“Esta no es una crisis de cortísimo plazo. Enfrentamos un 2020 que va a ser muy malo y un 2021 muy débil, en el mejor de los casos. Y una cosa es resistir dos o tres meses y otra cosa es resistir uno o dos años. En consecuencia, se vuelve necesario evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria”, advirtió Julio Berdegue, representante de la FAO para América latina y el Caribe. 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y la CEPAL preven un aumento de la pobreza en más de 16 millones de personas en la región, de 67 millones a 83 millones de personas, por lo cual elaboraron una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos para contener el deterioro de las condiciones sociales. 

Los organismos pidieron que los países lancen bonos alimentarios dirigidos a todas las personas en situación vulnerable, equivalente al 70 por ciento de la canasta de indigencia, que en la Argentina es de 20 mil pesos para un hogar de cuatro miembros. 

Destacaron que la tarjeta Alimentar que entrega el Ministerio de Desarrollo Social va en el sentido de esa propuesta y que será necesario ampliarla para atender a los nuevos desafíos.

Situación compleja

En relación a la situación nacional, Berdegue consideró que “el gobierno de Alberto Fernández heredó una situación extremadamente compleja. No tiene explicación que un país que dice poder alimentar a 400 millones de personas tenga semejante problemas de hambre. Claro que nos interesa que el sector agropecuario argentino sea extraordinariamente potente, porque Argentina es una pieza de la seguridad alimentaria del planeta. Pero no puede ser solo eso”.

El especialista de la FAO para la región detalló que “el plan 'Argentina sin hambre' está bastante bien concebido, de hecho hemos tenido mucho diálogo con las autoridades para su confección. El énfasis en la tarjeta Alimentar es justamente el tipo de medidas que estamos proponiendo. Es probable que se tenga que extender. Claramente, la situación fiscal del país no es la mejor, pero hay un contexto que permite hacer ese esfuerzo fiscal. 

De hecho, la propia directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recomendó días atrás a los gobiernos que "gasten todo lo que puedan, ya veremos cómo hacemos más adelante”. 

“El plan Argentina sin hambre todavía no ha tenido mucho tiempo de aplicación. Pero creemos que es una estrategia que si se puede mantener tiene altas probabilidades de llegar a buenos resultados”, concluyó Berdegue.

Precios

Según la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, “en la región está aumentando la posibilidad de tener una crisis alimentaria. Nuestras estimaciones arrojan un aumento de la pobreza en más de 16 millones de personas, de 67 millones a 83 millones de personas”. 

Detalló que “los precios de los alimentos a nivel interno han aumentado más que el nivel general de precios, a pesar de que los precios internacionales de la mayoría de los alimentos han caído. Lo que presiona al alza en el precio interno de los alimentos es la devaluación de las monedas nacionales. Los países más afectados son Venezuela, Brasil, México, Argentina y Uruguay”. 

Consultada por este diario, Bárcena ponderó la estrategia nacional de controlar precios a través del listado de precios máximos "porque permite evitar especulaciones en un contexto inflacionario". En relación a la situación de la cuarentena en la Argentina, evaluó que "actualmente hay un esquema heterogéneo, porque en las zonas más densamente pobladas hay más problemas de contagios, como sucede en toda nuestra región. Para nosotros, la dicotomía entre salud y economía es falsa, porque sin salud, no van a poder funcionar las economías".

Bonos

La CEPAL y la FAO pidieron complementar la entrega de los bonos de emergencia (que se lanzaron en todos los países y en la Argentina tomó la forma del IFE) con los “bonos contra el hambre” a través de transferencias y cupones de alimentos dirigidos a toda la población en situación de pobreza extrema. 

En Argentina, el bono de alimentos se canaliza a través de la tarjeta Alimentar, que permite comprar comida por un monto de 4 mil pesos mensuales para las familias con un hijo o hija en edad escolar o discapacitado y 6 mil para hogares con dos o más niños o niñas.

Berdeguer agregó que “el deterioro de la seguridad alimentaria implica no solo que las personas dejan de comer lo suficiente, sino que además se mueven hacia dietas más baratas y menos nutritivas, lo cual genera consecuencias muy serias. En la región no tenemos un problema de escasez generalizada de alimentos ni de alzas generalizadas de precios. No vemos un gran colapso en la producción sino miles de pequeñas heridas, empresas que quiebran dejando a miles de productores sin acceso a los mercados”. 

En tal sentido, la CEPAL y la FAO pidieron que los países desplieguen subsidios y reestructuración de deuda para las pequeñas empresas de alimentos afectadas por la caída de los mercados de exportación y se proteja especialmente a los trabajadores de la cadena de producción de alimentos.