Hasta ahora, la cúpula de Vicentin ha logrado frenar los intentos del gobierno argentino por intervenir la empresa y prácticamente bloqueó el propósito enunciado por el presidente de la Nación, de llevar al Congreso Nacional un proyecto de expropiación. En cambio, en el exterior sus influencias no han sido tantas y mucho menos efectivas. "Acreedores advierten que el gigante argentino de la soja desvió 400 millones de dólares", tituló este viernes un artículo de la agencia Bloomberg. En el mismo se refiere a la presentación ante la Corte de Nueva York que realizó el Comité de Bancos (del extranjero) acreedores de Vicentin (sobre la cual informó ayer Página/12 ), en la que señalan que no descartan "haber sido víctimas de la mayor estafa financiera internacional".   

El poderoso grupo formado por bancos de Europa y la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial para financiamiento al sector privado, requirió que el juez del Distrito Sur de Manhattan, Alvin Hellerstein, requiriera copia de todas las transferencias electrónicas de dinero de Vicentin y de sus compañías vinculadas, "que incluyen un frigorífico y establecimientos vitivinícolas", puntualizan. 

Transferencias y fuga

Las entidades financieras del exterior, que en conjunto suman una pretensión crediticia superior a los 530 millones de dólares (la tercera parte de la deuda total de la convocatoria), reclama que también se investiguen "las transacciones financieras de los principales ejecutivos y miembros de las familias propietarias" del holding empresario santafesino. En particular, hacen referencia a tres integrantes del "clan Vicentin" (así los señala el artículo del diario financiero Bloomberg) y a los hermanos Nardelli (Gustavo y Sergio). 

Los representantes de los bancos acreedores le señalan al magistrado neoyorquino que es necesario seguir "el flujo de los fondos ya localizados fuera de Vicentin SAIC" y verificar si es que fueron desviados ilegalmente. Sostiene que, de otro modo, "es incomprensible que la firma haya pasado de una posición de saludable solvencia financiera a mediados de 2019, al colapso unos meses después". 

Se refiere a la declaración jurada de solvencia que Vicentin presentó ante los bancos acreedores el 29 de julio de 2019, cuatro meses antes de declaración en cesación de pagos por "estrés financiero" el 5 de diciembre siguiente, ya señalado en la nota publicada por Página/12 en la víspera. 

Desvío millonario

La sospecha que tienen los bancos es que Vicentin utilizó el circuito de operaciones entre firmas vinculadas para desviar 400 millones de dólares de la empresa que en diciembre se declararía en bancarrota (¿en forma premeditada?) y en favor de sus filiales en el exterior. Particularmente, los representantes de la banca acreedora internacional ponen el foco sobre las filiales en Paraguay y de Uruguay de Vicentin, pero también en Vicentin Europa, dada su relación estrecha con el holding suizo Glencore, el cual no escapa a las especulaciones de los investigadores. 

Glencore, a través de su controlada Oleaginosa Moreno, le compró a Vicentin en diciembre, apenas tres días antes del default, el 16,7 por ciento del paquete accionario de Renova, propietaria de una planta modelo de procesamiento de soja y de producción de biocombustibles. El producto de esta venta, 122 millones de dólares, recién se pudo detectar como resultado del primer requerimiento de la justicia norteamericana sobre las operaciones de Vicentin y sus afiliadas, ya que había ingresado al holding a través de Vicentin Paraguay y luego, presuntamente girado a Uruguay. Es decir, que el resultado de la operación no fue informado por la concursada (Vicentin SAIC) y por lo tanto se mantuvo fuera del alcance de los acreedores.  

Sospechas neoyorquinas

Este y otros resultados del primer "discovery" (proceso de investigación de operaciones sospechadas de haber perjudicado a los demandantes), llevaron al comité de bancos a pedir un segundo procedimiento o ampliación del primero. Esta vez, la demanda alcanza a las empresas vinculadas a Vicentin SAIC, a sus directores y a sus grupos familiares. La competencia de la justicia neoyorquina en el tema se sostiene en que Vicentin opera financieramente a través de esa plaza. De hecho, la empresa de Reconquista aceptó esa jurisdicción respondiendo al primer requerimiento de información, indicando además que "siempre estuvo a disposición de colaborar" y negando, ante los tribunales de Manhattan, "haber cometido alguna irregularidad" y que sus filiales en el exterior "no fueron creadas como vehículo de fuga de capitales". 

Los representantes de los bancos acreedores lo ven de otro modo. "Gracias al requerimiento de esta Corte, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están empezando a ser colocadas en su lugar", dicen en su presentación del último lunes. Señalan que la operación de venta de acciones de Renova --así como otros cambios patrimoniales que se investigan-- viola el compromisos de acuerdos de crédito firmados con los prestamistas internacionales. Apuntan como un hecho agravante que Vicentin SAIC no haya presentado el balance general del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019. Y quieren saber más sobre lo que define como "actividades subterráneas" de la empresa y sus filiales. 

El grupo Vicentin no goza de la misma protección en Nueva York que la que tiene en su "pago chico", las localidades de Reconquista y Avellaneda. El comité que conforman el CFI, Natixis Credit Agricole, FMO y Rabobank, y el ING amenazan sobrepasar el dique defensivo que hasta ahora impuso el juez a cargo del concurso de acreedores, y así convertirse en el enemigo más incómodo para Vicentin.