Desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, una cantidad de problemas emergentes o agravados desbordaron los barrios populares del conurbano bonaerense. Cuestiones íntimamente ligadas como la discontinuidad de ingresos laborales en los hogares, la dificultad de acceder a una alimentación básica, el agravamiento de la violencia machista sobre mujeres, niñas y niños, la preocupación por la suspensión de servicios de salud y los conflictos con las fuerzas de seguridad, son las principales preocupaciones que recoge El conurbano en la cuarentena II: informe del segundo relevamiento a referentes de los barrios populares del conurbano bonaerense en el contexto de aislamiento social obligatorio, realizado por investigadorxs del Instituto del Conurbano (ICO) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs). El trabajo a cargo de la doctora en Ciencias Sociales Verónica Maceira, y un equipo de docentes, no docentes, graduadxs y alumnxs, se basa en 165 entrevistas a un entramado de referentxs territoriales, de la salud, de la economía social y solidaria, de géneros y disidencias, cooperativas, escuelas y a dirigentes sindicales, en veinte de los veinticuatro partidos del conurbano y en otros municipios de la región metropolitana como Escobar, Pilar, General Rodríguez, Luján, Zárate, La Plata y San Vicente. “Nos encontramos con situaciones de ingreso laboral cero que refieren al mismo escenario de la crisis de 2001, con la diferencia de que hay presencia del Estado”, explica Maceira. “Hacen que la gente no se muera de hambre esta vez”, sostuvo una de las referentes consultadas.
En este segundo relevamiento en los territorios, del 22 al 26 de abril -el primero fue el 23 y 24 de marzo y se prepara otra para julio-, más del 45 % de lxs referentxs territoriales confirmaron un nivel alto de aceptación de la medida de aislamiento social, mientras que cerca del 40 % informó que el ASPO se tomó en forma parcial y menos del 15 % refirió que el cumplimiento era bajo. “Esto último porque las condiciones de las viviendas no permiten el cumplimiento del aislamiento en su interior, por la necesidad de movilizarse con asiduidad para buscar alimentos, por un mayor movimiento vinculado con el cobro de transferencias de ingresos sociales y otros trámites, por el aumento de la búsqueda de changas, y porque adolescentes, jóvenes, niñas y niños salen a reunirse con sus pares o a jugar en la vereda durante el día”, enumera Maceira, que señala como una de las mayores inquietudes la discontinuidad de ingresos en los barrios, la suspensión del trabajo de cuentapropistas y changuistas, y la suspensión de pago a asalariadxs no registradxs.
La mención de lxs referentxs a la crisis de 2001 hace un puente con las inserciones laborales informales y precarias que detalla el informe.
-Esa mención fue conmovedora porque significa que hay un registro de lo que es una situación similar en términos de la discontinuidad de ingresos. Y es desesperante. A esta altura, la mayoría de la población está viviendo de las transferencias del Estado y de la asistencia alimentaria. Pasó a haber un esquema “de ingreso laboral cero”, como decía una de las entrevistadas, y la referencia es a 2001 en cuanto a una situación sin ingresos. Sobre todo si consideramos que el 60 % de la población de estos barrios son activxs informales, desocupadxs y cuentapropistas, una incidencia que creció en los últimos cuatro años con el período macrista, inmediatamente anterior al coronavirus. Fue como la acumulación previa a la desgracia. Veíamos que había un deterioro muy importante y un aumento de empleos refugio, como llamamos a ese cuentapropismo de subsistencia. La diferencia en este período es que hay presencia del Estado, algo que tratamos de reflejar en los dos relevamientos. En el segundo relevamiento pudimos ver cómo se valoró la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): casi el 70 % de lxs referentxs evaluaron positiva o muy positivamente su impacto, y que la confluencia de los diferentes instrumentos implementados constituyen un piso para sostener los hogares.
El informe también plantea la crisis sanitaria como escenario de fortalecimiento organizacional.
-Desde que se decretó la cuarentena hubo una reactivación de las organizaciones sociales y comunitarias. Todos los testimonios refieren a la importancia entre la gestión estatal y las organizaciones sociales. En un marco de tremenda precariedad, hay un mínimo de seguridad alimentaria en la emergencia que se cubre. Eso hace una diferencia enorme y tiene que ver con la organización.
En uno de los puntos se habla del impacto de la suspensión salarial en los barrios y “el efecto Techint”.
