En el aniversario de la Masacre de Palomitas 

Denuncian resabios de la dictadura en Salta 

Organismos de DDHH enumeraron esos rastros: la designación de un militar negacionista, el DNU 255, el gatillo fácil, los abusos y torturas de la Policía, los allanamientos de domicilios sin orden judicial.
El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas 
El acto simbólico, rápido, en el mural de Palomitas  

Que el gobernador Gustavo Sáenz haya nombrado como ministro de Seguridad a Juan Manuel Pulleiro, "un militar negacionista"; el DNU 255/20 (convertido en ley) que "otorga facultades excepcionales a la policía, el gatillo fácil, los abusos y torturas en dependencias policiales y en los traslados de detenidos, los allanamientos de domicilios sin orden judicial, son resabios de la dictadura", sostuvieron los organismos reunidos en la Mesa de Derechos Humanos de Salta en el acto virtual realizado ayer para recordar a las víctimas de la Masacre de Palomitas, de la que se cumplieron 44 años. 

En el mismo sentido, "la represión a comunidades originarias, a las movilizaciones populares y trabajadoras en reclamo de derechos, a los asentados en búsqueda de tierra y techo, a migrantes y trabajadores informales, configuran una situación de clara violación a los Derechos Humanos, a las normas constitucionales y a los tratados internacionales al que como país hemos suscriptos", se asegura en el documento leído en una reunión por la plataforma Zoom que tuvo el ingrediente de que un par de negacionistas se metieron solo para insultar y amenazar a las referentes históricas de lucha para que se investiguen los crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal. Otra acción para recordar a las víctimas fue la difusión de este video. 

En el documento se llama la atención sobre la violencia institucional, que "ha recrudecido en todo el país, especialmente hacia los sectores más vulnerables" y, particularmente en Salta, "a partir de la asunción del gobernador Saénz se han profundizado los problemas económicos y sociales y se ha consolidado una política represiva de violencia institucional y policial".

El documento repasa la actualidad, signada por la pandemia de la Covid-19, que "presagia terribles consecuencias económicas y sociales que afectarán fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores más vulnerables". Destaca las "correctas medidas impulsadas por el gobierno nacional para tratar de minimizar el impacto" de la enfermedad, pero advierte que "la situación económica y social es grave y preocupante. Porque se produce como consecuencia de lo que significó la gestión de la administración de Mauricio Macri que impuso al pueblo argentino un ajuste brutal con entrega al FMI y al capital financiero fundamentalmente". 

Y recuerda que el gobierno de Cambiemos "desconoció la lucha del pueblo argentino por Memoria, Verdad y Justicia y atacó sistemáticamente la vigencia de los Derechos Humanos, a las organizaciones y a sus referentes. Demoró los juicios de lesa humanidad, concedió prisiones domiciliarias a los genocidas". 

Además, la Mesa denunció que "con el apoyo de una Justicia cómplice" la gestión de Cambiemos "inventó causas, y aplicó la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex-funcionarios y con periodistas como parte de operaciones de inteligencia que no tienen nada que ver con el periodismo ni con la libertad de prensa, persiguiendo a opositores políticos, gremiales y sociales, muchos de los cuales aún permanecen encarcelados" y aplicó una política de seguridad "basada en el odio y la mano dura".

Y tras recordar que el presidente Alberto Fernández afirmó en su primer discurso, que “la defensa de los Derechos Humanos es la columna vertebral de la República Argentina y que sin memoria, verdad y justicia el país no puede ponerse realmente de pie”, los organismos que firmaron el documento aseguran que seguirán "exigiendo políticas que fortalezcan la memoria y afirmando nuestra lucha para que el Estado garantice los derechos humanos del pueblo".

