toda improvisación– han llevado a los gobernantes locales a buscar, de manera solapada, supuestas soluciones intermedias. La más común y peligrosa es la creación de guardias urbanas, o grupos de empleados municipales que, con apariencia de una policía pero sin sus facultades, sale a las calles con objetivos difusos y resultados inciertos.
La oposición técnica a estos híbridos securitarios puede resumirse en las cinco razones siguientes.
- La primera razón es política: así, se retrasa el debate sobre las verdaderas policías municipales, que sí han probado efectividad en los municipios donde se implementaron con acierto.
- La segunda razón es legal: es muy dudoso que las actividades pretendidas puedan habilitarse a través de disposiciones de los poderes ejecutivos locales o de ordenanzas comunes de sus cuerpos deliberativos. Una modificación sustancial en las funciones centrales de los municipios requiere un debate profundo, legislativo y social.
- La tercera razón es prudencial: se corre un riesgo extremo de carácter doble. Por una parte, enviar a la calle a vehículos sin blindar con choferes y tripulantes no capacitados para tareas específicas los pone en peligro cierto, físico y material. Es contradictorio reclamar por la formación breve de los policías tradicionales y, a la vez, tolerar la utilización, para tareas pretendidamente parecidas, de empleados de un municipio sin formación adecuada. Por otra parte, ese riesgo se traslada a la totalidad de la ciudadanía, que puede ser víctima de decisiones o reacciones desacertadas del personal inexperto.
- La cuarta razón es consecuencial: estos proyectos con alto impacto mediático suelen tener un impacto social inversamente proporcional. Esta falsa expectativa se genera en los vecinos por cuanto asumen que podrá ser asistidos en situaciones que quedan fuera del alcance de estos cuerpos.
- La quinta razón es económica: estos casos son modelos de mala distribución de recursos. Se emplean vehículos y agentes municipales para cubrir funciones imprecisas, que podrían satisfacerse con herramientas existentes, potenciadas o redefinidas, en lugar de destinarlos a tareas más urgentes e importantes. La situación suele agravarse por la necesidad de gastar en policías adicionales para cuidar a los guardias urbanos.
En definitiva, la inseguridad es una cuestión demasiado profunda como para asumir actitudes superficiales. Los alcaldes e intendentes latinoamericanos enfrentan una oportunidad única para tomarse en serio los desafíos que implican su abordaje. Desperdiciarla no tiene solo costos políticos para ellos, sino consecuencias graves para los ciudadanos. Por una vez, los funcionarios deberían desoír aquel consejo de Sarmiento sobre hacer las cosas mal, antes que no hacerlas, para mostrar modernidad y dinamismo.
Tobías Schleider es profesor titular de Modelos Comparados en seguridad ciudadana (UNS) y consultor de organismos internacionales.