-En el primer relevamiento incluimos consultas con referentes sindicales, y en ese momento surgía como discontinuidad los ingresos laborales de lxs trabajadores cuentapropistas por la restricción del ASPO, y los de lxs trabajadores informales, pero el segmento laboral formal de estos barrios asomaba como un horizonte más estable. No parecía estar en juego el ingreso ni el trabajo de estas personas, y eso cambió abruptamente en el segundo relevamiento, en el marco de los despidos de Techint. Decimos “efecto Techint” porque fue el que dio la voz de aura de lo que puede ser considerado como rebelarse a la autoridad estatal, ya que fue un proceso que continuó aún en contra de las disposiciones que había establecido el Ministerio de Trabajo. Más que de demostración, tuvo un efecto de habilitación de lo que empezó a ser un comportamiento de las empresas en el sector formal. Sabemos bien que hay suspensiones con caída de salario, cuando las mismas empresas están cobrando parte de los salarios a través de transferencias del Estado, y que esto no se vertebra como conflictos laborales. Hay una invisibilización de la magnitud de la situación.
De las entrevistas surge que uno de los sectores laborales más afectados es el de las trabajadoras de casas particulares.
-Es un tema complejo porque a su vez ellas tienen la excepcionalidad de que su ingreso depende de un ingreso familiar. El peso que tiene esta actividad entre las mujeres del conurbano es de un impacto enorme, alrededor del doble de lo que puede ser considerado a nivel general, porque prácticamente es su principal ocupación. Pensar que gran parte de las mujeres de los barrios populares se quedaron sin ingresos por la pandemia, te hace pensar también qué diferente habría sido si estas trabajadoras hubieran estado registradas y si los cuidados que sostienen hubieran sido resueltos con otra formalidad. Se estima que un 75 % no están registradas, y el cese de pago de estos sueldos tiene un impacto significativo en las economías familiares: el 45,5 % son jefas de hogar.
El tema reabre la discusión sobre la crisis del cuidado y los trabajos no remunerados.
-La otra cara del aislamiento es que estos servicios de cuidados en los hogares cayeron, imprime una sobrecarga de trabajo para las mujeres y genera problemas en la conciliación de trabajos domésticos y no domésticos. Todo eso supone un aumento de la productividad y de los niveles de calificación requeridos en nuestras tareas. Este es un contexto especial que amerita tratar de entender mejor algunos temas en los que las mujeres de los sectores populares también están involucradas, en toda su heterogeneidad.
¿Qué valoración le dan lxs referentes barriales en este escenario a la Tarjeta Alimentar?
-Es fundamental la circulación de la Tarjeta Alimentar. Se otorga a beneficiarias de la AUH con unx o más niñxs menores de 6 años, y representa un plus de 4.000 o 6.000 pesos. Lxs referentes destacan su centralidad al garantizar la alimentación de muchas familias con hijxs pequeñxs, y es valorada especialmente en referencia a hogares monomarentales con varixs niñxs a cargo. Asimismo, se planteó ampliar ese universo e incluir familias con hijxs mayores de 6 años y/o adultxs menores de 65 años que perdieron ingresos en la cuarentena. Junto con la TA hay múltiples canales de asistencia alimentaria entre ollas, viandas, comedores barriales y comunitarios, y bolsones de alimentos en escuelas públicas y en locales municipales. En términos generales, las ollas se multiplicaron entre tres y seis veces, atienden de lunes a lunes, mediodía y noche. Creció el número de vecinxs que concurren y cambió su composición, con la presencia de sectores que antes no requerían este tipo de asistencia.
En las entrevistas se subraya la violencia machista intrafamiliar como una de las problemáticas más graves desde que comenzó el aislamiento.
-Esa preocupación surge desde el primer informe. Más del 40 % de lxs referentes dijeron conocer casos de violencias de género durante la cuarentena en sus barrios o en barrios vecinos. Consideran que se agravó especialmente la violencia psicológica y económica hacia las mujeres y también la violencia hacia niñas y niños. Otro 20 % afirma que es un problema de su barrio aun cuando no tenga casos para reportar en este período. Y un 40 % restante dice desconocer si se produjeron este tipo de hechos.
¿Cuál es el nivel de intervención de las organizaciones?
