Verónica Simesen de Bielke imputó provisionalmente al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; a su ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y al hermano del ex ejefe comunal y ex concejal Aldo Gonza, acusados de delitos contra la administración pública. 

El actual intendente denunció a Gonza la semana pasada por utilizar cuantiosas sumas de dinero de las arcas municipales sin justificativo alguno. Entre la documentación que entregó Manuel Saravia a la justicia, se encuentran unos 90 recibos apócrifos en los que consta que el entonces intendente, su secretario de Hacienda o su hermano retiraban sumas que van desde los $10.000 hasta el millón de pesos a sola firma y con justificativos como “elecciones”.

Gonza fue imputado por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.

En la imputación la fiscala de Delitos Económicos Complejos sostuvo que “el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal”.

Otro de los detalles que quedaron plasmados en la causa tiene que ver con “la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato”, que manifestó y denunció la Auditoria General de la Provincia.

También se acreditó que Gonza realizó, mientras ejercía su mandato, un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero “que a todas luces resulta irrisoria e incompatible con la función ejercida”, informó Fiscalía.

Mientras, Rogelio Higinio Guaymás también fue imputado por los mismos delitos en su carácter de ex secretario de Hacienda. “Guaymás incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo en consecuencia un grave perjuicio al erario municipal”, declara la imputación.

La fiscala estimó en unos $3.701.724 la suma que habrían manejado a través del mecanismo ya descripto de retirar dinero sin ningún tipo de control o rendición de cuentas en el período que va de 2017 a 2019.

Simesen de Bielke también entendió que las maniobras de fraude a la administración municipal no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Gonza, quien siendo concejal y “a sabiendas de que no formaba parte esa administración”, retiró al menos unos $ 539.215 mediante la firma de vales, sin la constancia de su devolución. Por lo que fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipe necesario.

La auditoría externa que realizó el intendente Manuel Arias Saravia, que comprendió los ejercicios presupuestarios 2018 y 2019, arrojó la inexistencia de un sistema de control interno y de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, así como la falta de seguimiento y control. Y se observó el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

Saravia demostró el desmantelamiento total del parque automotor municipal y la desaparición de una camioneta que había sido adquirida a través del sistema de vales internos que manejaban los tres imputados.

Otro de los faltantes que indica la auditoría es una suma de de $11.514.135, por retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el intendente y el secretario de Hacienda. De allí surge que ante un requerimiento del Banco Macro y “conforme lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera”, se debía informar el destino de los fondos durante el trimestre de abril, mayo y junio de 2019. Pero al realizar el relevamiento de estos fondos, las extracciones referidas no se registraron en el sistema informático, por lo que se desconoce su destino.

Ninguno de los imputados declaró durante la audiencia de imputación.