Presentación conjunta de los gremios aceiteros ante el juez

Respaldo de los trabajadores a la intervención de Vicentin

La federación nacional de aceiteros y el sindicato de la actividad de San Lorenzo advirtieron sobre el riesgo de quiebra y desguace de la empresa en manos de la familia Vicentin.

La Federación de Aceiteros de la Argentina y el sindicato del mismo sector de San Lorenzo se presentaron ante el juez Fabián Lorenzini "en representación de los más de 1300 trabajadores y trabajadoras aceiteras de Vicentín SAIC en la provincia de Santa Fe" para adherir al pedido de intervención judicial de la empresa realizado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. En el escrito advierten que la deuda salarial de la empresa con cada trabajador supera los 100.000 pesos y no ha sido notificada por la firma en el concurso de acreedores. La omisión obligó a cada uno de ellos a iniciar las verificaciones de crédito laboral en la sindicatura del concurso, y generó un conflicto colectivo que se tramita en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. La situación es de tal gravedad que la Federación --a la que está afiliada el Sindicato de Reconquista-- y el gremio de San Lorenzo hicieron una presentación conjunta pese a sus diferencias políticas y gremiales.  

Las entidades sindicales alertan al juez sobre el riesgo de mantener al directorio de Vicentin en funciones. "Estas personas que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados, y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico, hoy han sido repuestas en la dirección de la Vicentin SAIC y gozarán del tiempo suficiente para continuar con el vaciamiento de su patrimonio", dice el escrito firmado por Daniel Yofra, líder de la Federación Nacional de Aceiteros; Dionisio Alfonso, secretario general del Sindicato de Obreros Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Javier, y Pablo Reguera, del SOEA. 

El núcleo del reclamo de los trabajadores organizados es que "la empresa ha omitido en el concurso presentar los créditos laborales que al día de la fecha tienen los trabajadores que representamos. Esto resulta una muestra más de la mala fe con la que viene actuando la empresa". Esa deuda salarial que supera los cien mil pesos por trabajador, y otras post-concursales han derivado en un conflicto colectivo que viene tratándose ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Ayer hubo audiencias en la sede del Ministerio en Reconquista, lindera a Avellaneda, con Aceiteros y con trabajadores de la Algodonera Avellaneda, que han denunciado malos tratos y salarios bajísimos.

Además, la presentación sindical alerta que "la extranjerización de la actividad agroexportadora ya se está dando, siendo la empresa más beneficiada la multinacional Glencore, socia del grupo Vicentín".

Los aceiteros le recuerdan a Lorenzini que "desde el mismo momento en que la empresa comunicó su 'estrés financiero' en el mes diciembre de 2019, el normal giro empresario se vio interrumpido, paralizándose la actividad de los establecimientos industriales del sur de la Provincia y disminuyendo a menos de la mitad en el caso del establecimiento de Reconquista. Es decir, en los últimos meses en los que la empresa ha sido conducida por sus directores, hemos sido testigos presenciales de la completa paralización de la actividad industrial que, de seguir así, nos hace presumir que terminara en la quiebra y liquidación de la misma, o en su desguace total". Por eso, temen por sus fuentes de trabajo. "Entendemos que la única garantía de reactivación y continuidad laboral que hoy tenemos los trabajadores aceiteros de Vicentín es la intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe". La presentación de la directora María Victoria Stratta propone como interventores a Gabriel Delgado, por el gobierno nacional, a Alejandro Bento, por la provincia de Santa Fe y a Luciano Zarich como vocal. 

Desde Aceiteros cuestionaron que la resolución de Lorenzini que repone a los Directores "pone en un riesgo inmediato la continuidad de la empresa y nuestra fuente de trabajo" y recuerdan que "la demora en resolver y poner en funciones a la intervención solicitada por la IGPJ en el marco del concurso, pone en peligro inmediato a los trabajadores y sus familias que dependen del salario para su subsistencia, salarios que ya en el mes de mayo debieron ser completados por el Gobierno Nacional a través de las ATP".

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