El 19 de junio de 2018 antes del amanecer la Policía de Salta realizó un enorme despliegue de efectivos en el Asentamiento 18 de Marzo en la localidad de Salvador Mazza. Junto a funcionarios de la Municipalidad anunciaron a las 80 familias que allí vivían que iban a ser desalojadas, si colaboraban podrían obtener el beneficio de que un camión de la muni les traslade sus pertenencias adonde fuera que consiguieran un nuevo lugar para vivir, si no colaboraban las topadoras pasarían por encima de casas y casillas.
El día antes el camioncito de ANSeS había llegado al mismo asentamiento para hacer entrega a cada familia de su Certificado de Vivienda Familiar. El Asentamiento 18 de Marzo había sido censado en el Registro Nacional de Barrios Populares, una política pública importantísima que el gobierno de Mauricio Macri se vió obligado a incorporar, fue propuesta y empujada por los movimientos populares, la ONG TECHO y Caritas. Estas 80 familias están dentro del millón de familias que según este censo habitaban en casi 4.500 Barrios Populares en todo el país.
Haber sido censados les daba acceso al Certificado de Vivienda Familiar que les permite acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial, municipal o empresa privada que lo solicite y solicitar la instalación de servicios como agua corriente, electricidad, cloacas o red de gas; generar el CUIL en ANSeS o el CUIT en AFIP; y acceder a prestaciones de salud, educativas y previsionales.
Las familias amanecieron sorprendidas por el cambio de suerte que habían sufrido de un día para el otro. Nada nuevo bajo el sol en la vida de los/as últimos de la fila, aquellos que se ven obligados a nacer, vivir y morir en las periferias geográficas y existenciales de un sistema que los excluye y gobiernos neoliberales que agudizan dicha exclusión. Una vez más degustaban el ácido sabor de la injusticia, se encontraban de frente con la fragilidad de su condición. Él técnico de ANSES que había viajado de Buenos Aires a Salvador Mazza para ese operativo comenzó desesperado con los llamados telefónicos. Caminando de aquí para allá, entrando y saliendo de la municipalidad sin ninguna respuesta por parte del intendente de ese momento, que fue reelecto en los últimos comicios.
El operativo era una apilada de irregularidades, documentos de dudosa veracidad, fechas y plazos vencidos, derechos vulnerados, prepoteos, gritos, avallasamiento, insultos y amenazas por doquier. Las familias, resignadas y aún sin comprender, comenzaban a juntar sus pertenencias a las apuradas, como podían. Un poco de ropa, algunos muebles, recuerdos, papeles importantes. Todo el día se oyó la topadora haciendo su trabajo, paredes, techos y columnas convirtiéndose en escombros. El ir y venir de la Policía y personal de la Municipalidad desarmando las casillas, levantando todo en camiones.
Falsas promesas por parte de la única funcionaria de Salvador Mazza que se presentó, les tomó los datos para adjudicarles viviendas en otra parte de la ciudad, y que tuvo el valor de llevarse a todos los niños/as del asentamiento para darles chocolatada en otro lugar. Como si la merienda pudiese ser respuesta a algo.
Rita, una de las vecinas, observó como la topadora tiró abajo su casa de material que con tanto esfuerzo había terminado de construir hace unos meses, y que aún no terminó de pagar. Había sacado un préstamo en esos locales que otorgan créditos al instante con intereses usurarios. Porque claro, los/as de abajo no tienen acceso al crédito en casi ningún lado, solo en manos de aquellos usureros que lucran a costa de las periferias. No era la única en estas condiciones. Casi todas esas familias estaban quedando en la calle luego de cuatro años de construir con sus manos ese asentamiento, que estaba siendo reconocido por el Ministerio de Interior de la Nación y por ANSES.
Llegué al lugar antes del amanecer del 20 de junio, Día de la Bandera, hacía frío. La noche anterior el Movimiento Evita, organización a la cual pertenezco y que fue protagonista en Salta del relevamiento de Barrios Populares, me pidió que vaya a Salvador Mazza a ver como estaba la situación y acompañar, no teníamos mucha información aún. Lamentablemente a esta altura el daño ya estaba hecho.
