Un decreto del gobierno nacional ha restablecido la vigencia del decreto 727 del año 2006, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional. Había sido prometido por el Ministerio de Defensa y se ha cumplido, finalmente. Es eficaz y es justo. Es justo porque el Frente de Todos ganó los comicios presidenciales y, por lo tanto, la ciudadanía aprobó sus propuestas, entre las que estaba la política de Defensa del kirchnerismo. Es eficaz porque coloca a las fuerzas armadas en su justo rol: defender a la Nación y a su pueblo de ataques de ejércitos de naciones extranjeras, defendiendo la separación entre defensa y seguridad que fue, y sigue siendo, una de las bases de la democracia argentina actual.
Nada más inadecuado que cuestionar por “antigua” una sabia disposición que coloca a las instituciones militares en el papel que nunca debieron haber abandonado. El rol complementario de apoyar a la población en situaciones de catástrofe está siendo cumplido en las actuales circunstancias de la pandemia del coronavirus de manera ejemplar. Por cierto, la ley de Seguridad Interior prevé, desde hace largos años, la capacidad de las fuerzas armadas, con autorización del Congreso Nacional, para intervenir en situaciones de seguridad púbica que lo ameriten. Así que a quedarse tranquilos.
Los críticos de esta medida, que se arrepienten de aquello en lo que fueron protagonistas allá en los años ´80 al dictarse la presente Ley de Defensa, con el apoyo casi unánime de los diputados y senadores, un verdadero consenso, son también los enemigos de aquello que se construyó hasta 2015 en la Argentina y América Latina: la UNASUR y la política alianza, armonía e independencia entre las naciones de la región.
Si el Senado aprueba en el plazo más rápido posible la ley del Fondo de la Defensa para contribuir al reequipamiento de las fuerzas armadas, se habrán plantado dos instrumentos, uno jurídico-doctrinario y otro económico. Esa es la modernidad y la buena orientación que se van logrando en Defensa.
