Complicidad civil en la dictadura cívico-militar

Lesa humanidad: El ex dueño de La Veloz del Norte se negó a declarar

Compareció ante el juez a través de Skype. Oyó los hechos que se le imputan (secuestros y las torturas sufridas por un grupo de empleados en 1977) y se abstuvo de decir palabra. 
Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.
Marcos Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado. 

El empresario Marcos Levín se negó a declarar en la causa que lo investiga por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar contra trabajadores de La Veloz del Norte, mientras era propietario de la empresa de transportes. La semana pasada tuvieron la misma actitud los otros imputados en la causa por secuestros y torturas que sufrieron 16 trabajadores, también citados a declaración indagatoria. Levín fue el primer empresario condenado por su complicidad y accionar directo en el terrorismo de Estado.

Levín compareció a su indagatoria ayer ante el juez federal de salta Julio Bavio. Lo hizo por vía remota, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus en el país. Oyó los hechos que se le imputan y se abstuvo de decir palabra. La semana pasada hicieron lo mismo los ex policías Enrique Cardozo y Víctor Almirón, quienes junto al ex efectivo Víctor Bocos integraron la patota que actuó como mano de obra del terrorismo de Estado en estos casos.

Bocos debía ser el primero en declarar. Pero su defensa presentó un certificado que indicaba que tiene problemas psiquiátricos. Mientras se lo somete a estudios para confirmar el diagnóstico, solicitados por la Fiscalía, Gendarmería verificó que "no se encontraría en condiciones de realizar una entrevista indagatoria mediante sistema Skype". Hoy debe presentarse el último imputado de la lista: Antonio Grueso, quien al momento de los hechos era jefe de Personal de La Veloz. Será la primera vez que se lo someta a una indagatoria en el marco de una causa por crímenes de Estado.

A excepción de Grueso, todos fueron condenados en 2016 por violaciones a los derechos humanos de Víctor Cobos, chofer de La Veloz y delegado gremial de la UTA. La patota de ex policías lo secuestró el 22 de enero de 1977, lo detuvo ilegalmente en una comisaríade Salta y lo torturó para que “cantara” a sus compañeros. Los tormentos le dejaron secuelas físicas a Cobos, a quien, luego de “blanquearlo”, lo acusaron de defraudación y fue despedido. Finalmente resultó sobreseído.

Los hechos sufridos por él y el resto de los empleados de la empresa de transporte están concatenados. Sin embargo, en su momento Bavio decidió que solo el caso de Cobos continuaría por la vía federal. La resolución fue discutida por querellas y Fiscalía hasta la instancia de la Corte Suprema. 

La decisión del máximo tribunal llegó a mediados de 2018, cuando instó al juez federal salteño a avanzar en la pericia para determinar las responsabilidades por los secuestros y las torturas de aquella veintena de trabajadores de la empresa que manejó durante 50 años Levín. Para entonces, 16 seguían en condiciones de continuar las acusaciones.

Sin embargo, la Corte debe definir otra cuestión: la situación de Levín y los ex policías en relación a las condenas que recibieron hace cuatro años. Aún resta su pronunciamiento en relación al fallo que hace dos años dictó la Cámara Federal de Casación Penal, que con los votos de los magistrados Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Mahiques, determinó que los hechos por los cuales se había condenado a Levín y a los ex policías Cardozo, Bocos y Almirón, no eran delitos de lesa humanidad y habían prescripto.

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