Ejercicio de memoria

El documento relata también la Masacre de Palomitas y el proceso de reclamo de justicia. El 6 de julio de 1976 más o menos a las 20.30, el militar Hugo César Espeche "retiró del pabellón de mujeres a Celia Leonard de Avila que tenía una beba, Marcela, de cuatro meses y medio, y le estaba dando de amamantar. Después nombran a Evangelina Botta de Nicolay y las esposan juntas, luego, llaman a Georgina Dros, quien se saca los lentes de contacto y se pone sus lentes comunes. Entonces suena el nombre de Amaru Luque de Usinger y por último el de María del Carmen Alonso de Fernández (sobrina del ex gobernador Ragone). Mientras tanto, en el pabellón de varones sacan a Benjamín Ávila, Pablo Outes, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, José Póvolo y Rodolfo Usinger". Los once fueron asesinados en el paraje Palomitas a unos 60 kilómetros de la ciudad de Salta. 

La Masacre "fue una operación conjunta donde participaron fuerzas dirigidas por los militares que fueron los ejecutores directos de la muerte de esos patriotas. También, participaron Policía Federal, Policía provincial, guardia cárceles y Tránsito".

Entre otras irregularidades luego de la matanza, se recordó que cuando la hermana de Celia Leonard, Carmen Leonard de Alarcón, fue al Ejército a pedir el certificado de defunción de su hermana y de su cuñado Benjamín, le dieron un certificado con el nombre de su otra hermana, Nora, que seguía detenida en el penal de Villa Las Rosas. Además, los cuerpos fueron entregados en cajones cerrados y se prohibió cualquier publicación informando de los ritos fúnebres. 

Los certificados de defunción de los cuerpos de Celia Leonard y Benjamín Ávila llevan la firma de un médico Manuel Quintin Orué, que se comprobó que no existe. Georgina Dros y Evangelina Botta continúan desaparecidas.

Ni bien se recuperó la democracia, comenzó el pedido de justicia en los tribunales federales de Salta, donde seguía el juez Ricardo Lona. "Esta causa fue seleccionada para el Juicio a las Juntas Militares por la cantidad de pruebas que había". Luego vinieron las leyes de punto final y obediencia debida y, ya con el gobierno de Carlos Menem, el indulto a los genocidas. "Todas estas medidas significaron un enorme retroceso a nuestros anhelos de justicia", señaló la Mesa.

En Salta se inició el Juicio de la Verdad en 2000. Las militantes de familiares de desaparecidos Lucrecia Barquet, Coca Pierini de Gallardo, Sara Ricardone, Mirtha Torres, Nora Leonard y Blanca Lescano "averiguaron los domicilios de los responsables del terrorismo de Estado y el juzgado Federal los citó a declarar. Estas declaraciones aportaron la información para que la Cámara Federal de Salta, reabriera la causa “Palomitas” el 14 de marzo de 2002". 

La causa se dividió en tres partes: Palomitas I, II y III. En diciembre de 2010 la Cámara ratificó la condena a los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, a reclusión perpetua. En Palomitas II fueron condenados a reclusión perpetua el militar Luciano Benjamín Menéndez y el policía Joaquín Guil, mientras que guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena a 20 años de prisión. En relación a estos hechos el ex juez Lona está acusado como partícipe de los homicidios

El otro acto 

La Mesa de DDHH desistió de realizar un acto presencial, para evitar riesgos de contagio. En cambio, la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas realizaron una marcha desde el monolito en el Parque San Martín a la plaza Héroes de Palomitas bajo la consigna "a 44 años de la Masacre de Palomitas, arde la memoria". 

Con la referencia de la ex detenida política política Mirta Torres, que estaba en el penal de Villa Las Rosas cuando sacaron a los detenidos que mataron luego, los manifestantes se  pronunciaron en rechazo de la violencia de género y de los abusos policiales. Exigieron acceso a la justicia; que se cumpla la ley de educación sexual integral, "que los recursos usados en subsidios a las iglesias y a las grandes empresas sean usados a la emergencia social".

Y denunciaron también "la vigencia del genocidio del Pueblo Wichí". Exigieron justicia por cada uno de las personas muertas en hechos de gatillo fácil, denunciaron "el encubrimiento del Estado", y repudiaron las medidas"del gobierno provincial y nacional" que amplían la posibilidad represiva de las policías.

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