En los próximos días se concretará el traslado de Sebastián Romero de Montevideo a Buenos Aires, y permanecerá quince días a disposición del ministerio de Seguridad porque, a raíz de la pandemia el Servicio Penitenciario Federal no acepta ningún nuevo preso. Identificado por la mayoría de los medios como Gordo Mortero, porque en la foto que se difundió tras aquella intensa jornada de protesta y represión tenía pirotecnia atada a una rama, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) fue detenido el sábado 30 de mayo en Uruguay. Estaba prófugo en la causa por intimidación pública iniciada por la ministra Patricia Bullrich contra una decena de manifestantes luego de la manifestación donde miles de personas arrojaron durante varias horas piedras desde la Plaza.

La audiencia de extradición tuvo lugar el jueves en la capital uruguaya, en el juzgado de Primera Instancia en lo Penal 32 de Montevideo, a cargo de Patricia Rodríguez. Allí Romero se allanó al pedido de extradición, su intención es llegar a Argentina. En estas horas está siendo informado el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina para que empiece a estudiar cómo hacerla efectiva, con la intervención del consulado argentino en ese país. "La entrega de Sebastián se haría en uno de los puentes fronterizos, podría ser Gualeguaychú-Fray Bentos, por personal policial uruguayo al argentino, como una forma de lidiar con la prevención de contagio de la covid", dijo a PáginaI12 Pablo Ghirardo, de la Plenaria Memoria y Justicia de Uruguay.

Romero, de 35 años, le dijo a este abogado que se encuentra bien y que lo han tratado correctamente, pero permanece incomunicado, sin teléfono. Los abogados Martín Alderete (Cadep) y Mario Villareal (PSTU) están ultimando los detalles con las autoridades de sendos países para el traslado, con la intervención de Interpol, y luego quedará a disposición del juez subrogante de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Este miércoles fue visitado en el Penal de Libertad por una delegación de la agrupación Crysol, de expresos políticos de Uruguay. "Sebastián Romero recibió la solidaridad y apoyo de nuestro colectivo. La solidaridad es un principio irrenunciable de los viejos luchadores sociales aunque tenga mala prensa y no sea bien vista por la oleada derechista. Romero agradeció emocionado la visita y el apoyo recibido. No cuenta con la posibilidad de comunicarse con su familia por no haber teléfono pero ha recibido muy buen trato por parte de los funcionarios del penal", escribió el organismo en un comunicado.

"En la causa está demostrado que Romero no tenía un arma de fabricación casera, sino una rama que tenía atado un Júpiter, que es inofensivo. Se lo ha ridiculizado siendo que es uno de los miles de militantes que acudieron ese día al Congreso a repudiar la reforma previsional que el macrismo estaba aprobando adentro del Parlamento", expresó uno de sus abogados. 

Por su parte, su partido, el PSTU sostuvo que "nuestro compañero Sebastián Romero es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas". Desde esa agrupación trotskista, destacaron que Macri y Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legitima movilización popular contra el ajuste; solo por eso Sebastián hace más de dos años que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia; y por lo mismo, Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz".

A criterio del PSTU, Romero es "un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad que se pretende democrática, por lo tanto decimos que el gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, debe enviarlo de forma inmediata a su país y permitirle la comunicación con su familia, y aquí debe ser liberado por el gobierno de Alberto Fernández y la justicia argentina".

Romero está acusado de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Quedó involucrado en una causa que fue tramitada por el juez Sergio Torres, cuya investigación tuvo 69 detenidos, de los cuales 58 fueron sobreseídos por irregularidades y deficiencias en la aprehensión de los acusados. En esa causa su compañero del PSTU Daniel Ruiz estuvo preso 13 meses en la cárcel de Marcos Paz. Este diario pudo saber que las nuevas autoridades estarían enfocando el caso como lo que sostienen sus compañeros que es, un proceso político, a partir de la aberración que sufrió Ruiz.