Dos funcionarios renunciaron tras el escándalo

Match point para los que violaron la cuarentena en el torneo clandestino de paddle

El secretario de Deportes porteño, Luis Lobo, y el secretario general de Tigre, Fernando Lauría, dejaron sus cargos. El presidente del Club Pilar confirmó que también estuvo Rogelio Frigerio. Además, quedó imputado un dirigente de River.
El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería.El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería.El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería.El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería.El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería.
El operativo del domingo estuvo a cargo de la Gendarmería. 

La polémica estalló luego de que dieciséis personas –varias de ellas dirigentes políticos– fueran demoradas en un complejo de canchas de paddle en Pilar por violar la cuarentena para jugar. Y comenzaron las consecuencias institucionales. Uno de los demorados resultó ser el secretario general y de Economía del Tigre, Fernando Lauría, quien debió renunciar a su cargo por el escándalo. Lo mismo tuvo que hacer el secretario de Deportes porteño, Luis Lobo, quien aseguró –de todas formas– que no jugó al paddle, aunque no negó haber estado en el lugar. Si bien también intentó desmentir su participación, el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio fue señalado entre quienes se encontraban presentes por el presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez. “Todos los funcionarios nombrados estaban, según me lo confirmó la empresa que concesiona el club, incluso Rogelio Frigerio, quien teóricamente se fue antes del allanamiento”, indicó.

En medio de las restricciones cada vez mayores en esta nueva fase de la cuarentena, debido al aumento de casos, y con las dificultades económicas que viene sufriendo la población, la noticia de que un grupo de dirigentes políticos se juntaron a jugar al paddle violando el aislamiento social obligatorio causó indignación general.

Tras la denuncia anónima de un vecino en la línea 134, cerca de las 17.30 del domingo, unas dieciséis personas fueron demoradas cuando las encontraron en el Club Atlético Pilar. Un grupo de Gendarmería Nacional fue el encargado de detener a los que cometían la infracción y además secuestraron cinco vehículos. De los 16 demorados, 14 estaban jugando al paddle y otras dos personas trabajaban para la concesionaria. Se abrió una causa judicial que quedó a cargo del juez federal de Zárate, Adrián González Charbay, quien ordenó clausurar el lugar y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del club.

Desde el club, difundieron un comunicado en el que decían: “Estamos totalmente apenados por lo sucedido e informamos a la población que la comisión directiva llegará hasta las últimas consecuencias con la empresa que tiene la concesión de las canchas de tenis y paddle y que irresponsablemente violó el aislamiento social y preventivo”.

Entre los demorados estaba Lauría, que era la mano derecha del intendente de Tigre, Julio Zamora, quien procedió a eyectarlo de su gobierno a velocidad supersónica. “A partir de los hechos de público conocimiento acontecidos en el Club Atlético Pilar, ubicado en el Partido de Pilar, el Municipio de Tigre informa que el intendente Julio Zamora ha aceptado la renuncia presentada en el día de hoy por parte del secretario general y de Economía de Tigre, Fernando Lauría, a la espera de la dilucidación del hecho”, fue la forma amable que encontraron en el comunicado para informar la salida intempestiva del funcionario jugador de paddle.

No fue el único que pagó por el paddle clandestino. El subsecretario de Deportes porteño, Luis Lobo, también presentó su renuncia. En su carta, indicó que “ante las diferentes versiones de público conocimiento en las que me veo involucrado en una posible violación de la cuarentena presento mi renuncia”. “No obstante, deseo aclarar que en ningún momento participé de un torneo de paddle, en esta ocasión ni durante el período de la cuarentena”, indicó, lo cual hace confuso por qué renuncia. “Por respeto a la ciudadanía y ante la responsabilidad que significa ocupar un cargo público es que he tomado esta decisión”, intentó explicar. El vicejefe Diego Santilli le aceptó velozmente la renuncia.

Otro de los involucrados en el caso, que resultó también imputado, es el tesorero del Club Atlético River Plate, Ignacio Amui.

Frigerio pisa la paleta

En las primeras versiones, se empezó a comentar que entre los asistentes había estado también el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio. El ex funcionario se apuró a desmentirlo. “Conoce a uno de los dueños de ahí del club al que va con Lobo. Estuvo algunas veces. Pero no jugó ningún torneo de paddle en cuarentena. Aparentemente, uno de los que laburan ahí le dijo a uno de los que agarraron que lo conocía a Lobo y a Frigerio y que habían estado en ese club más de una vez. El tipo se agarró de eso y lo contó”, fue la versión que plantearon cerca de Frigerio a PáginaI12.

No obstante, el presidente del Club Atlético Pilar, Marcelo Pérez, aseguró que tanto Frigerio como Lobo estuvieron presentes en el momento del paddle clandestino. “Todos los funcionarios nombrados estaban, según me lo confirmó la empresa que concesiona el club, incluso Rogelio Frigerio, quien teóricamente se fue antes del allanamiento”, sostuvo Pérez, quien remarcó que el predio está concesionado a una empresa privada y deslindó responsabilidades sobre sus dueños.

“El club está abierto porque hay una guardia del SAME trabajando en la sede, ellos duermen y comen ahí, es lo que aportamos desde nuestra función social, y por ende está cerrado el club pero las puertas están abiertas, porque entran y salen ambulancias permanentemente”, indicó Pérez. El presidente del club advirtió que la persona de seguridad que vive en las instalaciones “tiene problemas de salud, por lo que no estaba en funciones” cuando ocurrió el hecho. “Por esa razón implementamos un sistema de cámaras de seguridad hace aproximadamente un mes, y anoche las pusimos a disposición de la Justicia”, indicó el dirigente del club. “Hubo una irresponsabilidad total de parte de todos los funcionarios, la verdad es que nos hacen quedar muy mal como institución, y vamos a tomar medidas con la gente que está en la concesión”, advirtió Pérez.

Por otra parte, el subsecretario Legal y Técnico de Pilar, Mariano Sosa Beláustegui, dijo: “Nosotros estamos muy pendientes de lo que arroje la investigación penal, somos muy respetuosos del accionar de la Justicia, y una vez que tengamos toda la información sobre cómo se dieron los hechos y quiénes estaban presentes, evaluaremos las sanciones a aplicar a los concesionarios o a las personas que estaban a cargo de establecimiento”. Por lo pronto, el escándalo ya se cobró los cargos de dos funcionarios de Tigre y del Gobierno de la Ciudad.

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