La jueza Valeria Pedrana avaló la competencia provincial en la investigación por la que el líder de la barrabrava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, fue acusado de lavado de activos, por más de 38 millones de pesos, y ordenó su prisión preventiva por el plazo de ley, es decir 2 años. El fiscal Miguel Moreno habló de amenazas y extorsiones como una de las formas con las que el acusado fue ganando poder en las últimas dos décadas, para obtener "beneficios de índole material y moral". Al pedir la prisión, reiteró que los datos brindados hasta el momento serían apenas "la punta del iceberg". En tanto, relacionó a la barra con cuidacoches en inmediaciones de la cancha y vínculos policiales, como parte del entramado de los hechos precedentes. Aparte de recordar que Pillín tiene una condena a dos años, de 2012, señaló que está imputado por violencia de género y amenazas contra su ex pareja, quien ahora aparece como una de las prestanombre de sus bienes. La pena en expectativa por el delito de lavado va de 4 años y medio a 13 años y cuatro meses.
En la imputación del jueves, el fiscal le atribuyó a Bracamonte “haber realizado maniobras consistentes en la utilización de personas de su confianza como prestanombres y administradores; y de la creación, adquisición y/o utilización de sociedades comerciales, para poner en circulación bienes provenientes de presuntos ilícitos como amenazas, extorsiones, posible participación en maniobras defraudatorias que permitieron negociados ilícitos desde su posición de jefe en la barra, con el objetivo de que esos bienes adquieran apariencia lícita". Ayer, tras la audiencia, dijo a los medios que "el papel del club es la materia prima del enriquecimiento de Bracamonte. Creo que generó inconvenientes para la institución, porque entiendo que el capital que integra el patrimonio de las personas allegadas y las empresas de las que Bracamonte es socio está construido en función de perjudicar al club y a negocios allegados al club".
En su acusación, le atribuyó la constitución de empresas como "fachada". Vanefra SRL utilizada para demostrar una actividad y un giro comercial que no se advierte en la práctica; SER-ECO adquirida en junio de 2018; Ruffino SAS, registrada junto a su socio Sergio Daniel Quiroga, quien además es el intendente del estadio de Central. "No hay forma de que una empresa subsista con el 13 por ciento de su facturación", dijo sobre la última.
Para Moreno, mediante las extorsiones, Bracamonte "obtenía beneficios de índole material y moral". Y dijo: "Con moral me refiero a la cobertura que obtiene un entramado de vinculaciones policiales, sindicales y que podría llegar a otros planos". También planteó que "Bracamonte se ha enriquecido a expensas del club y de los negocios que se generan alrededor de los partidos y de la barrabrava". Y trazó una línea de tiempo: "Comenzó a fines de 2001, cuando disputaba la gobernancia con Los Chaperos, resultando victorioso y consolidándose en el monopolio de la tribuna por 20 años. En 2007 se avizora una unión con Juan Carlos Silvetti, por entonces representante de jugadores. El mecanismo era extorsionar a los padres de los jugadores de inferiores para que firmaran contrato de representación con Silvetti; y fue advertido por el entonces presidente de la institución, Horacio Usandizaga, que lo denunció en la Justicia y logró que la comisión directiva expulsara a Silvetti". La relación, siguió, "encuentra acreditación con la conformación de la sociedad Kabrasi que integran ambos. En la actualidad, la vinculación con la venta de jugadores se acredita con cheques que Central le había entregado al representante (Jorge) Bilicich por su intermediación en la venta de Gastón Ávila a Boca, la cual ascendía a 6,6 millones de pesos, pagaderos en 10 cheques de 660 mil pesos. El último, en situación de cobro, fue encontrado en el domicilio de Bracamonte".
También lo vinculó con "otros negocios relacionados al ejercicio de la jefatura de la barra". Mencionó "extorsiones de los denominados trapitos". Para describir la situación, mencionó notas periodísticas como una del concejal Carlos Cardozo a LT8, a quien "en la previa de un partido le pidieron 50 pesos para cuidar el auto y le dijeron que tenían que rendir el dinero a la barra"; y que los policías presentes en el lugar "le dijeron que no podían hacer nada", dijo sobre otro de los delitos precedentes.
Sobre la figura de lavado en sí, "se observó un crecimiento patrimonial injustificado. La imposibilidad de demostrar ingresos lícitos, sumados a ciertos elementos que conforman indicios claros de mecanismos para el lavado, como la existencia de las empresas fantasmas y prestanombres". En ese sentido, adelantó que serán imputadas personas del entorno de Bracamonte que tenían a su nombre bienes provenientes de los negocios ilícitos. Una de ellas es Natalia Salas, que en 2019 denunció a su expareja por episodios de violencia de género y amenazas, y a quien le atribuyen tres departamentos y un BMW cero kilómetro. También incluyó al hijo de Pillín.
Además de las evidencias, Moreno mencionó la imputación a Bracamonte por amenazar a su expareja, como antecedente al pedir la prisión preventiva. "Son dos causas y desde la Unidad de Género indicaron que será acusado pronto", dijo. También mencionó la condena que tiene a dos años, por amenazas a empleados del club. "Las causas que tiene están íntimamente ligadas al ejercicio de la violencia", señaló. Y habló de peligrosidad procesal: "¿Cómo se presentarían a declarar los testigos con Bracamonte en libertad?".
La defensa a cargo de Carlos Varela y Adrián Martínez habló de "argumentos frágiles" y planteó que los hechos mencionados (como precedentes) son previos a la sanción de la ley de lavado, de 2011; pero el fiscal explicó que se enumeraron para dar cuenta del contexto de la imputación por lavado, hecho posterior a junio de 2011. También ofrecieron fianza por un millón de pesos, pero la jueza la rechazó y avaló la acusación.