-En la mitad de los casos de violencias de género referidos, la actuación de las organizaciones sociales o feministas es clave, tanto en la escucha atenta y localización de situaciones como espacio de referencia al que acuden las mujeres en busca de ayuda, como en su acompañamiento para viabilizar los casos en que estas violencias logran ser denunciadas. Muchas llegan a detectarse durante el funcionamiento de los comedores. Las intervenciones son variadas, llamando a la policía, asegurando que tomen la denuncia y se implemente la medida cautelar, estableciendo contacto con las fiscalías. También hay un acompañamiento a las mujeres en todo el proceso y se procuran lugares donde puedan refugiarse solas o con sus hijxs. A su vez, parte de las organizaciones conforman frentes y redes, y construyen espacios de articulación con diferentes instituciones. En unos quince casos se destacó la articulación con instituciones municipales y sus equipos de género. Pero cerca de diez referentes remarcaron la poca atención al tema o la falta de actuación oportuna de varios municipios, la pobre actuación de algunas comisarías de la mujer que no quieren tomar las denuncias, y la falta de asistencia policial.
¿La cuarentena debilitó la visibilización de esas violencias?
-Sí, teniendo en cuenta las condiciones de restricción de la comunicación en relación a esta problemática. Hay una idea de que las violencias se agravaron por el encierro, pero también hubo una interrupción de los circuitos de comunicación, que tiene que ver con las maneras que las mujeres encuentran para dar a conocer a otras lo que les está sucediendo. Lxs entrevistadxs detallaban que estas situaciones de altísima dificultad se transmiten a partir de ciertas señales, de ciertas marcas, y en este sentido, las promotoras sociales, las enfermeras de los Centros de Atención Primaria (CAP), las maestras, son referentes importantes. En abril, todos esos circuitos se vieron interrumpidos.
Al mismo tiempo, son cuestiones que terminan remitiendo a la falta de autonomía de las mujeres.
-Claro, y si no hay una autonomía económica que permita otro tipo de respuesta, tiene que haber un Estado que lo posibilite. De alguna manera la autonomía debe lograrse, ya sea a través de ingresos laborales o de transferencias sociales, pero tiene que ser un piso que facilite algo, porque si no efectivamente es una prisión tremenda, donde quedás encerrada con el agresor. Una referente decía que para las mujeres de los barrios populares parece mayor el riesgo a la violencia del encierro que al contagio del coronavirus. El sostén económico posibilita resolver la situación de esa mujer.
Otra dificultad que se planteó con un registro de inquietud similar es el acceso a la salud.
-Aparecieron con claridad las dificultades de acceso a los servicios de salud en casos no relacionados con Covid-19 y en el control de las enfermedades crónicas. También se redujo la atención de niñas y niños, ya que sólo se ofrecían turnos programados y focalizados en la franja de 0 a 1 año. La población de adultxs mayores no puede realizar sus controles de rutina y fueron suspendidas las acciones de prevención y promoción. Desde la pandemia, la atención hospitalaria se centró en las urgencias, los partos y las cesáreas programadas. En la atención materno-infantil se redujeron los controles y las ecografías de las embarazadas, si bien las mayores dificultades se ven en los barrios más vulnerables, donde regularmente la frecuencia de consultas de embarazadas es baja. Con el aislamiento, resulta más difícil promover acciones para acercar a esta población a los centros de salud. Por otra parte, algunos municipios pusieron especial cuidado en seguir garantizando procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el primer nivel de atención y en hospitales.
Uno de los últimos puntos que alertan son las situaciones de conflicto con las fuerzas de seguridad.
-Es un tema muy sensible, porque los niveles de conflictividad fueron altos, sobre todo al principio, en la etapa de mayor restricción de la cuarentena, porque las fuerzas de seguridad estaban a cargo del control y, concretamente, son monos con navaja. No es que son otras fuerzas de seguridad, diferentes de las que teníamos un mes antes de la pandemia. En las entrevistas se mencionaron situaciones de hostigamiento, sobre todo hacia los varones jóvenes, y lxs referentes expresaban que el trato autoritario de la policía a los pibes es usual en los barrios. El control del aislamiento fue ocasión para un conjunto de abusos de las fuerzas de seguridad que van desde el hostigamiento verbal, la ostentación de armas, la detención arbitraria, maltratos, insultos, hasta abuso de poder hacia mujeres, niñxs y adolescentes. También se advirtió sobre la inacción o la falta de presencia policial en circunstancias donde es requerida, como denuncias de abuso infantil y de violencias de género. Veremos con qué nos encontramos este mes, cuando volvamos a relevar todas estas situaciones para seguir dando cuenta de lo que sucede en los barrios y poder pensar nuevas condiciones de una vida que pueda ser vivida.
