El Gobierno envió este lunes la propuesta de canje de la deuda a la comisión nacional de valores de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés). Los bonistas tienen hasta el 4 de agosto para aceptar la oferta. La fuerte suba de los bonos y las acciones muestra que hubo una buena recepción del mercado.

Los acreedores más abiertos al diálogo adelantaron que aceptarán la propuesta. La duda es qué hará el fondo de inversiones BlackRock. El acuerdo que le propone el Gobierno es casi idéntico en términos monetarios a lo que pedían estos inversores.

Las diferencias contractuales también parece que pueden salvarse. El criterio de participación mínima incluido en la enmienda de la oferta colabora en cerrar este conflicto.

Se trata de una innovación contractual con la que el equipo económico les asegura a los comités de bonistas que en el futuro el Gobierno no podrá utilizar en cualquier tipo de escenario la táctica de reasignación de bonos con el objetivo de forzar una reestructuración.

En el equipo económico aseguraron que esta será la última oferta. Dicen que el país no puede estirarse más que esto. No por un tema ideológico sino por un tema económico: se perdería capacidad para garantizar el repago de los nuevos bonos.

Las claves de la propuesta pueden resumirse en los puntos que siguen:

1) El valor de recupero es del 53,5 por ciento (promedio ponderado).

2) La quita de capital es del 1,9 por ciento (promedio ponderado).

3) El pago de intereses empieza en el 2021 con una tasa baja del 0,125 por ciento anual.

4) Se adelanta el vencimiento de algunos bonos y se reconocen los intereses devengados.

5) Se incorpora una cláusula de participación mínima.

Primeros respaldos

La enmienda enviada por el equipo económico a Estados Unidos para terminar de cerrar la reestructuración de la deuda fue bien recibida entre los inversores. Los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory fueron los primeros en respaldar la propuesta.

Este grupo de bonistas había tenido en las últimas semanas buen diálogo con los negociadores del Gobierno y de había mostrado dispuesto a aceptar la oferta oficial. Difundieron este lunes un comunicado adelantado su ingreso al canje.

Existen otros 30 fondos y empresas de inversión nucleados en el comité de acreedores ACC que también podrían dar su aceptación a la propuesta en las próximas semanas. El Gobierno incorporó en su última oferta parte de los pedidos de estos inversores.

Disputa con fondos duros

El principal interrogante en las próximas semanas se concentrará en las decisiones de los bonistas agrupados en los fondos Ad Hoc y Exchange.

Estos inversores están liderados por el gestor de inversiones más grande del mundo llamado BlackRock y que en las últimas semanas mostró gestos poco amigable para avanzar en un acuerdo de reestructuración.

Las diferencias monetarias entre lo que pedían estos acreedores y lo que ofreció en su oferta final el Gobierno son prácticamente nulas. Los analistas consideran que ir a juicio por uno o dos dólares de valor de recupero de diferencia sería ridículo.

El principal punto de disputa se encuentra vinculado con los contratos. Los acreedores liderados por BlackRock no quieren cláusulas del tipo single limb. Son detalles contractuales que consideran un problema en términos de poder de negociación para futuros canjes.

Participación mínima

El Gobierno tomó nota de este problema para cerrar el acuerdo e incorporó una innovación en los contratos que colabora para cerrar las diferencias con los bonistas.

La cláusula de participación mínima implica que en el futuro no podrán aplicarse estrategias de tipo Pacman si en el promedio de todos los títulos no existe un mínimo de aceptación. Esto mejora el poder de negociación de los bonistas sin ceder derechos legales.

En el equipo económico no dieron el brazo a torcer con los pedidos de los inversores más agresivos respecto de volver a las cláusulas de acción colectiva negociadas en 2005 para todos los nuevos bonos del canje.

La intención del Palacio de Hacienda es respetar el estándar de los contratos impulsado por el Fondo Monetario Internacional y por la asociación de mercado de capitales. Consideran que firmar otra cosa sería un retroceso para las reestructuraciones soberanas.

Las cláusulas de acción colectiva fueron impulsadas a partir de 2014 justamente para evitar problemas como el que atravesó la Argentina con los fondos buitre. Esos bonistas logaron llevar al país a un juicio millonario siendo una minoría.

Escenarios posibles

La oferta es la última que recibirán los acreedores. Para que la reestructuración sea exitosa deberá alcanzarse un umbral de participación del 75 por ciento en los bonos del 2005 y del 66 por ciento en los títulos emitidos a partir de 2016.

En el mercado especulan que la llave para cerrar exitosamente la oferta del canje la tienen los inversores liderados por BlackRock. Se especula que poseen cerca de la tercera parte de los 66 mil millones de dólares que la Argentina están reestructurando.

En el caso que no se alcance este umbral de participación se avanzará de todas formas con los bonistas extranjeros que aceptaron la propuesta y se continuará también con el canje de bonistas locales. En los próximos días se enviará la propuesta para los títulos Ley local.