El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es una herramienta fundamental para identificar a los nietos y las nietas que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan hace casi cinco décadas. Por como quedó redactado el proyecto de la ley ómnibus que los diputados de La Libertad Avanza (LLA) llevarán el lunes al recinto, el BNDG podría disolverse si así lo decide el gobierno de Javier Milei. La preocupación sobre el futuro del BNDG se extiende por estas horas. Creado durante el gobierno de Raúl Alfonsín, desde el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) –que preside el senador Martín Lousteau– llamaron a garantizar su preservación.
El 20 de febrero de 1986, dos meses después de la sentencia en el Juicio a las Juntas, Alfonsín recibió a tres representantes de Abuelas de Plaza de Mayo: Estela de Carlotto, Rosa Roisinblit e Isabel “Chicha” Mariani. Las tres mujeres fueron a pedirle al mandatario que enviara al Congreso un proyecto para darle validez legal a los análisis genéticos que se hacían en el Hospital Durand para identificar a los niños que habían sido robados durante la dictadura y que, además, se conformara un banco de datos genéticos.
En 1987, el Congreso aprobó la creación del BNDG a través de la ley 23.511. Desde entonces, contribuyó la identificación de más de 100 niños y niñas robados durante los años del terrorismo de Estado. En 2009, se aprobó la ley 26.548 que le daba el carácter de organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El artículo 3 de la ley de Bases faculta al Poder Ejecutivo a modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades de organismos descentralizados o centralizados. También lo habilita a reorganizarlos, resolviendo su disolución total o parcial. El BNDG no fue incorporado a la nómina de organismos que no pueden ser eliminados por la gestión Milei –que, hasta ahora, puso en duda el número de desaparecidos y calificó como “excesos” los crímenes de la dictadura.
La ausencia del BNDG de la lista de organismos protegidos encendió las alarmas en distintos frentes –entre los que se cuenta el judicial. “Algunos legisladores radicales se manifestaron en disidencia con ese artículo. Lo hicieron después de pedir insistentemente que el BNDG y otros organismos fueron excluidos de la lista de organismos que pueden ser disueltos, a lo que el bloque oficialista se negó sistemáticamente”, advirtió en su red X la diputada radical Danya Tavela.
El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado instando a garantizar la preservación del BNDG. “Estamos a tiempo de defender el BNDG en el recinto, honrando nuestros más preciados valores”, sostuvieron. No pocos vieron en la declaración una estrategia de Lousteau –quien se reunió días atrás con referentes de organismos de derechos humanos– para marcarle la cancha a Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de diputados de la UCR y parte de la oposición dialoguista. Este diario intentó comunicarse con de Loredo para consultarle cuál será su postura pero no obtuvo respuesta.
Desde la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, le dijeron a Página/12 que van a “apoyar obviamente” la postura que señalaron desde el Comité Nacional de la UCR.
Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) -Unidad se oponen a la ley en su conjunto. “Me preocupa muchísimo que el Congreso pueda llegar a votar una ley que delega facultades en Milei para disolver organismos, entre los que está el BNDG. Nos alarma porque ya adelantó su posición respecto a la dictadura y especialmente porque conocemos la de la vicepresidenta Victoria Villarruel”, señaló a este medio Carolina Gaillard, diputada de UxP.
“La posibilidad de disolver el BNDG está dada en un contexto de entrega y colaboracionismo con un gobierno que promueve la impunidad de los genocidas e intenta implementar normas como el ‘fondo de cese laboral’ que (Jorge Rafael) Videla, (José) Martínez de Hoz y (Alberto) Rodríguez Varela impusieron para la UOCRA y que ahora pretenden extender a todos los trabajadores”, añade, por su parte, la diputada del FIT Myriam Bregman. “No es casualidad: detrás de la votación del día lunes están las patronales que se enriquecieron con el golpe genocida. El que vote esta ley sabe lo que hace".
La gran pregunta es si LLA y el PRO están dispuestos a introducir cambios, en particular para proteger al BNDG. “La postura del PRO es que no se puede disolver”, dijo a este diario la diputada Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. “Desde el gobierno entienden lo mismo y nos plantearon que no tienen ninguna intención de hacerlo”, aseguró.
El fantasma del negacionismo
Desde UxP sospechan de las buenas intenciones del gobierno de LLA. “No lo excluyen en la ley, por lo que queda abierto el camino de disolverlo. Hay que conectar esto con lo que pasa en el Ministerio de Defensa. La aparición de cada nieto significa un reconocimiento de los crímenes al igual que los legajos militares que son pruebas. Es parte de una decisión de ir desmantelando las políticas de verdad y justicia”, sostiene el diputado Leopoldo Moreau.
Su colega Hugo Yasky, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, también enlaza este tema con lo que sucede en la cartera que dirige Luis Petri, donde desarmaron los equipos que analizaban los archivos en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. “Estamos impulsando un pedido para que el ministro venga a explicar esta política a la Cámara”, adelantó el dirigente de la CTA.
