En el marco de la emergencia sanitaria dictada el 13 de marzo del corriente año, por el término de 6 meses, en razón de la pandemia de la Covid-19, el gobierno de la provincia de Salta decreta en fecha 31 de marzo el DNU 255/20, creando el Regimen Excepcional Sancionatorio, violando normas constitucionales y otorgando a las fuerzas policiales poderes que la Ley de Contravención ha limitado.
En el mismo contexto, la Cámara de Diputados evita el tratamiento de este decreto en los términos establecidos, con el fin, claramente, de no asumir responsabilidades que pudieran ir en contra de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, olvidando que el compromiso asumido lo es con el pueblo. Los poderes se complotan cuando los intereses que los contienen se pueden ver afectados. Ya ven, no es casual. Es ideológico.
Nos encontramos a dos días hábiles de que el cuestionado decreto sea convertido en ley y quienes integran el Poder Legislativo, en responsables de todas las violencias institucionales que el DNU 255/20 ha permitido, y se negaron a tratar.
Es el Poder Ejecutivo el que ha violado la Constitución, pero lo es también el Poder Legislativo el que ha avalado con el silencio dicha violación. En este marco, en el que las garantías constitucionales fueron dejadas de lado, para garantizar la política nefasta de seguridad, emprendida por el gobierno de Salta, de la mano de quien reconocemos como un negacionista de turno, debemos decir que los resabios de la dictadura están en las fuerzas de seguridad, pero también se encuentran en las instituciones “democráticas”, entendidas como Poderes del Estado.
Hoy nos queda una sola esperanza, y es, que la Corte de Justicia de Salta, ante quien los organismos de derechos humanos presentaron un amparo convertido luego en acción colectiva de inconstitucionalidad, se expida lo más pronto posible a favor del pueblo.
*Integrante de la Liga Argentina por los DDHH
