Este martes distintos sectores sociales que vienen reclamando derechos durante la pandemia marcharon y realizaron un corte en Avenida San Martín. La convocatoria fue hecha por los  obreros despedidos de la empresa EDVSA (Electrificadora del Valle) en el proyecto de Mina Lindero. Se sumaron vendedores ambulantes que piden un lugar para trabajar; remiseros que luchan por licencias y por la libertad de 7 compañeros que permanecen con prisión domiciliaria luego de haber sido reprimidos cuando protestaban frente a la Legislatura;  también familias desalojadas en Ampliación Barrio Justicia que reclaman un lugar donde vivir. 

El delegado de despedidos de EDVSA en el proyecto Lindero, Ramiro Frías, dijo a Salta/12 que ya llevan 30 días de protesta sin respuestas y 100 días desde que los despidieron. Siguen pidiendo que la minera Mansfield los reabsorba y les restituya el puesto de trabajo. 

Entre 25 y 30 obreros, algunos que se trasladaron desde el interior de la provincia como Frías que es de Orán, llevan un mes apostados frente a las oficinas de Mansfield. Pese a que permanecen a la intemperie con las bajas temperaturas y el riesgo que implica la pandemia de Covid-19 no hubo avances en las audiencias de conciliación en la Secretaría de Trabajo y tampoco han conseguido que el gobierno provincial vea por su situación. Los despedidos son más de 250.

Frías explicó que el 30 de junio consiguieron una audiencia de conciliación por intervención del secretario del Sindicato de Camioneros, Jorge Guaymás. Uno de los reclamos de los trabajadores es que se venían haciendo audiencias sin su participación a las que iba el gremio UOCRA que no los apoya en el pedido de reincorporación y por el que no se sienten representados. De la conciliación participaron el gerente de la contratista EDVSA, Pablo Martin Baldovin, con el abogado de la empresa Mansfield, también se sumó mediante videoconferencia desde Córdoba la abogada de los trabajadores, María Duffey Laxague, pero no hubo avances. "Guaymás en la Secretaría pidió que se solucione este conflicto o advirtió que se va a nacionalizar. Nosotros le estamos pidiendo a él que llame a un paro general", sostuvo Frías. 

"No hubo ninguna propuesta de las empresas. Dicen que la liquidación está bien pagada. Estábamos trabajando con convenio UOCRA de Neuquén estando en Salta. Ese convenio prevé que se trabaja 8 horas de lunes a viernes. Nosotros trabajábamos sábados y domingos pero eso no se nos pagó", sostuvo Frías. El obrero planteó que él aún no pudo cobrar el fondo de desempleo como otros trabajadores y están sin ingresos. 

"Mañana hay otra conciliación entre Mansfield, EDVSA, UOCRA y un grupo de trabajadores despedidos que con otros abogados reclaman solo lo que les deben porque están mal liquidados y no la reincorporación. Nos deben las horas al 100 por ciento, los francos, el fondo de desempleo, y la liquidación", planteó Frías.

El obrero manifestó que el gobernador Gustavo Sáenz y el secretario de trabajo, Alfredo Batule, "no hacen respetar el decreto presidencial que prohíbe los despidos de trabajadores en plena cuarentena. Si hicieran respetar eso ya estaríamos trabajando de nuevo", afirmó. Frías dijo que organizarán otra movilización la semana próxima, quieren ir a Casa de Gobierno.

"Seguimos a la intemperie, la policía no nos dejó poner una carpa ni un brasero. Estamos necesitando mercadería y plata. Distintas agrupaciones se están turnando para ayudarnos con la comida a la noche", sostuvo Frías.

La esposa de Frías estaba embarazada cuando lo despidieron, se quedó sin obra social y sin ingresos. La hija nació prematura el 30 de junio en Orán y él aún no la conoce porque se encuentra reclamando el puesto laboral. "La radio de Orán Cadena Noa está colectando ropa y pañales. Hace más de 100 días que estoy sin trabajo y sin ninguna clase de ingreso. Mi esposa sigue internada, le habían realizado una cesárea pero empezó con escalofríos y fiebre, le hicieron estudios pero aún no sabemos los resultados. En ese hospital hay casos de Covid-19", sostuvo Frías.  El obrero tiene además con su pareja dos hijos de 17 y 11 años y dos hijas de 15 y 4 años.  

"Podemos ser absorbidos por Mansfield para realizar el mantenimiento  pero no quieren dar brazo a torcer. No les gusta que luchemos por nuestros derechos",  aseveró Frías. 

La secretaria adjunta de la comisión del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), Rosa Girón, dijo que vienen solicitando al gobierno municipal y al provincial una respuesta a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. "No somos escuchados y por eso salimos a la calle. Nuestro pedido es por un espacio para trabajar en la mañana y en la tarde. No podemos trabajar como manteros en la noche ya que están valladas las peatonales. Sin embargo no vallan los ingresos de la provincia para evitar el contagio comunitario por Covid-19. No vallan el hambre, la precariedad y la falta de salud en los barrios", sostuvo. 

Girón explicó que han propuesto a la municipalidad que les dejen trabajar en la plaza Francia y en una parte del parque San Martín "para que se descongestionen los lugares donde están ubicados los bancos porque la gente se está agolpando a vender en los lugares de cobro". 

"La policía nos corre, ha cometido atropellos, abusos policiales, han maltratado a nuestras manteras. Exigimos al Estado que revea esta situación", añadió Girón.

También se manifestaron familias de la toma de Ampliación Barrio Justicia que ya fueron desalojadas en mayo pero 15 siguen sosteniendo el reclamo por un terreno y realizan ollas populares al costado del predio en el que la policía no les permite volver a ingresar. 

Graciela Torres tiene 28 años, cría sola a dos hijos de 14 y 11 años y a una bebé. Ella trabajaba como vendedora ambulante, contó que en la pandemia se complicó la posibilidad de salir a vender. Dijo que fue desalojada de un alquiler, por eso fue a la toma de la ampliación de barrio Justicia y que después de ese segundo desalojo se encuentra viviendo en la calle, en la bajada del barrio San Francisco Solano, al costado de un canal. "Nadie fue a ver mi necesidad", sostuvo.

"Habíamos tomado un pedacito del predio porque estamos en la calle. Seguimos realizando ollas populares. Estamos pasando frío, hambre, no tenemos un lugar donde estar con nuestros hijos. No queremos que nos regalen, queremos pagar cuotas accesibles. Todos tenemos carpetas en el Instituto Provincial de la Vivienda con número de expediente. Queremos que alguien del gobierno vaya", manifestó.

Torres dijo que entre las 15 familias que siguen apostándose con las ollas populares cerca del predio que habían tomado, hay muchas mujeres, madres que crían solas a sus hijos e hijas y víctimas de violencia de género que escaparon de hogares compartidos con violentos durante la cuarentena, despedidas, y también trabajadoras y trabajadores informales que han visto cortada su fuente de ingresos durante la cuarentena. "Ya van dos meses y nadie del gobierno fue a dar la cara", sostuvo.