Improvisamos una asamblea con los vecinos/as y el técnico de ANSES que seguía firme al pie del cañón. Decidimos permanecer pacíficamente en el límite del predio, mientras veíamos a las topadoras como continuaban su inmoral tarea. Eso incomodó a la Municipalidad. Nos amenazó la Policía, nos sacaron fotos, pidieron nuestros nombres. A las pocas horas llegó la Brigada y terminamos nosotros unos días detenidos (y una causa trucha por amenazas, lesiones y privación ilegítima de la libertad) y las 80 familias afuera.
Muchas de esas 80 familias injustamente desalojadas se las arreglaron para volver a vivir en casa de algún familiar, amigo o alquilando. En condiciones de hacinamiento. Muchas otras decidieron resistir en la calle frente al predio, montando una guardia y una presencia, bajo la bandera nacional que flameó durante los meses del invierno que duró esa resistencia. En julio y septiembre de ese año se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 27.453 del Régimen de Regularización Dominial para la Intregración Socio Urbana que declaró de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP); de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares; plantea la integración socio urbana en cuanto a servicios básicos y acceso a derechos y, principalmente en ese momento, suspendía los desalojos por 4 años de los barrios censados. Con esa carta en la mano las familias del Asentamiento 18 de Marzo que habían sido desalojadas, que habían perdido gran parte de sus bienes y su patrimonio, entraron nuevamente al predio y volvieron a construir precariamente sus viviendas y sus sueños.
En nuestra provincia son 154 los Barrios Populares censados en ReNaBaP y amparados por la ley 27.453, que esperan una respuesta por parte del Estado Nacional y del Estado Provincial. Algunos barrios se formaron hace 5 años y otros hace 30 años, sin embargo, sin importar la antigüedad, todos los barrios y las familias que allí habitan sufren la vulneración de sus derechos día a día: falta de acceso a los servicios básicos, inseguridad en la tenencia, inundaciones, falta de recolección de residuos, emplazamiento de riesgo, discriminación, precariedad de las viviendas, trazas irregulares y negativas de prestadoras y municipios a solicitudes de acceso formal.
De estos barrios populares relevados (existen muchos que no pudieron ser relevados en su momento) un tercio se encuentran en la Ciudad de Salta y casi dos tercios en el norte de la provincia. En su mayoría son hogares monomarentales donde la pobreza económica y la falta de trabajo es la única realidad.
Tierra, Techo y Trabajo es la consigna que los movimientos populares junto a otros actores de la sociedad (entre ellos el Papa Francisco) venimos sosteniendo hace ya muchos años, y trabajando desde lo posible para convertirlos en derechos concretos. Con el cambio de gobierno nacional la esperanza vuelve a estos Barrios Populares, hay un interés claro y legítimo en la integración socio urbana.
Hay consenso en buena parte de la sociedad que en el año 2020 ninguna familia debería vivir sin acceso al agua, a la electricidad o a la cloaca, o peor aún, vivir en la calle. Sin embargo, en Salta el gobierno provincial parece no comprender o no querer atender esta problemática. En las últimas semanas se han llevado adelante tomas de terrenos por parte de familias que fueron desalojadas de los lugares donde alquilaban, o que vivían hacinados o en la calle. El gobernador se ocupó de estigmatizar e insultar a estas familias y de esa manera a todas las familias que habitan los Barrios Populares, salteños y salteñas, los llamó “delincuentes y usurpadores”.
El déficit habitacional que sufren decenas de miles de familias en Salta no es nuevo, pero exige respuestas concretas de forma inmediata. La respuesta no puede ser el agravio, la represión o los desalojos. La población crece y las familias necesitan donde vivir. Hay tierra. Hay voluntad y lineamiento por parte del Ejecutivo nacional. Queremos que Salta y su gobierno provincial estén a la altura de las circunstancias.
*Movimiento Evita-UTEP
